Social
Destapan en la Región de Murcia una treintena de casos de 'menas-Erasmus': sus padres fingen abandonarlos para que los tutelen
La Policía detecta decenas de familias que simulan desplazarse por turismo, pero los progenitores regresan a su país sin su prole con el fin de que la Comunidad se haga cargo de ellos
Juristas piden "no criminalizar" a los adolescentes y el Gobierno regional anuncia que irá a los tribunales como parte perjudicada

Alumnos extranjeros de acogida. / Juan Carlos Caval
La Policía Nacional ya ha detectado en la Región decenas de casos de familias extranjeras que simulan llegar porque están haciendo turismo y, al cabo de un tiempo, los padres regresan a su país sin los niños. El fin: fingir que se trata de menores no acompañados y forzar que la Comunidad asuma su tutela. El último caso, el mes pasado, indican fuentes cercanas a la investigación, de la que se hace cargo la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) del Cuerpo Nacional de Policía.
El fenómeno, que se denomina ‘menas-Erasmus’ (esto es, la suma del vocablo que hace alusión a los menores extranjeros no acompañados y del programa de becas de la Unión Europea para estudiar en el extranjero), se ha dado una treintena de veces en la Comunidad desde el año 2023, cuando se registraron los primeros casos, precisan las mismas fuentes.
Lo hacen familias extranjeras (por lo general, procedentes del norte de África) con una buena situación económica, la cual les permite obtener el visado y costearse el avión (o el taxi) para entrar de forma legal al país.
De este modo, viajan a España (en este caso, a la Región) como si fueran turistas, pero su objetivo real es dejar en el país a sus hijos. Los ‘abandonan’ en suelo español para que los acoja el sistema de protección. Y lo consiguen.
"La verdadera víctima es el propio menor, al que su familia deja solo en un país lejano", apuntan policías destinados en la Región
«De vez en cuando aparece un 'mena' en una comisaría de la Región, dice que está solo, que lo han abandonado y entonces la Ucrif empieza a investigar de dónde ha salido», confirman fuentes policiales, que destacan que se trata de un modus operandi que consiste en introducir a menores (generalmente, adolescentes de 16 y 17 años) en España y dejarlos a su suerte, con el objetivo de que la Administración se haga cargo de ellos.
Los progenitores persiguen que sus hijos obtengan en España mejores oportunidades educativas y vitales que las que pueden tener en su país de origen, que suele ser Marruecos o Argelia.
En los centros, son asistidos por trabajadores sociales y por psicólogos y aprenden el idioma
En comisaría, los agentes se encargan de reseñar al chico y de elaborar el pertinente informe que facultará su ingreso en un centro de protección con los que cuenta la Comunidad: una treintena.
El menor jamás se planta en dependencias policiales hasta que sus progenitores no están fuera de España: así ellos evitan ser detenidos por abandono de menores.
A cargo de un familiar o amigo
El adolescente, no obstante, nunca llega a estar solo y desamparado: sus padres lo dejan a cargo de un familiar o un amigo, para que se ocupe de él hasta que va a comisaría y es acogido por las autoridades españolas.

Un niño hace la cama en uno de los centros para menores tutelados con los que cuenta la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. / Abel F. Ros.
Juristas y profesionales policiales destinados en la Región apostillan que «la verdadera víctima de esta trama es el propio menor, a quien su familia ha abandonado en un país lejano» a fin de aprovecharse del sistema.
A quienes sí se captura en muchas ocasiones, tras entrevistarse con el menor y realizar distintas pesquisas policiales, es al allegado que le dio cobertura. Sus cargos: abandono de persona menor de edad, favorecimiento de la inmigración ilegal y estafa.
En la Región no hay ninguna sentencia condenatoria contra parientes que ayudan a estos adolescentes
En cuanto al adolescente, aunque haya constancia de que su familia puede ocuparse de él, dado que sus padres están en el extrajero es internado en un centro de la Región, donde recibe alojamiento, alimento y formación.
Cabe recordar que ni la ley española ni la europea permiten excluir de protección a un menor que se encuentre sin responsables legales. Se trata de un joven que, cuando alcanza la mayoría de edad, tiene la posibilidad de acceder a permisos de residencia.
Un centro no es una cárcel
Un centro de protección no es un centro de internamiento en el que los menores se encuentren retenidos: en este tipo de instalaciones no hay alambradas ni personal específico de seguridad (como sí se ponen, por ejemplo, en La Zarza y Las Moreras, donde cumplen condena los autores de un delito que, por su edad, no van a la cárcel) y los adolescentes pueden entrar y salir.
Los atienden psicólogos, trabajadores sociales y profesores. Los menores tutelados acceden a los recursos educativos según su edad (Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, Módulos de Formación Profesional...) y, cuando desconocen el idioma castellano, también se les enseña.
Dado que pueden entrar y salir de los centros, en ocasiones se producen desapariciones de estos menores tutelados, que voluntariamente deciden marcharse. Y no tienen la obligación de permanecer en ellos, ya que no están en ese centro por delinquir, sino porque requieren de protección.
En España, también en la Región, la gran mayoría de los menores extranjeros no acompañados son varones y la nacionalidad preeminente es la marroquí. El peligro: que esta práctica de abandonos ficticios llegue a colapsar el sistema y perjudique a quienes sí necesitan tutela de verdad.
Su tío lo dejó en la Jefatura de Policía y le dijo qué tenía que hacer
En el último ‘mena-Erasmus’ detectado en la Región de Murcia se procedió a la detención de tres personas: el tío materno del adolescente, la esposa de este hombre y un taxista que había traído a la madre y al menor desde Marruecos a España.
Ocurría al comienzo del pasado mes de febrero. El escenario, la Jefatura Superior de Policía, ubicada en la calle Ceballos, en Murcia. Ahí se personó un adolescente, solo. Manifestó que no tenía a nadie. Y comenzó el citado procedimiento: reseña, informe, internamiento en un centro e investigación.
Cuando fue interrogado, ya residiendo en el centro de protección, el chico admitió ante los profesionales de la Ucrif que había viajado, en compañía de su madre, hasta la casa de su tío en Murcia y, después de una semana, cuando la mujer ya se había marchado, este adulto lo llevó a comisaría y le dio instrucciones para que entrase y dijese al primer policía que viese que estaba solo en España.
Los tres sospechosos quedaron en libertad con cargos y hay abierto contra ellos un procedimiento judicial
El joven, al decir la verdad, puso a los investigadores sobre la pista de sus parientes y se procedió al arresto del tío, de la pareja de éste y de un hombre, también de origen marroquí, que fue quien trajo en coche a Murcia al menor y a su progenitora. Los tres sospechosos quedaron en libertad con cargos y hay abierto contra ellos un procedimiento judicial.
La Comunidad irá a los tribunales
Fuentes del Gobierno regional consultadas por La Opinión apuntan que la Comunidad se personará en la causa «cuando se abra la oportunidad procesal para ello, como administración perjudicada de un posible delito de estafa contra la Hacienda Pública» tras destaparse estos numerosos casos de ‘menas-Erasmus’ en Murcia.
Política Social pide al Ministerio que garantice el retorno de estos menores con sus familias
Cabe recordar que, en estos casos, es la Comunidad la que tiene que asumir los costes derivados de la atención a los menores extranjeros no acompañados (menas), con independencia de que estos se encuentren en los centros de acogida: más allá de las coberturas de sus necesidades básicas (como alojamiento, alimentación y educación), el desarrollo de programas de integración y apoyo social lo tiene que costear también la Administración autonómica, por lo que esta práctica fraudulenta detectada habría restado parte de los recursos públicos que estaban destinados a atender a aquellos menores que sí lo necesitaban realmente.

Menores tutelados, en una imagen de archivo. / L. O.
Una vez trascendido que habrían sido más de una treintena de casos de este tipo los que se habrían producido en la Región de Murcia desde el año 2023, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, que dirige Conchita Ruiz, ha solicitado al Ministerio del Interior «un mayor control de fronteras», así como que exija a los países de origen «la adopción de las medidas necesarias para garantizar el retorno de estos menores a sus familias, ya que éstas no constituyen entornos vulnerables». Asimismo solicita que ponga fin a «la descoordinación existente entre todos los ministerios y departamentos competentes».
Por último, las mismas fuentes del Ejecutivo autonómico también sostienen que seguirán «colaborando» con las investigaciones que están efectuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con los agentes judiciales que así lo requieran para tratar de dilucidar estos episodios falsos.
Causas en diferentes juzgados
Los juzgados de la Región no cuentan con una estadística referente al fenómeno relativamente nuevo de los ‘menas-Erasmus’, indican fuentes judiciales, que admiten la «dificultad» de investigar estos casos, que en este momento están repartidos en diferentes juzgados de instrucción (ahora denominados de instancia), sin que exista un tipo penal claro.
En cuanto a las competencias, el asunto de niños y adolescentes (tanto españoles como extranjeros no acompañados) recae en la Fiscalía de Menores, cuyos responsables realizaron visitas a cinco de los centros de protección de la Comunidad Autónoma en el último año.
Desde este departamento remarcan que «persiste la problemática de los menores extranjeros no acompañados, al seguir siendo la Región una de las provincias españolas de recepción de pateras y en la que se han llegado a reabrir o incluso crear nuevos centros de observación y primera acogida, así como para media y larga estancia». Sin embargo, no tramitan causas de ‘menas-Erasmus’.
Por otro lado, la Fiscalía de Extranjería, área que se integra en la Fiscalía Superior de la Región, se encarga de proteger los derechos de los extranjeros y persigue delitos de trata o explotación.
"En principio, no había delito: que te dejen a un sobrino a tu cargo no es delito"
Lo que ocurre con estos adolescentes cuyos padres ‘aparcan’ en España es que «están entrando con visado, entran correctamente», explican fuentes judiciales, que confirman que «una vez aquí, es cuando se produce lo que podría considerarse un abandono de familia». En España, un delito de omisión castigado con penas que pueden llegar a los 12 meses de cárcel, en sus tipos más graves.
Ya hay casos que han sido archivados
En estos casos («dispersos por varios juzgados» de la Región, explican las citadas fuentes), demostrar un abandono familiar es complicado, al no presentar el menor en cuestión daño alguno. Con este panorama, «ya hay casos archivados», detallan las fuentes.
El debate está recién empezado y, sobre la mesa, la idea de que «se podría investigar como cooperación necesaria de los familiares que se quedan aquí» para aprovecharse de la administración, elucubran juristas a preguntas de este medio. La realidad es que no se ha abordado cómo proceder.
«En principio, no había delito: que te dejen a un sobrino a tu cargo no es delito», recalcan las fuentes consultadas. En la Región de Murcia, de momento, «no hay ninguna sentencia condenatoria» relacionada con los ‘menas-Erasmus’, aunque sí se produjo una conformidad. Casos muy recientes (como el acontecido el pasado mes de febrero, cuando un adolescente se plantó en Ceballos y dijo que no tenía a nadie) aún están en pañales, a la espera de que la Justicia resuelva cómo proceder.
Por otro lado, profesionales vinculados a la Fiscalía de Menores de la Región ponen el acento en la importancia de no criminalizar a los menores extranjeros que acaban en un centro de protección de Murcia, hablan del «drama» que puede suponer para ellos (con las consiguientes consecuencias psicológicas) y destacan que el verdadero debate estaría en abordar las causas estructurales de la migración y en cómo estas hacen mella en los más vulnerables: quienes no han alcanzado la mayoría de edad.
En otras comunidades españolas, como Andalucía, la Fiscalía sí ha abierto varios expedientes para investigar este fenómeno.
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