La ley que recorta Sierra Espuña, abocada a caer: el recorrido jurídico enfría la esperanza en Totana

Durante semanas, el relato político y social en torno a la modificación de los límites del Parque Regional de Sierra Espuña ha ido calando: la nueva ley abría una puerta. A las romerías, sí; pero también —aunque no figurara explícitamente en la justificación legal— al regreso del rally de La Subida a La Santa. La expectativa prendió con fuerza entre vecinos y organizadores. Sin embargo, a medida que el proceso avanza, se impone una lectura mucho menos optimista: el desenlace jurídico parece prácticamente escrito.

La secuencia institucional que se ha activado tras la publicación de la ley responde a un mecanismo automático previsto en el ordenamiento. Cuando una norma autonómica entra en posible conflicto con la legislación básica estatal, el Estado inicia un procedimiento que arranca con la convocatoria de una comisión bilateral entre ambas administraciones. Ese foro tiene como objetivo evitar el choque competencial y explorar una salida pactada.

En este caso, el escenario que se maneja en los ámbitos institucionales pasa por que el Gobierno regional termine promoviendo una rectificación de la norma aprobada por la Asamblea, con los votos de PP y Vox, para restablecer la situación anterior. Según ha podido saber esta Redacción, la maquinaria administrativa ya está en marcha: informes en preparación, plazos en curso y una reunión que debería producirse en un margen relativamente breve, dentro de los tiempos que marca la ley desde su publicación oficial.

El trasfondo es claro: si no hay acuerdo en esa comisión bilateral, el siguiente paso sería el recurso ante el Tribunal Constitucional. En ese supuesto, el Consejo de Ministros estaría obligado a impugnar la ley, lo que conllevaría su suspensión cautelar inmediata. Es precisamente ese escenario el que se quiere evitar, no solo por sus efectos jurídicos —la norma dejaría de aplicarse de forma automática— sino también por el impacto político que supondría evidenciar su falta de viabilidad.

Una comisión bilateral se reunirá en breve para llegar a una solución pactada y restablecer la situación anterior

De hecho, esa debilidad jurídica no es una sorpresa. Ya antes de su aprobación, el informe de los Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional había advertido con claridad de los problemas de encaje legal de la iniciativa. El dictamen recordaba que la legislación básica estatal, en particular la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, solo permite modificar los límites de un espacio protegido cuando existan cambios derivados de su evolución natural y debidamente acreditados desde el punto de vista científico.

La propuesta, sin embargo, no aportaba justificación ambiental alguna. Su fundamento se centraba en garantizar actividades concretas, como las romerías y, por extensión, el rally. Esa ausencia de base técnica llevó a los juristas a concluir que la iniciativa no cumplía los requisitos exigidos y que podía vulnerar el principio de no regresión ambiental, consolidado tanto por el Tribunal Supremo como por el Constitucional.

A ello se suma otro elemento clave: incluso en el hipotético caso de que la modificación prosperara, los terrenos afectados seguirían formando parte de figuras de protección europeas como la Zona de Especial Conservación (ZEC) y la ZEPA de Sierra Espuña, lo que obligaría igualmente a someter cualquier actividad a evaluación ambiental. Es decir, la reforma no garantizaba por sí sola la viabilidad del rally.

Pese a todo, la ley salió adelante y fue presentada públicamente como una solución para compatibilizar la conservación del entorno con las tradiciones locales. Su propia exposición de motivos pone el acento en el arraigo histórico de las romerías de Santa Eulalia —documentadas desde el siglo XVII— y en la necesidad de preservar esas manifestaciones culturales. La modificación afecta a una superficie reducida —en torno al 0,3% del parque— y excluye del espacio protegido el entorno de La Santa y un tramo de la RM-502.

Aunque prosperara, la ley no garantizaba la celebración de la prueba por estar en zonas ZEC y ZEPA

Ese relato ha tenido un efecto evidente en Totana. Durante semanas, la aprobación de la norma ha alimentado la percepción de que el conflicto estaba encauzado. Colectivos vinculados al rally llegaron a interpretar que se abría una vía, una posibilidad para recuperar la prueba en su trazado tradicional, suspendida desde 2022 por los condicionantes ambientales.

"Intentarán decir que es culpa del Gobierno de España"

La expectativa de los organizadores de la prueba contrasta con la lectura que hace el diputado socialista Alfonso Martínez Baños, quien insiste en que la iniciativa nació sin recorrido real. A su juicio, la aprobación de la ley responde a una maniobra para aliviar la presión existente, especialmente del Ayuntamiento de Totana. "Esto ha sido una patada hacia adelante", sostiene, al tiempo que subraya que quienes impulsaron la reforma eran plenamente conscientes de sus limitaciones.

El parlamentario considera además que se ha generado una ilusión que no se corresponde con la realidad jurídica. Lamenta el diputado que se haya jugado políticamente con los sentimientos de los totaneros, algo que trató de evitar trasladando directamente a los organizadores del rally, días antes del debate parlamentario, que la iniciativa no tenía viabilidad: "Les dije que esto no tiene ningún recorrido".

Martínez Baños también anticipa el relato político que podría imponerse si la ley acaba decayendo. A su entender, el foco se pondrá en la intervención del Gobierno central. "Intentarán decir que es el Gobierno de España el que la lleva al Constitucional y la suspende", apunta, pese a que el origen del problema radica, insiste, en el propio diseño de la norma.

Así, el contraste entre el mensaje trasladado a la opinión pública y el recorrido jurídico real dibuja un escenario de expectativas frustradas. La ley ha servido durante semanas como símbolo de una posible solución, pero el procedimiento institucional en marcha apunta a un desenlace muy distinto.

A la espera de la comisión bilateral, el margen de maniobra parece estrecho. Y mientras tanto, en Totana, la ilusión generada en torno a la recuperación del rally y la protección de las romerías empieza a chocar con una realidad que, paso a paso, se impone.