El Gobierno regional recurrirá el decreto de regularización de migrantes tras no ser escuchadas sus alegaciones

El Gobierno regional anunció este jueves que va a recurrir el decreto de regularización de inmigrantes aprobado por el Ejecutivo central después de que sus alegaciones no hayan sido escuchadas, según explicó el portavoz regional, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Se suma así a la ofensiva de las comunidades del PP como Madrid, Aragón, Valencia o Baleares frente al proceso extraordinario aprobado esta semana por el Consejo de Ministros y que arrancó este jueves vía online y a partir del próximo lunes de forma presencial.

"Es imprescindible que el Gobierno de España asuma la política migratoria como una cuestión de Estado y que escuche a todas las comunidades autónomas", pidió el portavoz, que denunció que el Gobierno "no está haciendo absolutamente nada" mientras que las comunidades autónomas "son el destino de la inmigración irregular que está permitiendo". Asimismo pidió que el Ejecutivo central "implique a la Unión Europea, actúe en los países de origen y luche contra las mafias".

Alegan que Sánchez "no está haciendo absolutamente nada" mientras que la autonomías "son el destino de la inmigración irregular"

Por otra parte, Ortuño destacó la situación que se está viviendo estos días en los servicios públicos a los que deben acudir los inmigrantes, como Correos o la Oficina de Extranjería. "Ya dijimos que se iba a producir una saturación de los recursos públicos y el Gobierno de España, como siempre, se quita de en medio y traslada la presión a otras administraciones públicas", concluyó.

El Supremo tumba la primera petición

El anuncio de la Comunidad se producía horas antes de que trascendiese que el Tribunal Supremo haya rechazado la primera petición de suspensión del decreto de regularización de inmigrantes por no existir "especial urgencia" y dan un plazo de diez días al Gobierno para contestar a la demanda, presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Históric

También el presidente de la patronal regional Croem, Miguel López Abad, aseguró este jueves que "falta información" y que el Gobierno de España debía escuchar al tejido empresarial para que el proceso extraordinario afecte lo menos posible al empleo y a los negocios.