Sierra Espuña en los tribunales: denuncian prevaricación por modificar los límites del parque

La polémica en torno a la modificación de los límites del Parque Regional de Sierra Espuña suma ahora un nuevo capítulo en el terreno judicial. Tras semanas de debate político, advertencias jurídicas y un intenso ruido social, Ecologistas en Acción ha dado un paso más y ha llevado el caso ante la Fiscalía, señalando una posible prevaricación en la tramitación urgente de la ley que modifica los límites del espacio protegido.

La organización Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad Autónoma para que investigue la posible comisión de un delito de prevaricación por parte de los portavoces parlamentarios que, el pasado 18 de febrero, votaron a favor de tramitar de urgencia la modificación de los límites del Parque Regional de Sierra Espuña.

Según el colectivo ecologista, la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional aprobó la tramitación de urgencia pese a contar con un informe desfavorable de los Servicios Jurídicos de la Cámara, que advertía expresamente de que la propuesta vulneraba la legislación vigente. A juicio de la organización, ese hecho encaja con la definición de prevaricación, que se produce "cuando un cargo público dicta una resolución arbitraria o injusta, a sabiendas de que es contraria a la ley".

"Los diputados dictaron una resolución a sabiendas de que es contraria a la ley", denuncian los ecologistas

El núcleo de la controversia gira en torno a la proposición de ley de modificación de la Ley 6/1995, impulsada por los grupos parlamentarios Popular y Vox, que modifica los límites del Parque Regional de Sierra Espuña. El informe jurídico previo ya alertaba de que la reducción de los límites de un espacio natural protegido sin una justificación científica vulnera la normativa estatal y el principio de no regresión ambiental, consolidado tanto en la jurisprudencia del Tribunal Supremo como en la del Tribunal Constitucional.

Ecologistas en Acción recuerda que la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece que cualquier modificación de los límites de un espacio protegido debe estar respaldada por cambios derivados de la evolución natural del entorno y acreditados científicamente. Algo que, según la organización, no se ha producido en este caso.

En la denuncia figuran los portavoces parlamentarios del Grupo Popular —Joaquín Segado, Víctor Martínez-Carrasco y María Luisa Casajús— y del Grupo Vox —Rubén Martínez Alpañez, María José Ruiz y Alberto Garre—, por su voto favorable a la tramitación de urgencia de una ley que, según los denunciantes, contradice la legislación estatal.

Para el colectivo ecologista, esta modificación no es un hecho aislado, sino un precedente que podría utilizarse en el futuro para intentar desproteger otros espacios naturales protegidos en la Región de Murcia, especialmente en aquellos donde existen conflictos por intereses urbanísticos o económicos. Además, recuerdan, en ese sentido, precedentes como la Disposición Adicional Octava de la Ley del Suelo de 2001, que afectaba a espacios como Marina de Cope o El Valle y Carrascoy, y que fue finalmente anulada por el Tribunal Constitucional.

La organización también cuestiona el relato que ha acompañado a la reforma legal. En su justificación oficial, la norma alude a la protección de la romería de La Santa, aunque Ecologistas en Acción considera que se trata de un argumento forzado, ya que la Junta Rectora del Parque siempre ha mantenido que este evento religioso no estaba en riesgo. Además, critican que no se mencione de forma explícita otro de los elementos que ha estado en el centro del debate público: las restricciones ambientales que afectan a la celebración de un rally en la zona.

A su juicio, esta omisión ha contribuido a generar expectativas poco realistas entre parte de la población. "Esta decisión ha sorprendido a mucha gente, tanto de la Región de Murcia como de otras partes del territorio nacional, que nos han transmitido su preocupación por la amenaza que supone para un lugar tan emblemático", afirma el portavoz de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo.

"Es un atentado contra uno de los espacios naturales más queridos dentro y fuera de la Región"

Luengo advierte además de que la organización está dispuesta a emprender todas las acciones necesarias para frenar lo que considera "un atentado contra uno de los espacios naturales protegidos más reconocidos y queridos dentro y fuera de la Región". En este sentido, el colectivo exige la anulación inmediata de la Ley 1/2026, de 2 de marzo, de modificación de la Ley 6/1995, que altera los límites del Parque Regional de Sierra Espuña.

La denuncia llega en un contexto institucional delicado. Tal y como avanzó este medio, tras la aprobación de la ley ya se ha activado el procedimiento previsto cuando una norma autonómica entra en conflicto con la legislación básica estatal. Ese proceso incluye la convocatoria de una comisión bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma para intentar alcanzar una solución pactada. Si no se logra un acuerdo, el siguiente paso sería el recurso ante el Tribunal Constitucional, lo que implicaría la suspensión automática de la norma.

Mientras tanto, el debate político y social continúa abierto. Lo que comenzó como una reforma presentada como solución para compatibilizar tradiciones locales y protección ambiental se ha convertido en un frente jurídico y político con recorrido incierto y con un impacto directo sobre el futuro de uno de los espacios naturales más emblemáticos de la Región de Murcia.