Ecologistas en Acción amenaza con ir a los tribunales por el retraso en la protección de El Valle y Carrascoy

Más de tres décadas después de su declaración como espacio protegido, el Parque Regional de El Valle y Carrascoy sigue sin contar con su principal instrumento de ordenación. Esta situación ha vuelto al centro del debate político en la Región de Murcia tras las recientes declaraciones del consejero de Medio Ambiente en la Asamblea Regional, que han sido duramente cuestionadas por Ecologistas en Acción.

La organización ecologista acusa al titular de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, de "faltar a la verdad" al justificar el retraso en la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque. El conflicto surge a raíz de una intervención parlamentaria del pasado 26 de marzo, en la que el consejero respondió a una pregunta de la diputada del Grupo Mixto, María Marín, sobre la situación de protección del espacio natural.

Según recuerdan los ecologistas, la Consejería sacó a información pública en abril de 2023 el Plan de Gestión Integral de varias sierras, entre ellas Carrascoy y El Valle. Marín cuestionó por qué se prioriza este instrumento —de menor alcance territorial— frente al PORN del parque regional, pendiente desde 1992, cuando se declaró el espacio protegido.

La organización denuncia que el Gobierno regional está priorizando un plan "menor"

En su respuesta, Vázquez argumentó que el Plan de Gestión Integral se está tramitando antes porque "ya se había comenzado a trabajar con este documento y queríamos finalizarlo". Una explicación que Ecologistas en Acción rechaza de plano. A su juicio, esta afirmación resulta "engañosa", ya que el PORN comenzó a elaborarse en 1993, mientras que el plan ahora priorizado no pudo iniciarse antes de 2006.

El portavoz de la organización, Pedro Luengo, critica con dureza este argumento y considera que "hay que tener mucha cara" para justificar la prioridad del nuevo plan por su supuesta antigüedad, cuando el documento clave acumula décadas de retraso. A su entender, los distintos gobiernos regionales han ido encadenando excusas —desde la complejidad técnica hasta la oportunidad de finalizar otros planes— para evitar cumplir con la obligación legal de ordenar el parque.

Antecedentes e intereses

Para los ecologistas, el retraso no es casual. Sostienen que la demora en aprobar el PORN podría estar vinculada a intereses urbanísticos en zonas del parque que quedarían fuera del ámbito del Plan de Gestión Integral. En este contexto, recuerdan que durante el debate parlamentario se aludió a la empresa urbanizadora Profusa, del Grupo Fuertes, en una intervención de la portavoz de Podemos, María Marín, que fue interrumpida en el hemiciclo.

La organización ecologista también pone el foco en antecedentes similares. En este sentido, rememora el intento del Gobierno regional de reducir la superficie protegida del parque mediante una disposición incluida en la Ley del Suelo de 2001, finalmente anulada por el Tribunal Constitucional en 2012 por generar inseguridad jurídica y vulnerar principios básicos de protección ambiental. Aquella sentencia, subrayan, también frustró otros desarrollos urbanísticos de gran impacto, como el proyecto de Marina de Cope.

La portavoz de Podemos aludió en la Asamblea a posibles presiones de la empresa Profusa

Otro de los puntos de fricción es la interpretación de la normativa estatal. El consejero defendió que primero se aprobará el Plan de Gestión Integral y posteriormente se elaborará un documento unificado con el PORN para "dar mayor seguridad jurídica". Sin embargo, Ecologistas en Acción sostiene que la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece precisamente lo contrario: cuando coinciden distintas figuras de protección, los instrumentos deben coordinarse y aprobarse de forma integrada.

Desde su punto de vista, aprobar los planes por separado solo aumentará la incertidumbre, especialmente entre propietarios de terrenos afectados, que seguirían "en un limbo" sin saber qué normativa les es aplicable.

Ante esta situación, la organización ha dado un paso más y ha presentado una reclamación formal ante la Consejería para exigir la aprobación del PORN. Si no obtiene respuesta —o si esta resulta insuficiente—, anuncia que acudirá a los tribunales y presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra el Consejo de Gobierno.

La versión de la Consejería: planificación integrada y seguridad jurídica

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente defienden que el PORN se encuentra en elaboración como parte de "una estrategia más amplia que apuesta por la integración de instrumentos". Según explican, no se trata de tramitar documentos de manera aislada, sino de avanzar hacia un "documento único e integrado" que unifique el PORN y el PGI de los espacios de la zona: Carrascoy, El Valle, Altaona y Escalona.

Añaden que este enfoque, amparado por la Ley 42/2007, permite una planificación más coherente, evita duplicidades y garantiza mayor eficacia. "Más que un calendario cerrado para instrumentos separados, existe una hoja de ruta coordinada que culminará en un único documento sólido, actualmente en fase avanzada de tramitación", señalan.

Sobre las acusaciones de favorecer intereses urbanísticos, la Consejería asegura que se trata de "una decisión técnica y jurídica orientada a mejorar la planificación" y niega cualquier vinculación con desarrollos privados. Además, subrayan que la tramitación conjunta de instrumentos responde a un "modelo moderno que evita incoherencias normativas y refuerza la seguridad jurídica" y que aprobar documentos de manera descoordinada podría generar problemas prácticos en su aplicación.

Respecto a la seguridad jurídica de los propietarios y la protección del espacio, las fuentes recalcan que esta queda garantizada por el principio de precaución ambiental, reflejado en la Ley 42/2007: "Esto garantiza que no existe vacío normativo ni desprotección, sino una gestión activa y controlada del territorio", explican.