De una residencia de mayores ilegal en Cartagena a la explotación de jornaleros nepalíes: lo que investiga el Defensor del Pueblo en la Región de Murcia

Desde una residencia de mayores ilegal en Cartagena a la explotación de nepalíes en el campo, pasando por el sexismo en la Cofradía Marraja. El Defensor del Pueblo tiene varios frentes abiertos en la Región de Murcia, según se desprende del informe, elaborado por la institución y hecho público este martes, con datos de 2025.

En concreto, Ángel Gabilondo contabilizó 943 quejas en la Comunidad a lo largo de 2025, lo que representa el 2,59% de los expedientes recibidos a nivel nacional y una subida del 8,1% respecto al año anterior, cuando hubo 872.

En el caso de actuaciones concretas, por ejemplo, destaca la que inició de oficio tras las sospechas de que en la población de La Manchica, en el municipio de Cartagena, se hubiese instalado un establecimiento que estaría haciendo las veces de geriátrico, sin contar con la pertinente autorización.

A fin de indagar en este asunto, la institución se puso en contacto con el Gobierno autonómico, en concreto con la Consejería de Política Social, que dirige Conchita Ruiz Caballero, al tratarse del departamento del cual dependen las residencias de la tercera edad.

El Defensor del Pueblo, y así lo refleja en el documento elaborado y publicado, pidió a la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad que investigase «el supuesto funcionamiento ilegal de un establecimiento como residencia de personas mayores, en la localidad La Manchica (Cartagena)».

Este asunto continúa en marcha y no se ha resuelto al respecto.

Explotación en el campo

Más de 200 personas, en su mayoría hombres jóvenes procedentes de Nepal e India, permanecían en condiciones insalubres en varios alojamientos inadecuados. Aunque malvivían en la vecina provincia de Albacete, eran trasladados a la Región de Murcia, donde trabajaban como jornaleros.

Lo destaca Gabilondo en el informe. La situación de estas personas era «de total dependencia del supuesto empleador tanto para el alojamiento, la alimentación, como para el transporte. Ninguna de las personas había recibido un salario por el trabajo realizado.

El caso está judicializado y, de momento, «se han concedido 182 autorizaciones de residencia y se han recibido 233 informes emitidos por la Guardia Civil relativos a personas identificadas como víctimas de trata de seres humanos que han colaborado con la investigación del delito».

El Defensor del Pueblo pone el acento en que, según le han comunicado las autoridades, «se reconoce la imposibilidad de brindar la acogida necesaria a las potenciales víctimas por la carencia de medios idóneos».

El Islam en Jumilla

Los musulmanes residentes en Jumilla celebraron el viernes pasado el final del Ramadán en un parking. No les quedó otro remedio: en este pueblo se aprobó en agosto un acuerdo, en el Pleno, para prohibir rezos en las instalaciones deportivas municipales. Se trataba de una moción de Vox (que contó con el apoyo del PP) que pedía que se cambiase el reglamento de instalaciones deportivas.

El Defensor del Pueblo preguntó por este asunto al Consistorio jumillano, el cual le respondió (según detalla el documento del departamento de Gabilondo) que el tema «se encuentra sometido en el momento de elaboración de este informe a un procedimiento judicial».

«No obstante, el Defensor del Pueblo solicitó al citado Consistorio información sobre las medidas previstas a fin de facilitar el ejercicio de los actos de culto a las confesiones religiosas que, por sus características, hayan de ser celebrados en lugares públicos», concreta la institución, que aguarda la contestación.

El rezo del viernes en Jumilla, al que acudieron alrededor de 2.000 fieles, según cálculos de la organización, se desarrolló con total normalidad en el citado espacio abierto, aunque algunos de los asistentes tacharon luego de «indignas» las condiciones.

Por ejemplo, «a las mujeres las metieron en el patio de la Unidad Canina de la Policía Local», aseguraron estos fieles.