Política
Antelo, más a la derecha que Vox tras ser destronado en la Región de Murcia
Denuncia que su partido haya acordado con el PP en Baleares que los inmigrantes deban acumular tres años de residencia legal para acceder a ayudas sociales: "Traiciona los principios que defendemos desde el inicio"

José Ángel Antelo, diputado en el Grupo Mixto, este miércoles en la Asamblea. / Iván J. Urquízar
El expresidente provincial de Vox en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, que fue defenestrado por la dirección nacional de su partido a finales de febrero, cargó este miércoles contra Santiago Abascal por, en su opinión, haber cambiado de opinión sobre un tema fundamental sin contar con la militancia: "De querer deportar la inmigración ilegal a aceptarla y financiarla tras tres años de residencia".
Hace una semana que PP y Vox cerraron un acuerdo para eliminar las ayudas sociales a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular en Baleares. A través de una enmienda de los de Abascal a la ley de proyectos estratégicos se impedirá a estas personas acceder a la Renta Social Garantizada. A raíz de este acuerdo se pedirán un mínimo de 3 años de residencia legal en Baleares para acceder a este tipo de prestaciones por parte de los extranjeros irregulares. Asimismo, también se establecerá un mínimo de tres años de residencia para la ayuda de emancipación a extutelados. Hasta ahora, se solicitaba estar empadronado un año en las islas para poder acceder a estas ayudas.
Denuncia que tomen las decisiones "personas que ni siquiera están afiliadas" y que son "un grupo minúsculo"
Vox hubiera preferido eliminar las ayudas a inmigrantes completamente, pero el PP no le permitió llegar tan lejos en la negociación. Así lo explicó en sus redes sociales el propio portavoz nacional de Seguridad, Inmigración y Asuntos de Interior de la formación de Abascal, Samuel Vázquez: "Conseguiremos lo que podamos con la fuerza que nos den los ciudadanos, y cuando esos ciudadanos se den cuenta de quiénes son los responsables de no poder avanzar más, y nos den una mayoría suficiente, desplegaremos un plan completo de remigración".
Sin embargo, para Antelo, suspendido e inhabilitado por Vox tras la apertura de un expediente disciplinario, este acuerdo "traiciona los principios que defendemos desde el inicio". Durante un encuentro con los medios antes del inicio del Pleno de la Asamblea Regional, recordó que hace casi dos años Vox abandonó los gobiernos autonómicos al considerar una "línea roja" cualquier colaboración con políticas que favorecieran la inmigración ilegal. "Se nos dijo que nunca íbamos a colaborar ni a financiar la inmigración ilegal. Sin embargo, ahora vemos cómo se permite que, tras tres años de residencia, puedan acceder a ayudas sociales que muchos españoles no tienen", añadió.
Pide un congreso extraordinario con afiliados en el que se debata el rumbo político de la formación
Antelo, ahora más escorado a la derecha que cuando dirigía el partido en la Región, señaló directamente al líder nacional del partido, Santiago Abascal, como responsable de esta decisión, criticando que se haya adoptado sin debate interno. "Este tipo de decisiones deben abordarse en un congreso con participación de los afiliados", afirmó.
En este sentido, reclamó la convocatoria de un congreso extraordinario en el que se abra un proceso interno que garantice la participación, la transparencia y el debate sobre el rumbo político de la formación. Precisamente, Antelo es uno de los firmantes de un manifiesto que persigue este objetivo junto con Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, entre otros.
El exdirigente de Vox denunció que no se tomen las decisiones en el Comité Ejecutivo Nacional de la formación, "sino que las toman personas que ni siquiera están afiliadas al partido, que son un grupo minúsculo y que están llevando por derroteros absolutamente equivocados y erráticos a un partido que vino para ser una alternativa y que vino a defender la meritocracia". Al hilo, recriminó que el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia se haya colocado a la pareja del portavoz, Nerea Alzola, con un sueldo de 60.000 euros al año.
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