Una sentencia del Supremo abre la puerta a devoluciones millonarias de IVA para los regantes murcianos

En un momento clave para el futuro del regadío y la sostenibilidad económica del campo, una reciente resolución judicial ha abierto una puerta inesperada —y millonaria— para las comunidades de regantes de la Región de Murcia y de toda España. Lo que hasta ahora era un gasto asumido sin retorno podría convertirse en una importante vía de recuperación económica para un sector especialmente castigado por el aumento de costes.

La sentencia del Tribunal Supremo que modifica el criterio fiscal sobre el IVA en las comunidades de regantes ya empieza a tener efectos concretos. La Comunidad de Regantes de Lasesa, en Sariñena (Aragón), ha decidido dar el paso y reclamar a la Agencia Tributaria cerca de 975.000 euros correspondientes al impuesto abonado en obras de modernización ejecutadas durante la última década.

El cambio de interpretación es sustancial. Según establece el Alto Tribunal, la actividad de estas entidades —tradicionalmente consideradas fuera del ámbito del IVA— debe entenderse como un servicio de distribución de agua sujeto a este impuesto. Este matiz jurídico permite, por primera vez, que puedan deducirse tanto el IVA de sus inversiones como el de sus gastos corrientes.

A partir de esta base, Lasesa formuló el pasado mes de noviembre una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos, que ha sido resuelta recientemente en sentido favorable. El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda reconoce su derecho a deducirse el IVA tanto de las obras hidráulicas ejecutadas como de los costes habituales derivados de la gestión del agua.

Lasesa, la primera comunidad de regantes en pedir a Hacienda un millón de euros de IVA

La Junta de Gobierno de esta comunidad ha acordado reclamar el IVA de las principales actuaciones realizadas en los últimos diez años, entre ellas la construcción de 11 kilómetros de conducciones que conectan la presa de Lasesa con distintos sectores de riego, una inversión que alcanzó los 7,4 millones de euros. Como en cualquier obra, estas actuaciones incluyeron el pago del impuesto, que ahora podrá recuperarse parcialmente de forma retroactiva.

Además, la nueva doctrina permitirá a las comunidades deducirse periódicamente el IVA de gastos como el consumo energético del bombeo o el mantenimiento de infraestructuras. En el caso de Lasesa, esta recuperación se estima en torno a 165.000 euros anuales, aunque con una contrapartida: deberán repercutir el impuesto a los agricultores al tipo reducido del 10%.

Desde esta comunidad de regantes explican que el cambio responde a una reinterpretación clara de la naturaleza de estas entidades y se preguntan por qué otras comunidades que han realizado grandes inversiones no han iniciado todavía procesos similares.

El impacto potencial de esta sentencia va mucho más allá de un caso concreto. En regiones con fuerte peso agrícola como la Región de Murcia, donde las infraestructuras de regadío han sido objeto de importantes inversiones en los últimos años, la resolución podría traducirse en reclamaciones de gran volumen económico.

Desde esta Redacción se ha contactado con algunas de las principales comunidades de regantes murcianas, que por el momento prefieren mostrarse prudentes. Fuentes consultadas señalan que se encuentran analizando en profundidad el alcance de la sentencia, porque todavía genera muchas dudas, aunque ya avanzan que podría tener "grandes implicaciones" para su funcionamiento y su equilibrio financiero.

"El sector agrario necesita una fiscalidad adaptada a su realidad productivo", señala Asaja Murcia

En la misma línea se expresan las organizaciones agrarias. Tanto Asaja como COAG en la Región de Murcia están estudiando el contenido de la resolución y el caso de Lasesa para valorar posibles actuaciones.

El secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, considera que la sentencia podría tener un efecto directo en los agricultores integrados en comunidades de regantes. "Puede ser una buena noticia y va en la línea de lo que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo", afirma Gálvez, quien insiste en que el sector agrario necesita una fiscalidad adaptada a su realidad productiva. En su opinión, las infraestructuras de regadío deben tener el mismo tratamiento que cualquier otra actividad empresarial, permitiendo la deducción del IVA tanto en inversiones como en costes operativos.

El dirigente agrario también enmarca esta sentencia en un contexto más amplio de afán recaudatorio y dificultades económicas. En este sentido, recuerda que el sector afronta un incremento sostenido de costes y una fuerte competencia internacional, por lo que considera imprescindible reducir la carga tributaria y reforzar los incentivos.

Con todo, la decisión del Tribunal Supremo sienta jurisprudencia y abre un nuevo escenario para el regadío español. A partir de ahora, las comunidades deberán valorar si dan el paso de revisar su situación fiscal, asumir nuevas obligaciones y, a cambio, recuperar cantidades que en muchos casos alcanzan cifras millonarias.