El Gobierno regional se planta contra la reforma del SMI porque "vulnera la ley" y "debilita la negociación colectiva"

El Gobierno regional denunció este martes que el anteproyecto de Real Decreto que fija las reglas de aplicación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "vulnera principios fundamentales del ordenamiento jurídico y debilita el papel de la negociación colectiva", según las alegaciones presentadas ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Así lo anunció la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, que señaló que el anteproyecto "invade claramente el ámbito de normas con rango de ley y quiebra principios básicos como la legalidad y la jerarquía normativa", al tiempo que ha advertido de que "se aparta de forma injustificada de la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo".

El documento remitido por la Dirección General de Trabajo de la Comunidad al Ministerio liderado por Yolanda Díaz subraya que la regulación propuesta "introduce cambios por vía reglamentaria que entran en conflicto con el Estatuto de los Trabajadores", según informó el Ejecutivo autonómico en un comunicado. Estas alegaciones presentadas van en contra de esas reglas de aplicación, "nunca en contra del Salario Mínimo Interprofesional", puntualizó López Aragón.

En relación con la normativa europea, la consejera criticó que "el texto olvida aspectos esenciales de la directiva, especialmente en materia de contratación pública", y resaltó que "no se puede exigir a las empresas el cumplimiento del SMI mientras la propia Administración no garantiza ese mismo cumplimiento en sus contratos y subcontratas".

La titular de Empresa cuestionó el nuevo sistema de actualización del SMI al asegurar que "el Gobierno central impone revisiones automáticas ligadas únicamente al IPC, ignorando factores clave como la productividad, el poder adquisitivo o la evolución real de los salarios".

La consejera de Empresa rechaza que el SMI se revise solo en función del IPC y no se tengan en cuenta la productividad o el poder adquisitivo

En este sentido, afirmó que "se trata de un enfoque incompleto que no se ajusta ni a la normativa europea ni al Estatuto de los Trabajadores".

Otro de los puntos analizados es la regulación de la compensación y absorción salarial. La consejera ha alertado de que "se limita de forma indebida un mecanismo reconocido legalmente" y ha incidido en que "el Tribunal Supremo ha dejado claro que el SMI es un umbral global anual y no un salario base, por lo que esta modificación altera su propia naturaleza".

"Intervencionismo" del Ejecutivo

Por otro lado, López Aragón advirtió de que "este anteproyecto supone un cambio de modelo en las relaciones laborales", al considerar que "sustituye el diálogo social por un mayor intervencionismo del Gobierno".

A su juicio, "se desincentiva la negociación colectiva y se reduce la autonomía de sindicatos y empresarios para fijar salarios, lo que rompe el equilibrio del sistema". La consejera también puso el foco en la memoria de análisis de impacto normativo cuando indicó que "carece del rigor exigible, sin estudios económicos completos ni evaluación de cargas administrativas", algo que "vulnera los principios de buena regulación y transparencia que deben guiar cualquier iniciativa normativa".

Con estas alegaciones, el Gobierno regional reclama así al Ejecutivo central "una revisión en profundidad del anteproyecto para garantizar su adecuación al marco legal, el respeto a la negociación colectiva y una correcta transposición de la directiva europea".