Comienza la tramitación en la Asamblea Regional de la ley que impondrá multas de hasta 600.000 euros a los agresores a sanitarios

La Asamblea Regional aprobó este miércoles por unanimidad la toma en consideración de la Proposición de Ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios y personal del sistema público de salud.

En palabras de María del Carmen Ruiz Jódar, diputada del Partido Popular defensora de la iniciativa, esta legislación es "necesaria", "valiente" y "recoge las demandas del sector". La norma, de aprobarse, establecerá un régimen sancionador que permitirá actuar con rapidez frente a cualquier agresión, ya sea física o verbal, evitando situaciones de impunidad.

El texto contempla sanciones que van desde multas de hasta 3.000 euros para infracciones leves, hasta los 600.000 euros en los casos más graves, incluyendo además medidas accesorias como el cambio de médico o de centro sanitario para el agresor. Asimismo, permitirá actuar de forma más ágil que la vía penal y cubrir conductas que actualmente no están tipificadas como delito, como insultos o amenazas.

La norma cubrirá conductas que actualmente no están tipificadas como delito, como insultos o amenazas

Ruiz Jódar alertó de que en la Región de Murcia se registraron 673 agresiones a sanitarios en 2025, de las cuales un 8,5% fueron físicas y un 91,5% verbales, incluyendo amenazas, faltas de respeto o coacciones. "No estamos ante un problema menor ni aislado, sino ante una realidad que se repite cada día en hospitales, centros de salud y servicios de urgencias, y que no podemos tolerar", subrayó.

Asimismo, la diputada mostró la disposición del PP a mejorar el texto durante su tramitación, adelantando la incorporación de medidas como la posibilidad de que la Administración autonómica inicie de oficio los procedimientos sancionadores, evitando así una carga adicional para los profesionales agredidos.

"La demora excesiva en la asistencia es el principal catalizador de la hostilidad"

Marisol Sánchez

— Viceportavoz PSOE

La diputada del Grupo Socialista, Marisol Sánchez Jódar, expuso que la mayoría de las agresiones "no son hechos aislados, sino fruto de un sistema tensionado", por lo que "una ley de sanciones que no aborde el clima de crispación, corre el riesgo de ser meramente reactiva". Por ello, dijo que es "imperativo" actuar sobre listas y tiempos de espera, ya que "la demora excesiva en la asistencia es el principal catalizador de la hostilidad". "La falta de ratios adecuadas impide dedicar el tiempo necesario a la información y cuidado del paciente, lo que puede generar una percepción de desatención", añadió.

Por parte de Vox, María Eugenia Sánchez advirtió que la proposición de Ley del PP presenta "carencias y una redacción confusa o inconcreta", al tener una "redacción débil que requiere mejoras sustanciales para garantizar la seguridad jurídica". Por ello, anunció que Vox propondrá las "modificaciones oportunas" durante la tramitación parlamentaria.

Aunque Podemos-IU votó a favor de la toma en consideración, la portavoz morada, María Marín, dijo que imponer sanciones administrativas a agresores "no va a resolver el problema, como tampoco lo ha resuelto la contratación de guardias de seguridad o la instalación de cámaras". La diputada evidenció que la comunidad murciana registró el sexto dato más alto de agresiones en 2025. El diputado de IU, José Luis Álvarez-Castellanos, preguntó desde tribuna al resto de parlamentarios si "no creen que esto tiene que ver precisamente con las condiciones laborales de los trabajadores".

Colapso sanitario

La sesión plenaria también dio luz verde a una moción de la diputada de Vox María José Ruiz que insta al Gobierno de la nación a adoptar medidas urgentes para evitar el "colapso sanitario", que vinculó a la inmigración irregular. La iniciativa salió adelante con los votos a favor de Vox y PP.

Ruiz atribuyó directamente el deterioro sanitario a la "irresponsabilidad" del bipartidismo y al reciente Real Decreto del Gobierno central que, según denunció, fomenta el "turismo sanitario".

Desde el PP, el portavoz del grupo, Joaquín Segado centró su discurso en la "falta de financiación y planificación" del Gobierno de Pedro Sánchez y criticó que el Ejecutivo apruebe decretos sin dotar de recursos a las comunidades, que son quienes "pagan la cuenta" de la presión asistencial.

La diputada del PSOE Marisol Sánchez calificó la moción de "yerma y podrida" y acusó a Vox de intentar "enfrentar a los últimos con los penúltimos".

Por su parte, María Marín tildó de "mentirosos" a los miembros de Vox y desvinculó las listas de espera de la inmigración comparando el País Vasco (14% de extranjeros y 65 días de espera) con Extremadura (4% de extranjeros y 134 días de espera), señalando que el problema reside en la falta de inversión y el "despilfarro" de las comunidades gestionadas por el PP.