Vox exige el acta a Garre y apunta a transferencias sin justificar tras su ruptura

La crisis abierta en Vox en Torre Pacheco tras la salida de José Francisco Garre ha sumado un nuevo capítulo horas después de hacerse pública su baja del partido. La dirección regional en Murcia respondió con dureza, exigiendo la entrega de su acta y la de las concejalas que han respaldado el pacto de gobierno con el PP, y deslizando sospechas sobre supuestas irregularidades económicas.

En un comunicado contundente, Vox acusa a Garre y a las ediles Ana Belén Martínez y María José Guillén de haber "traicionado a los votantes" y de haberse "vendido" al Partido Popular por intereses personales. La formación sostiene además que el acuerdo de gobierno se cerró sin aviso previo a la dirección y que tuvo conocimiento del mismo "por la prensa".

De forma muy sintética, el núcleo de la acusación gira en torno a dos transferencias —por un total de más de 16.000 euros— que, según Vox, Garre no habría justificado adecuadamente. La dirección asegura que se le requirió explicaciones semanas atrás y que, ante la falta de respuesta, se inició un expediente interno con vistas a su expulsión.

Frente a estas acusaciones, Garre ofrece una versión diametralmente opuesta y enmarca ese requerimiento en una estrategia de presión. Según explica, la petición de explicaciones sobre esos pagos fue utilizada para "amedrentarle" y evitar que avanzara en su intención de explorar un acuerdo de Gobierno o, en su caso, desligarse orgánicamente del partido.

El concejal, abogado de profesión, detalla que esos ingresos corresponden a trabajos jurídicos realizados durante años para el partido, en una etapa en la que —según afirma— asumía prácticamente en solitario la asesoría a concejales de numerosos municipios, además de funciones en el Comité de Garantías y en procesos internos.

Martínez Alpañez conocía los pagos

Garre sostiene que los pagos estaban acordados con responsables del grupo parlamentario, entre ellos Rubén Martínez Alpañez, nuevo portavoz del partido en la Asamblea Regional, y que eran conocidos dentro de la organización. Incluso asegura haber aportado pruebas y conversaciones que acreditarían ese conocimiento, documentos que también ha podido revisar esta Redacción. "Se sabía perfectamente por qué y cuánto se me estaba pagando", insiste.

Asimismo, afirma que llegó a mantener reuniones con responsables nacionales del partido en las que, lejos de cuestionar su labor, se le reconoció la carga de trabajo asumida e incluso se le pidieron disculpas por el desconocimiento de la misma.

Respecto a la insinuación de contraprestaciones en el pacto con el PP, Garre rechaza tajantemente la acusación y la califica de "ridícula". Aclara que cuando habló de "impulsar contratos" se refería a desbloquear servicios públicos esenciales —como limpieza, jardines o agua— que, según denuncia, estaban paralizados o en situación precaria. Ese bloqueo fue precisamente el detonante del acuerdo de gobierno: garantizar estabilidad institucional y permitir la gestión de servicios básicos. "No puedes tener un pueblo bloqueado por eso", subraya.

Lejos de rebajar el tono, Garre vincula estas acusaciones con el clima que ya denunció en días previos, marcado por presiones y advertencias. "Es lo que llevo padeciendo", afirma, insistiendo en que no quiere seguir vinculado a una forma de actuar que rechaza de plano.