Mula se planta ante el biogás: veto municipal a nuevas plantas sin regulación

El Ayuntamiento de Mula ha dado un paso firme en el debate sobre la implantación de plantas de biogás en su término municipal. Tras meses de inquietud social y análisis técnico, los grupos políticos han alcanzado un acuerdo inédito que busca poner freno a estos proyectos hasta que exista un marco normativo claro que garantice la protección ambiental y la salud pública.

Durante la tarde del miércoles, el Consejo Municipal Asesor de la Bioenergía sirvió de escenario para sellar este consenso político. Todas las formaciones con representación municipal acordaron impulsar una moción conjunta que será elevada al próximo pleno y que establece un compromiso explícito: el Ayuntamiento no concederá el interés público a ningún proyecto de planta de biogás mientras no exista una regulación urbanística específica, "clara y transparente", que evite riesgos para el entorno y la ciudadanía.

Durante el encuentro, el Consistorio trasladó esta decisión a los colectivos implicados, que respondieron con respaldo mayoritario. Entre los asistentes se encontraban representantes de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), ganaderos de la comarca del Río Mula, la Plataforma Stop Biogás Mula, la Junta Vecinal de El Niño, Ecologistas en Acción, así como técnicos y representantes políticos.

La moción conjunta parte de un diagnóstico compartido: el auge de proyectos de biogás en la Región de Murcia ha derivado en una "burbuja descontrolada" que avanza sin una planificación territorial ni un marco urbanístico específico. Según el texto, esta situación está generando "incertidumbre e inseguridad" entre la población, además de propiciar la aparición de plataformas ciudadanas de protesta.

Aunque el documento reconoce que el biometano puede ser una fuente renovable útil para la gestión de residuos como los purines, advierte también de sus posibles efectos adversos. Entre ellos, se citan la contaminación de suelos por digestatos, los malos olores, el consumo intensivo de agua y energía, el ruido o incluso riesgos de incendio y explosiones.

En este contexto, el Ayuntamiento recuerda que su papel resulta clave en la tramitación de estos proyectos. Para que una planta pueda instalarse en suelo no urbanizable, es imprescindible que el consistorio declare el interés público de la actuación. Sin ese paso, las iniciativas no pueden avanzar, lo que convierte la postura municipal en un elemento determinante.

Dos proyectos en marcha en el municipio

Actualmente, dos proyectos concretos centran la atención en Mula. Uno de ellos, promovido por BIO SEIQUER, se encuentra pendiente de evaluación ambiental tras haber recibido alegaciones de colectivos, vecinos y del propio Ayuntamiento. El segundo, presentado recientemente por MOEQUIA, está en fase inicial de tramitación. Ambos se ubican en el mismo entorno del polígono 205, señala la moción.

El acuerdo político no surge de forma aislada. En enero de 2025, el pleno municipal ya había instado al Gobierno regional a desarrollar una normativa específica para estas instalaciones, con criterios claros de ubicación, medidas de minimización de impactos y mecanismos de control. Sin embargo, según recoge la moción, esa regulación aún no se ha materializado.

Paralelamente, el Consistorio impulsó una mesa de trabajo dentro del Consejo Asesor de la Bioenergía, donde se analizaron tanto los aspectos técnicos como las preocupaciones sociales. Además, el alcalde remitió solicitudes formales a la Comunidad Autónoma y a la Federación de Municipios para avanzar en una regulación, sin obtener respuesta hasta la fecha.

Ante esta falta de avances, la moción plantea tres acuerdos clave: reclamar una reforma urgente de la legislación urbanística regional, iniciar estudios para adaptar el Plan General de Ordenación Urbana e introducir criterios como distancias mínimas a viviendas, y, sobre todo, fijar una posición política clara de rechazo a las macroplantas en las condiciones actuales.

"Se trata de salvaguardar el interés general, la calidad de vida de los vecinos y la protección del territorio", subraya el documento, que deja abierta la puerta a reconsiderar la postura en el futuro si existen garantías suficientes.