El Taibilla adaptará 39 líneas de alta tensión para proteger a las aves

La protección de la avifauna frente a las infraestructuras eléctricas se ha convertido en una prioridad ambiental ineludible en España. No solo por razones ecológicas —con miles de aves muriendo cada año por colisión o electrocución—, sino también por una creciente presión legal y económica que obliga a las administraciones y a las empresas a actuar. La normativa vigente, reforzada por la acción de la Fiscalía y por nuevas exigencias autonómicas, junto con el elevado coste de la pérdida de biodiversidad —estimado en unos 141 millones de euros anuales—, han convertido la adaptación de tendidos eléctricos en una inversión estratégica. En este contexto, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) ha decidido adelantarse y "hacer los deberes".

El organismo, clave en el abastecimiento de agua potable en alta al sureste español —incluida buena parte de la Región de Murcia—, ha puesto en marcha un ambicioso plan para adaptar sus líneas eléctricas de alta tensión a la normativa de protección de aves. La iniciativa responde tanto a la ampliación reciente de zonas protegidas como a la necesidad de garantizar la seguridad de su propia red.

La MCT invertirá más de 630.000 euros con técnicas de aislamiento, balizas y prevención

La MCT gestiona un total de 129 líneas eléctricas, que superan los 50 kilómetros de longitud, fundamentales para transportar energía desde las redes de distribución hasta los centros de transformación de su sistema hidráulico. Estas infraestructuras, distribuidas en diferentes tipologías según su extensión y número de apoyos, son imprescindibles para un servicio esencial, pero también representan un riesgo potencial para la fauna si no se adecuan correctamente.

En los últimos años, la entidad ya ha venido adaptando parte de sus tendidos conforme a la normativa vigente. Sin embargo, los cambios regulatorios recientes han ampliado el foco de actuación. En concreto, la nueva delimitación de zonas de protección aprobada en la Región de Murcia en abril de 2024 obliga a intervenir en 19 líneas del organismo. A ellas se suman otras 20 en la Comunidad Valenciana afectadas por una resolución autonómica similar de 2021. En total, 39 líneas requieren ahora actuaciones correctoras.

El proyecto diseñado por la MCT —denominado ‘Proyecto 10/25 de adecuación de líneas eléctricas de alta tensión a la legislación vigente en materia de protección de la avifauna’— contempla una intervención integral sobre estos tendidos. El objetivo: eliminar el riesgo de electrocución y reducir al máximo las colisiones.

Para ello, se emplearán materiales aislantes que recubrirán los elementos metálicos de las líneas, garantizando una distancia de seguridad de al menos un metro entre los puntos en tensión y las zonas donde las aves pueden posarse. Además, se instalarán dispositivos de señalización tipo baliza —conocidos como sistema Bach— que aumentan la visibilidad de los cables, especialmente para aves de gran envergadura, minimizando así los impactos en vuelo.

"Se pretende que todos los apoyos queden completamente aislados, permitiendo que la avifauna pueda posarse sin riesgo", explican desde la Mancomunidad, que subraya también el carácter preventivo de la actuación. El presupuesto base de licitación asciende a más de 631.000 euros y el plazo de ejecución previsto es de 12 meses. El Comité Ejecutivo autorizó la licitación el pasado 26 de marzo y su publicación es inminente.

Se estima que cada año mueren electrocutadas en España más de 30.000 aves rapaces

La importancia de este tipo de proyectos se entiende mejor al observar la magnitud del problema. En España, se estima que más de 30.000 aves rapaces mueren cada año por electrocución, mientras que las colisiones con tendidos eléctricos elevan la cifra hasta los cinco millones de ejemplares anuales, según estudios de SEO/BirdLife. Muchas de estas aves pertenecen a especies protegidas o amenazadas.

En la Región de Murcia, la situación no es ajena a esta realidad. Organizaciones como Anse han documentado la muerte de al menos un millar de aves en los últimos años debido a tendidos sin adaptar, incluyendo especies emblemáticas como el búho real o el águila calzada, cuya población regional es especialmente reducida.

Además, el contexto legal ha cambiado de forma significativa. La Fiscalía de Medio Ambiente intensificó hace años su actuación y ya contempla la vía penal en casos de electrocución de fauna cuando se demuestra la inacción tras avisos reiterados. "Se amplían las posibilidades de imputación", explicaron en su momento desde Anse, que además recuerda que existen procedimientos judiciales abiertos en la Región de Murcia contra compañías eléctricas.

A ello se suma la presión normativa. Aunque el nuevo Real Decreto que actualizará la regulación estatal sigue pendiente de aprobación, las comunidades autónomas han avanzado en la delimitación de zonas de protección, lo que implica obligaciones inmediatas para los titulares de las líneas. En Murcia, de hecho, el plazo para presentar planes de adaptación finalizó en febrero de 2026, con incumplimientos detectados.

De las ayudas públicas a la inversión directa: así se cuida la avifauna

La adaptación de tendidos eléctricos para proteger a la avifauna de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla no es una actuación aislada, sino parte de una estrategia que en la Región de Murcia lleva tiempo en marcha. A las inversiones anunciadas por MCT se suma el impulso previo del Gobierno regional, que a finales de 2025 activó ayudas para acelerar la adecuación de estas infraestructuras.

El Boletín Oficial de la Región de Murcia publicó entonces la resolución de una convocatoria destinada a adaptar líneas de alta tensión a los requisitos del Real Decreto 1432/2008, con el objetivo de reducir la mortalidad de aves por colisión y electrocución.

La adaptación de los tendidos reduce la mortalidad y evita averías y cortes de suministro

La iniciativa movilizó cerca de 1,85 millones de euros, con ejecución prácticamente total. La mayor parte —1,64 millones— se destinó a empresas privadas y 200.000 euros a familias e instituciones sin ánimo de lucro. Más de un centenar de beneficiarios accedieron a estas ayudas, financiadas con fondos europeos NextGeneration.

Desde la Consejería de Medio Ambiente se destacó que la convocatoria buscaba "compatibilizar el desarrollo económico con la conservación de la biodiversidad", apoyando la adaptación de instalaciones eléctricas. Entre las actuaciones subvencionables figuraban la corrección de apoyos peligrosos, la instalación de aisladores o dispositivos anticolisión y la señalización de cables.

Estas medidas se aplican especialmente en las zonas de protección delimitadas por la orden autonómica de abril de 2024, áreas clave para especies amenazadas. La Administración regional priorizó los tramos con mayor incidencia de electrocuciones y los vinculados a planes de recuperación de aves en peligro.

Además del impacto ambiental, el Ejecutivo autonómico destacaba el efecto positivo de estas actuaciones sobre la propia red eléctrica. La adaptación de los tendidos no solo reduce la mortalidad de fauna, sino que también mejora la seguridad del sistema, evita averías y disminuye las interrupciones del suministro, especialmente en áreas rurales.

"Se ha trabajado de forma coordinada con los titulares de las líneas eléctricas", señalaron fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, destacando la colaboración público-privada como eje de esta estrategia.

Aquellas ayudas de 2025 funcionan como un precedente que ayuda a entender el contexto actual: una región que ha movilizado recursos, adaptado su normativa y activado a los distintos actores implicados para afrontar un problema estructural. La actuación de la Mancomunidad se inserta así en una hoja de ruta ya iniciada, reforzando un modelo que combina exigencia legal, inversión pública y responsabilidad ambiental.