Los vecinos de Lorquí llevan al Ayuntamiento ante el Defensor del Pueblo por tenerles bloqueados en las redes sociales

El Defensor del Pueblo puso el foco sobre una práctica que se extiende en silencio en varios ayuntamientos españoles: el bloqueo de vecinos en los perfiles institucionales de las redes sociales cuando estos expresan opiniones críticas con el equipo de gobierno. Entre los municipios señalados en su último informe anual figura Lorquí, convirtiéndose en el único municipio murciano en recibir una Recomendación formal de la institución por este motivo.

Junto al municipio de la Vega Media, el Defensor también dirigió sus recomendaciones a los ayuntamientos de Entrambasaguas (Cantabria), Villanueva de Perales (Madrid) y Mislata (Valencia), todos ellos denunciados por ciudadanos que vieron cómo sus perfiles eran bloqueados después de verter opiniones contrarias a la gestión municipal, sin que mediara procedimiento alguno y sin recibir ningún tipo de explicación oficial.

Silenciados por disentir

Los afectados relataron un patrón similar en todos los casos: expresaron su disconformidad con decisiones del equipo de gobierno a través de los canales institucionales en redes sociales y, como respuesta, fueron bloqueados de forma unilateral. El resultado, denunciaban, era "una situación de indefensión total".

La institución que dirige Ángel Gabilondo considera que esta forma de actuar no tiene cabida legal cuando no existe una regulación municipal previa que la respalde. Según recoge el informe, "sin regulación municipal que lo ampare, más allá de la que pueda tener establecida la red social, no cabe dejar la decisión de bloquear la participación de un ciudadano en el perfil municipal en manos de la persona que lo gestiona en las redes sociales, quien además en muchas ocasiones puede no contar con la debida formación".

Qué exige el Defensor a los ayuntamientos

La institución no se ha limitado a señalar el problema, sino que ha fijado con precisión las condiciones mínimas que deben cumplir los consistorios. En sus recomendaciones, ha instado a los cuatro ayuntamientos a aprobar un reglamento específico que regule la gestión de sus perfiles institucionales y establezca un procedimiento claro para cuando un usuario vulnere las normas.

Ese procedimiento, según el Defensor, debe garantizar al ciudadano afectado varios derechos fundamentales:

• Derecho de audiencia antes de que se adopte ninguna decisión.
• Derecho a recibir una explicación de los hechos que han motivado el bloqueo, especialmente si lo solicita formalmente a través del registro de entrada del ayuntamiento.
• Advertencia previa, en la que se le indiquen exactamente qué expresiones se consideran inadecuadas antes de proceder al veto.
• Límite temporal del bloqueo, para evitar que este pueda prolongarse de forma indeterminada o indefinida.

Los ayuntamientos, obligados por la Constitución

El informe recuerda que las redes sociales, a diferencia de los medios de comunicación tradicionales, no son un canal unidireccional: son a la vez fuente de información municipal y un instrumento de participación ciudadana. Y eso obliga a los ayuntamientos a jugar con otras reglas.

Por mucho que la informalidad de estas plataformas pueda hacer olvidarlo, un perfil institucional en Instagram, Facebook o X sigue siendo un espacio de una Administración pública, y como tal está sujeto al principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad. El Defensor lo deja claro en su informe: los consistorios deben "servir con objetividad a los intereses generales y procurar que su actuación, especialmente si produce efectos desfavorables para el ciudadano, se rija por los principios de seguridad jurídica, buena fe, responsabilidad, tipicidad y proporcionalidad".

Además, la institución recomienda que las normas reguladoras no solo se publiquen por los medios oficiales, sino que los propios perfiles en redes sociales incluyan un enlace directo a dichas normas, facilitando así que cualquier vecino pueda conocerlas de forma inmediata.