Política
La Región de Murcia planta a Sira Rego por pretender ampliar un 7% su capacidad de acogida de menores extranjeros
Pese a que la Conferencia Sectorial de Infancia no se celebró por falta de cuórum, el texto del Real Decreto continuará su curso e irá a Consejo de Ministros en las próximas semanas
Sira Rego, antes de comparecer ante los medios tras el plante de las comunidades del PP a la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia. / Borja Sanchez-Trillo/EFE
El Gobierno de la Región de Murcia plantó este miércoles a la ministra de Infancia y Adolescencia, Sira Rego, en la última reunión para abordar la reubicación de menores migrantes. No fue el único. Ninguno de los ejecutivos autonómicos del PP, excepto el de Ceuta, quisieron participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, por lo que no se celebró por falta de cuórum.
A través de un comunicado, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad explicó que "se planta" ante el nuevo incremento de la tasa de acogida de menores migrantes no acompañados impuesto por el Ministerio de Juventud e Infancia a través de un nuevo Real Decreto, por el que la Región de Murcia deberá aumentar su capacidad en un 7% después de haberla duplicado el año anterior.
Para la consejera Conchita Ruiz, "esto pone de manifiesto la soledad del Gobierno central, que traslada el problema de la inmigración a las comunidades autónomas, sin medidas efectivas y sin la financiación suficiente para garantizar la atención a estas personas". Con la nueva legislación, explicó, el Ministerio pretende ampliar la capacidad de acogida, determinándola "de forma unilateral y sin consenso".
Desde 2023, el número de menores migrantes no acompañados ha aumentado cerca de un 70% en la Región
La Comunidad considera que la convocatoria de la Conferencia Sectorial es contraria a derecho, ya que mantiene en el orden del día el punto relativo a la información del decreto que se acordó retirar en la Comisión Sectorial, celebrada la semana pasada y previa a la reunión de este miércoles.
"No podemos apoyar más imposiciones del Ejecutivo central, adoptadas de espaldas a las comunidades autónomas, saltándose los procedimientos legales y saturando un sistema que se encuentra al límite. Además, no tiene en cuenta el interés superior de los menores, ya que no contempla ni los recursos humanos o materiales necesarios para atenderles, ni la dotación económica correspondiente", añadió Ruiz, destacando que, "desde 2023, el número de menores migrantes no acompañados ha aumentado cerca de un 70% en la Región".
El trámite continúa su curso
Desde el Ministerio avanzaron que, pese al plante, el texto continuará su curso e irá a Consejo de Ministros en las próximas semanas. "El hecho de que las comunidades ya se den por informadas nos permite seguir con el trámite", defendió la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, asegurando que el plantón "no tiene consecuencias" a nivel jurídico, en declaraciones a los medios de comunicación, donde también cargó contra el PP.
"Había confirmación por parte por prácticamente todas las comunidades autónomas, pero finalmente no han acudido", lamentó Rego, que consideró "absolutamente lamentable que el PP se haya abrazado a Vox y siga boicoteando las políticas de infancia de este país", criticó la ministra, que acusó al principal partido de la oposición de "abrazar las tesis racistas".
En un estado democrático lo lógico es venir y si hay que protestar se viene y se protesta en el órgano que está creado para eso
A la reunión acudieron los consejeros del Gobierno de Castilla La Mancha, Canarias (donde gobiernan los nacionalistas de CC con el PP), mientras Ceuta se conectó por videoconferencia. La situación dejó entrever la situación tan particular del Gobierno canario, puesto que sí acudió a la reunión Candelaria Delgado, la consejera de Juventud e Infancia, de Coalición Canaria, que sí avaló la cita: "En un estado democrático lo lógico es venir y si hay que protestar se viene y se protesta en el órgano que está creado para eso".
La Comunidad de Murcia ha adoptado diferentes medidas judiciales contra los decretos para regular la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes. Entre estos, un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto Ley que introducía un nuevo marco jurídico para la acogida de estos menores, que fue admitido a trámite por considerar que vulnera competencias autonómicas al establecer un reparto obligatorio de menores entre las comunidades autónomas.
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