La apicultura murciana denuncia su exclusión del plan del Gobierno para amortiguar el impacto de la guerra

El malestar en el campo no deja de crecer y, tras las críticas por las ayudas a los fertilizantes, otro sector clave levanta ahora la voz: la apicultura. En la Región de Murcia, donde esta actividad tiene un peso relevante, los profesionales denuncian haber quedado, una vez más, fuera del paquete de medidas aprobado por el Gobierno.

La organización agraria COAG advierte de que el Real Decreto-ley 7/2026 repite un "error técnico" que ya se produjo hace cuatro años y que sigue sin corregirse. El problema afecta directamente a una ayuda clave: la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, diseñada para aliviar el aumento de costes en el sector primario.

Sobre el papel, la medida incluye a agricultores y ganaderos, pero en la práctica deja fuera a los apicultores. La razón está en el sistema elegido para canalizar la ayuda, que se articula a través de la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos. Solo pueden beneficiarse quienes utilizan gasóleo B —el agrícola—, mientras que los apicultores emplean gasóleo A en sus vehículos para trasladar las colmenas.

Algunos profesionales cifran en torno a un 30% el peso del combustible en sus gastos generales

Desde COAG califican esta situación como un "tecnicismo injusto" que perjudica a miles de profesionales cuya actividad es plenamente agraria. No se trata de un caso aislado: en 2022, con el plan de choque por la guerra de Ucrania, ya ocurrió lo mismo. Cuatro años después, el nuevo decreto reproduce el mismo mecanismo sin introducir ninguna corrección.

El impacto en la Región de Murcia no es menor. El sector cuenta con alrededor de 400 apicultores y unas 150.000 colmenas, una cifra elevada para su tamaño. Se trata, además, de una actividad muy modernizada y tecnológicamente avanzada, pero que depende en gran medida del transporte para su funcionamiento.

Y es ahí donde golpea con más fuerza la subida del carburante. Los desplazamientos constantes —especialmente en la apicultura trashumante, que busca distintas floraciones— convierten el gasóleo en uno de los principales costes de producción. Algunos profesionales cifran en torno a un 30% el peso del combustible en sus gastos generales.

"Los 20 céntimos por litro que se van a subvencionar al resto del sector, a nosotros nos los han negado", lamenta un apicultor, que advierte de que esta situación tendrá consecuencias directas en el mercado. La subida de costes, explica, podría obligar a incrementar el precio de la miel, que podría superar los 11 euros por kilo en origen en esta campaña.

El problema no es solo económico, sino también estructural. La normativa obliga a dispersar las colmenas en diferentes ubicaciones, a veces separadas por cientos de kilómetros, lo que multiplica la necesidad de desplazamientos. Cada subida del carburante se traduce, por tanto, en un sobrecoste difícil de asumir.

Un problema más

A ello se suman otros factores que ya venían presionando al sector: condiciones meteorológicas adversas, problemas sanitarios en las colmenas y la competencia de miel importada a bajo precio. En este contexto, la exclusión de las ayudas agrava aún más la situación.

Las organizaciones agrarias coinciden en reclamar una rectificación urgente. COAG ya advirtió al Ejecutivo antes de la convalidación del decreto, pero la modificación no llegó. El resultado es, según denuncian, una desigualdad evidente respecto al resto del sector primario.

Más allá del impacto inmediato, los apicultores alertan de un riesgo añadido: el freno al relevo generacional. Con márgenes cada vez más ajustados y costes al alza, la actividad pierde atractivo para las nuevas generaciones, lo que compromete su continuidad. El sector recuerda, además, su papel esencial en la polinización y el mantenimiento de los ecosistemas agrícolas, una función clave para la propia producción de alimentos. Por ello, reclaman que se les tenga en cuenta en igualdad de condiciones y que se diseñen ayudas adaptadas a la realidad de su actividad.