Caos en las nóminas de la Región: el retraso de las cotizaciones obliga a rehacer miles de pagos

La publicación tardía de normas clave vuelve a poner en jaque a quienes sostienen el día a día laboral en España. Lo que debería ser un procedimiento previsible y ordenado se ha convertido, según los profesionales del sector, en una carrera contrarreloj que amenaza con colapsar despachos, generar incertidumbre y minar la confianza en la Administración.

El Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia ha denunciado este lunes el impacto del retraso en la publicación de la orden de cotizaciones correspondiente a 2026. La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 31 de marzo y en vigor desde el 1 de abril, tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero, lo que obliga a rehacer miles de nóminas en un tiempo récord.

El decano del Colegio, Alfonso Hernández, ha alertado de que esta situación no es nueva. "Son ya cuatro años de improvisación", ha afirmado, subrayando que los despachos y asesorías deben enfrentarse ahora a "miles de nóminas que tienen que rehacerse a contrarreloj", con el consiguiente perjuicio para empresas, pymes, trabajadores y autónomos.

130.000 personas perciben el salario mínimo interprofesional en la Región, según el Colegio

El alcance del problema es masivo. Según los datos aportados, las nóminas de cerca de 22 millones de trabajadores en España se ven afectadas por esta orden. Solo en la Región de Murcia, unas 130.000 personas perciben el salario mínimo interprofesional, directamente implicado en la actualización, aunque el impacto se extiende a buena parte del resto de asalariados. En total, se estima que habrá que rehacer las nóminas de unos 300.000 trabajadores en la Región, además de las de los autónomos.

La carga de trabajo es, en palabras del decano, "ingente". Un despacho medio puede gestionar alrededor de 2.000 trabajadores, lo que obliga a multiplicar esfuerzos en apenas unas semanas. "Imaginaos el trabajo", ha señalado, anticipando una "congestión muy importante" que forzará a contratar personal adicional o a ampliar jornadas laborales para cumplir con los plazos.

A esta presión se suma un problema económico: el sobrecoste recae directamente en los graduados sociales. La mayoría de pequeñas empresas pagan una cuota fija mensual por los servicios de asesoría, lo que impide repercutir este esfuerzo extra. El resultado es un desequilibrio que tensiona aún más a estos profesionales.

Hernández Quereda ha sido contundente al señalar que no se trata de un error puntual. A su juicio, la Administración central lleva "desde 2022 repitiendo el mismo patrón de improvisación", lo que evidencia "un fallo estructural de planificación política y normativa".

Las consecuencias, según el Colegio, se agrupan en tres grandes áreas: el daño económico, por el coste de rehacer trabajos ya realizados; el profesional, por la presión y el riesgo de errores en situaciones de urgencia; y el institucional, por el deterioro de la confianza en la Seguridad Social.

"El Gobierno lleva desde 2022 repitiendo el mismo patrón de improvisión", lamenta el decano

El decano ha descrito un escenario de "verdadero agobio y colapso" en los despachos, acompañado de una creciente incertidumbre en empresas y trabajadores. "No saben realmente cuál es su salario, sus deducciones o sus cuotas", ha explicado, insistiendo en que la retroactividad de la norma agrava la situación al acumular atrasos de varios meses.

Especialmente delicada es la situación de los autónomos, que deberán hacer frente a diferencias de cotización acumuladas "de una sola vez", en un contexto económico ya ajustado. "Generar otro coste más y de golpe provoca una situación de incertidumbre económica evidente", ha advertido.

"Estamos ante un problema muy serio de seguridad jurídica, de credibilidad institucional y de respeto a quienes sostienen el sistema", sentencia Hernández Quereda.