El Gobierno destina cerca de 6,5 millones de euros a la Región de Murcia para luchar contra la violencia de género

El Gobierno central, a través del Ministerio de Igualdad, ha destinado 6.417.722,22 millones de euros a la Región de Murcia para la lucha contra la violencia de género. Así lo han acordado este miércoles el Ministerio de Igualdad, las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en la Conferencia Sectorial de Igualdad, que ha asignado un total de 179,8 millones de euros. El Gobierno ha recordado que este dinero debe invertirse en el ámbito de las competencias de los distintos territorios del país en 2026.

Su objetivo es "conseguir la articulación de una respuesta integral, eficaz y coordinada de todas las instituciones con competencias en materia de prevención y lucha contra esta violencia".

Así lo hizo saber la Ana Redondo, la ministra, a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter): "Estamos ante una Conferencia Sectorial importante porque vamos a repartir casi 180 millones de euros para la lucha contra las violencias machistas".

Los 6,5 millones de euros que recibirá la Región de Murcia están destinados a dos áreas. Por una parte, más de 5,5 millones estarán dirigidos al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

A través de este fondo, "el Gobierno garantiza su compromiso económico para asegurar la estabilidad y la permanencia de las políticas públicas y de los servicios que se derivan del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, consolidando el trabajo frente a la violencia contra las mujeres en el conjunto del Estado", han apuntado desde la delegación del Gobierno.

Finalmente, los cerca de 900.000 euros restantes con los que contará la Región de Murcia se invertirán en distintos programas y planes autonómicos dirigidos a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales.

En total, el Estado asignará 19,8 millones para distintos programas y planes autonómicos vinculados a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales. En concreto, esta cuantía, recogida en el presupuesto de gastos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, financiará el desarrollo de cuatro programas a lo largo de 2026.

Se trata de programas para hacer efectivo el derecho a la asistencia social integral para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas menores de edad, programas para la implementación de la propuesta común de mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de género y programas para el apoyo a víctimas de agresiones sexuales y de prevención de explotación sexual a menores tuteladas.

Pulseras antimaltrato

Por su parte, tras la reunión, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha pedido al Ministerio de Igualdad que aclare "cómo evitarán que los dispositivos antimaltrato queden fuera de servicio después del 6 de mayo", fecha en la que, según explica, expira el contrato.

La consejera afirmó que "es imprescindible conocer cuántas víctimas pudieron quedar desprotegidas y qué medidas se han adoptado para impedir que vuelvan a producirse situaciones similares". Se refiere a los fallos que sufrieron estos dispositivos durante el final del año pasado y que desataron un terremoto político en España.

En la Región de Murcia hubo un total de 35 mujeres afectadas. Explican que experimentaron fallos en la geolocalización al respecto de los avisos —el dispositivo no avisa con tiempo o hacía sonar la alarma sin motivo—.

Asimismo, Ruiz acusó al Gobierno de "no haber aclarado si se han corregido las deficiencias que provocaron fallos recientes en los dispositivos telemáticos". Estos fallos, según expuso, "han llegado a comprometer la seguridad de mujeres protegidas por el sistema".

En referencia al contrato, que concluye el 6 de mayo —como ha señalado la titular de Política Social, Familias e Igualdad—, exige "garantías firmes para asegurar la protección de las víctimas de violencia de género durante el proceso de transición entre el contrato actual de las pulseras y la nueva adjudicación". En resumen, pide más transparencia sobre el estado de la licitación del nuevo contrato, así como de los mecanismos para garantizar la migración de recursos técnicos y humanos del sistema Cometa, el responsable del seguimiento telemático.

Por otro lado, mostró su descontento con respecto a la obligación, por parte del Ministerio, de que las autonomías asuman el 25 por ciento de la financiación del Plan Corresponsables. Esto, según indica el Ejecutivo regional, supone alrededor de 1,7 millones de euros.