Agricultores murcianos en pie de guerra por el plan anticrisis de Sánchez: requisitos digitales y ayudas insuficientes

En plena escalada de costes derivada del conflicto en Oriente Medio, las ayudas aprobadas por el Gobierno para compensar el encarecimiento de los fertilizantes han encendido las alarmas en las organizaciones agrarias, que enuncian que llegan tarde, son insuficientes y, sobre todo, están rodeadas de una burocracia que puede dejar fuera a miles de profesionales.

Para el secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, el procedimiento diseñado por el Ejecutivo es "complejo y con trabas", mientras que la cuantía resulta "totalmente insuficiente". A su juicio, "el Gobierno demuestra que no está a la altura de las circunstancias" y advierte de que las consecuencias las acabarán pagando "agricultores, ganaderos y también los consumidores".

La crítica parte del análisis realizado por Asaja, que alerta de que el nuevo sistema de ayudas, incluido en el Real Decreto Ley 7/2026, introduce requisitos que dificultan seriamente el acceso. A diferencia de lo ocurrido durante la guerra de Ucrania, cuando las compensaciones se concedieron de oficio, ahora los solicitantes deberán presentar una declaración responsable por vía telemática. Para ello, será imprescindible disponer de firma digital, manejar procedimientos informáticos y cumplir condiciones como acreditar al menos 5.000 euros de ingresos agrarios en la renta de 2024, además de conservar durante cuatro años las facturas de compra de fertilizantes.

Es imprescindible disponer de firma digital y manejar procedimientos informáticos para acceder al escudo social

La organización considera especialmente llamativo el desequilibrio de plazos: mientras la Administración se reserva hasta cuatro meses para publicar los listados de beneficiarios, los agricultores apenas dispondrán de 15 días hábiles para completar el trámite. "Si el Gobierno quiere ayudar de verdad al campo, que lo haga fácil", reclaman desde el sector, insistiendo en que el modelo elegido "en la práctica estará excluyendo sobre todo a pequeños agricultores y agricultores mayores".

Este último punto es clave. La población agraria envejecida —con una media cercana a los 65 años— encuentra serias dificultades para adaptarse a la digitalización forzada de los trámites. A ello se suma la falta de formación específica y las carencias de conectividad en muchas zonas rurales, lo que convierte el proceso en una carrera de obstáculos.

Desde COAG Murcia, su presidente, José Miguel Marín, relativiza parcialmente algunas críticas pero coincide en el diagnóstico de fondo: la burocracia es asfixiante. "Si no fuera porque las organizaciones agrarias despliegan cientos de oficinas por todo el territorio, sería imposible", afirma, subrayando el papel clave que juegan técnicos y cooperativas para sacar adelante cualquier gestión administrativa. Aunque Marín no cuestiona el requisito de ingresos mínimos —al considerar que encaja con el perfil de agricultor profesional—, sí reconoce que el conjunto del proceso añade complejidad en un momento especialmente delicado para el sector.

El problema, añade, va más allá de este paquete de ayudas concreto. Se trata de una tendencia creciente hacia la burocratización del campo. "Cuando se nos habla de simplificación administrativa, esta nunca llega", lamenta. En su opinión, muchas de las normas se diseñan desde despachos alejados de la realidad agraria: "Se escriben cosas que son casi imposibles de cumplir en el campo".

Como ejemplo, menciona el desarrollo normativo vinculado al cuaderno digital de explotación o al registro telemático de tratamientos fitosanitarios, que obligan a los agricultores a asumir nuevas cargas administrativas sin una formación adecuada. "No tenemos ninguna formación reglada al respecto", reconoce, aunque destaca que los técnicos de las organizaciones están supliendo esa carencia.

"Si el conflicto se prolonga, las ayudas se quedan cortas", advierte el presidente de COAG

En paralelo, el debate sobre la cuantía de las ayudas también genera consenso. El decreto contempla 55 euros por hectárea en regadío y 22 en secano, con un máximo de 300 hectáreas por beneficiario y un mínimo de 100 euros. Para Asaja, estas cifras son claramente insuficientes frente al incremento de costes, especialmente en fertilizantes nitrogenados y gasóleo agrícola.

La organización recuerda que, solo en las primeras semanas del conflicto, los sobrecostes ya superan los 15 millones de euros en territorios como la Comunidad Valenciana, (todavía no se ha tasado el sobrecoste en la Región de Murcia) una referencia que anticipa una situación similar. "Es injustificable complicar el acceso a unas ayudas que deberían llegar de manera ágil y directa", insisten.

COAG advierte una vez más de que el problema puede agravarse si el contexto internacional no mejora. "Si el conflicto se prolonga, las ayudas se quedan cortas", señala Marín, quien considera "absolutamente imposible" que el actual decreto sea suficiente si no se estabilizan los precios y se frena la especulación.

En este escenario, las organizaciones agrarias coinciden en una reivindicación central: la necesidad de rectificar el sistema y volver a un modelo de concesión automática, sin trabas administrativas. Porque, más allá de las cifras, lo que está en juego es la viabilidad de miles de explotaciones y, con ello, el equilibrio de toda la cadena alimentaria.