Tribunales
La violencia de género deja 7.889 denuncias en Murcia en 2025 y mantiene a la Región por encima de la media
El número de víctimas cae ligeramente, mientras los juzgados aumentan las órdenes de protección y mantienen un alto porcentaje de condenas

Mujeres con máscaras durante una manifestación contra la violencia de género / Juan Carlos Caval
L.O.
Los órganos judiciales de la Región de Murcia registraron en 2025 un total de 7.889 denuncias por violencia de género, lo que supone un descenso del 2% respecto a las 8.046 contabilizadas en 2024. También bajó ligeramente el número de mujeres víctimas, que pasó de 7.198 a 7.113, un 1,2 % menos, según los datos conocidos este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ).
Frente a esa evolución regional, el conjunto de España cerró el año con una tendencia al alza, al alcanzar las 204.342 denuncias, un 2,64% más, y las 185.188 víctimas, un 0,7 % más que el ejercicio anterior.
La tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres también descendió en la Región, al pasar de 92 a 89,8, aunque Murcia sigue situada por encima de la media nacional, fijada en 74. Solo Baleares, Navarra, Comunidad Valenciana y Canarias presentan ratios superiores, lo que mantiene a la Comunidad entre los territorios con mayor incidencia relativa de este tipo de violencia.
La mayoría de las denuncias volvieron a ser presentadas por las propias víctimas. En concreto, casi siete de cada diez (el 66,7%) fueron interpuestas directamente por las mujeres, ya fuera en comisaría o en el juzgado. Muy por detrás quedaron las formuladas por familiares, que representaron apenas el 2,5% del total. El resto se originó por intervención policial directa (17,3 %), por remisión de partes de lesiones (6,7%) o a través de servicios asistenciales y terceros (2%).

Tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres por comunidades autónomas / L.O.
Medidas de protección judicial y penales
En el capítulo de protección judicial, los juzgados de violencia sobre la mujer incoaron durante 2025 un total de 1.674 órdenes de protección y medidas de seguridad, un 2,9 % más que en 2024. De ellas, 1.320 fueron adoptadas y 353 denegadas. Estas resoluciones dieron lugar a 3.733 medidas penales y 1.119 medidas civiles dirigidas a proteger a las víctimas y, en su caso, a los menores afectados.
Entre las medidas penales más frecuentes destacaron las órdenes de alejamiento, con 1.144 acuerdos; las prohibiciones de comunicación, con 1.138; y la suspensión de la tenencia y uso de armas, con 817. También se acordaron 340 salidas del domicilio, 116 prohibiciones de volver al lugar del delito o al domicilio de la víctima, 94 medidas privativas de libertad y 84 medidas de otra naturaleza.
En el ámbito civil, los jueces adoptaron 308 medidas de prestación de alimentos, 222 suspensiones del régimen de visitas, 221 atribuciones del uso de la vivienda familiar, 111 suspensiones de guarda y custodia, 53 permutas del uso de la vivienda, 50 suspensiones de la patria potestad y 153 medidas civiles de otra clase, además de una medida específica de protección del menor.
Los datos reflejan además que la mayor parte de las órdenes de protección incoadas en Murcia estuvieron vinculadas a parejas o exparejas no matrimoniales. El grupo más numeroso corresponde a las exrelaciones afectivas, con 696 casos, seguido de las relaciones vigentes, con 443. A continuación aparecen los supuestos de cónyuge, con 288, y de excónyuge, con 247.
7 de cada 100 mujeres renuncia a declarar contra el agresor
Otro de los indicadores relevantes del balance de 2025 es el de la dispensa del deber de declarar contra el presunto agresor. En la Región se contabilizaron 492 casos, un 10,8% más que en 2024. De ellos, 320 correspondieron a víctimas españolas y 172 a extranjeras. Aun así, la ratio regional se mantiene por debajo de la media nacional: en Murcia se situó en 6,9 casos por cada 100 víctimas, frente a los 11,33 del conjunto del país.
La mayor parte de las órdenes de protección incoadas en Murcia estuvieron vinculadas a parejas o exparejas no matrimoniales
En cuanto a la respuesta penal, los órganos judiciales enjuiciaron a 1.979 personas por delitos de violencia de género, un 3,2% más que el año anterior. El porcentaje de condenas volvió a ser muy elevado. En total, se dictaron 2.593 sentencias, de las que 2.391 fueron condenatorias. Eso sitúa el porcentaje global de condena en el 91,4 %, por encima del 89,2 % registrado en 2024.
Más de 9 de cada diez sentencias fueron condenatorias
Por tipos de órgano, los juzgados de violencia sobre la mujer alcanzaron un 97% de condenas, con 1.892 sentencias condenatorias de un total de 1.951. Los juzgados de lo Penal dictaron 630 resoluciones, de las que 487 terminaron en condena, lo que representa el 77,3%. La Audiencia Provincial, por su parte, resolvió 12 procedimientos, todos ellos con fallo condenatorio.
Los juzgados de menores enjuiciaron además a 19 menores de edad por delitos de violencia sobre la mujer, uno más que en 2024. De ellos, 18 eran españoles y uno de otra nacionalidad, y en todos los casos se impusieron medidas judiciales.
Nueva competencia en materia de violencia sexual
El balance de 2025 incorpora además una novedad significativa: la nueva competencia asumida por los órganos especializados en violencia sobre la mujer para tramitar también asuntos de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja, en aplicación de la Ley Orgánica 1/2025. Entre el 3 de octubre y el 31 de diciembre, estos órganos recibieron en la Región 118 denuncias por este tipo de hechos.
En ese mismo periodo se instruyeron 151 delitos, de los que 123 correspondieron a delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja. A ellos se sumaron 17 delitos de acoso con connotación sexual y 11 de trata con fines de explotación sexual. Además, se tramitaron 30 solicitudes de orden de protección, de las que 29 fueron acordadas.
La magistrada de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia, Nerea Cavero Sedano, señaló este lunes que cualquier descenso de las denuncias por violencia de género debe valorarse de forma positiva. Según explicó, la bajada registrada en 2025 mantiene la línea observada el año anterior, cuando también se produjo una ligera reducción de los asuntos vinculados a este tipo de violencia, aunque matizó que el porcentaje sigue siendo aún reducido y no permite hablar de una tendencia consolidada.
Cavero Sedano subrayó además que el mensaje que debe trasladarse a las víctimas es que, "si deciden denunciar, van a ser atendidas y escuchadas con independencia del resultado final del procedimiento". Sobre la dispensa del deber de declarar contra el presunto agresor, apuntó que las razones por las que una mujer puede acogerse a ese derecho son muy diversas y, en ocasiones, están ligadas al miedo o a circunstancias personales o familiares complejas.
"Si las víctimas deciden denunciar, van a ser atendidas y escuchadas con independencia del resultado final del procedimiento", indica Cavero Serrano
La magistrada destacó también como un dato positivo que la Región de Murcia presente una ratio baja en comparación con la media nacional en esta materia, ya que ello implica que un mayor número de víctimas opta por declarar durante el proceso judicial. No obstante, advirtió de que la ampliación competencial asumida desde octubre de 2025 en delitos contra la libertad sexual y trata de seres humanos con fines de explotación sexual ha incrementado de forma significativa la carga de trabajo y su complejidad, por lo que reclamó que ese aumento vaya acompañado de los medios personales y materiales necesarios.
El PP denuncia que la Región está a la cola en Justicia
En paralelo, la portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, denunció que la Comunidad se encuentra "a la cola de España en Justicia" por la falta de inversión y planificación del Gobierno central, y exigió medidas urgentes para poner fin al colapso judicial.
Tras los datos dados a conocer este lunes sobre las resoluciones judiciales, Guardiola aseguró que la Región registra actualmente el mayor atasco judicial del país, con más de 221.000 asuntos pendientes de resolución y unos tiempos de respuesta que, según afirmó, superan ampliamente la media nacional. En este sentido, señaló que los murcianos esperan de media más de 12 meses para obtener una respuesta judicial, casi cuatro meses más que el promedio estatal, y puso el foco especialmente en los juzgados civiles, donde los procedimientos pueden demorarse hasta año y medio.
La dirigente popular sostuvo que esta situación no es nueva ni coyuntural, sino consecuencia de un "déficit estructural" que, a su juicio, el Gobierno de España lleva años sin corregir. En esa línea, recordó que en la Región faltan al menos 22 unidades judiciales, especialmente en los partidos judiciales de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, tal y como ha planteado el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y ha reclamado también el Consejo General del Poder Judicial.
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