Antelo se revuelve contra su expulsión de Vox y recurre al Comité de Garantías

Hace poco más de una semana que está fuera y ya quiere volver. El diputado regional José Ángel Antelo, quien fuera todo en Vox hasta que lo defenestraron el mes pasado, presentó esta semana un recurso de reposición al Comité de Garantías de la formación de Santiago Abascal para que revoque íntegramente su resolución del 19 de marzo, Día del Padre, por la que se le impuso la sanción de expulsión.

El expresidente provincial de Vox en la Región de Murcia y exportavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea autonómica exige que se acuerde su plena restitución como afiliado del partido y se le reconozcan todos los derechos que le correspondan.

El Comité de Garantías de Vox expulsó a Antelo catorce días después de que se le incoara un expediente disciplinario por el que se le suspendían sus derechos como afiliado y se le inhabilitaba para desempeñar cargo o función en el partido, y nueve días después de que el diputado regional formulara un escrito de alegaciones contra aquellas medidas cautelares.

En su decisión, el Comité de Garantías de Vox sopesó la supuesta "deslealtad", "rebeldía", "menoscabo de la imagen del partido" o "bloqueo de decisiones internas" por parte de Antelo. Entre ellas, seguramente esté su negativa a dimitir cuando así le instó la vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno y Coordinación Parlamentaria de Vox, Montserrat Lluis, aludiendo a la necesidad de "reorganizar" la formación.

El expulsado considera que la resolución que le deja fuera de la formación ultraconservadora es nula. Para empezar, fuentes cercanas al entorno el parlamentario afirman que el su recurso de reposición se apoya en que le decisión tomada vulnera su derecho de defensa por haber tenido en cuenta solo una versión de los hechos, la de la dirección nacional.

Por otro lado, para la defensa de Antelo, que no es otra que la del letrado Juan García-Gallardo (exvicepresidente de Castilla y León, también de Vox), el Comité de Garantías habría tomado la decisión basándose en recortes de prensa, referencias en redes sociales y otras valoraciones de parte que denotan falta de consistencia de las pruebas. Estas noticias de medios de comunicación que estaría usando el partido para esgrimir la expulsión del exlíder en Murcia son las mismas que hacen referencia a las declaraciones, entrevistas y ruedas de prensa del afectado tras la dimisión en bloque del Comité Ejecutivo Provincial, que provocó su cese como presidente.

También cree Antelo, según las mismas fuentes, que su sanción es improcedente por considerar una infracción disciplinaria muy grave el ejercicio de facultades de defensa y expresión en un contexto de conflicto interno.

En este punto, recuerdan que en el Manifiesto fundacional de Vox, vigente a fecha de hoy y, por tanto, de obligado cumplimiento, recoge expresamente que "la disciplina de partido no podrá invocarse nunca para coartar la libertad de opinión y expresión de los dirigentes y miembros del partido, puesto que Vox acepta como parte fundamental de su capital político la capacidad de análisis y la libertad de iniciativa de sus miembros".

De hecho, en el recurso de reposición presentado se subrayaría la controvertida manera en la que se produjo el relevo orgánico, que incluye la citada anteriormente dimisión en bloque de la estructura provincial, la reunión del Grupo Parlamentario Vox en la que se votó echar a Antelo de aquel órgano institucional y la presunta utilización irregular de la firma electrónica del grupo.

Cabe recordar que Antelo denunció que se habría ‘falsificado’ y usado su firma digital sin su consentimiento para refrendar su relevo al frente de la Portavocía del grupo parlamentario en la Asamblea y poner en su lugar a Rubén Martínez Alpañez. "¿Quién en su sano juicio registra su propio cese? Yo no he sido", aseguró entonces. Fue después de esa denuncia cuando su sustituto salió ante la prensa, visiblemente molesto, para anunciar que Antelo debía irse al Grupo Mixto, "con los comunistas".

La salida del expresidente provincial del partido en la Región se produjo después de la de su amigo personal Javier Ortega Smith, portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid; y todo apunta a que la próxima será la de Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, al que le abrieron expediente el pasado lunes. Su abogado, Juan García-Gallardo, denunciaba el jueves que había recibió un requerimiento para que dejara de hacer manifestaciones sobre el partido.

Piña con Ortega Smith y Espinosa de los Monteros para convocar un congreso

José Ángel Antelo tardó poco en darse cuenta de que, cuando la dirección nacional de Vox le invitó a dimitir como presidente provincial del partido, le estaban enseñando la puerta de salida para siempre. La oferta era dejarlo todo para ser Secretario de Deportes. Dijo que no y al día siguiente le retiraron sus responsabilidades orgánicas. A los pocos días, estaba fuera del grupo parlamentario y, a día de hoy, ya no es ni afiliado. Conforme le iban desplumando, más bravo se volvía contra los líderes del partido y más unido se sentía a otros dirigentes díscolos, convirtiéndose él también en parte del sector crítico que él mismo tuvo que combatir cuando era mandaba.

Desde hace pocas semanas promueve con Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith -y muchos otros descontentos con la dirección de Santiago Abascal- un manifiesto en el que piden la celebración de un congreso extraordinario en el que los afiliados puedan tener voz dentro del partido, defendiendo la necesidad de abrir un proceso interno que garantice la participación, la transparencia y el debate sobre el rumbo político de la formación.

Aunque sigue votando lo mismo que sus excompañeros de bancada en la Asamblea Regional y, de hecho, el Grupo Parlamentario Vox continúa defendiendo mociones que llevan la rúbrica del portavoz anterior, Antelo ya ha comenzado a levantar la voz sobre decisiones que considera equivocadas. La última vez fue el miércoles, cuando denunció que su expartido «traiciona los principios que defendemos desde el inicio», ya que en Baleares Vox acordó con el PP pedir un mínimo de 3 años de residencia legal para acceder a prestaciones sociales por parte de los extranjeros irregulares en lugar de eliminarlas completamente para inmigrantes. Está por ver si se trata de un desacuerdo puntual o si las posturas programáticas entre Antelo y Vox comienzan a distanciarse a partir de ahora.