Bruselas investigará los residuos peligrosos de Zinsa tras años de inacción y polémica en Cartagena

La problemática ambiental de los terrenos de la antigua factoría de Española del Zinc en Cartagena vuelve a situarse en el foco europeo. Tras años de denuncias vecinales, actuaciones judiciales y acusaciones de inacción institucional, el caso dará ahora el salto a Bruselas, donde será examinado por el Parlamento Europeo.

Podemos ha logrado que la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo incluya en el orden del día de su próxima sesión, prevista para los días 15 y 16 de abril, el análisis de la situación de los suelos contaminados y las balsas de residuos peligrosos ubicadas en Torreciega. La iniciativa responde a las reclamaciones vecinales y denuncia lo que la formación considera un incumplimiento grave de la legislación ambiental europea.

Según la petición registrada, en la zona permanecen abandonadas más de 5,2 millones de toneladas de residuos peligrosos desde el cierre de la planta en 2008, lo que estaría afectando tanto a los suelos como a las aguas superficiales y subterráneas, con posibles consecuencias para la salud pública, especialmente entre los residentes cercanos.

La portavoz de Podemos en la Región de Murcia, María Marín, valoró la inclusión del asunto en la agenda europea como "una magnífica noticia" para los vecinos de Cartagena, y subrayó que la iniciativa permitirá que Europa "analice la situación del vertedero de residuos peligrosos de Torreciega".

Marín recordó que en agosto de 2024 un juzgado ordenó el sellado urgente de las balsas tóxicas por el riesgo que suponían, pero denunció que, desde entonces, "la inacción del Gobierno regional, del Ayuntamiento de Cartagena y también de la justicia ha sido total". En este contexto, defendió que acudir a las instituciones europeas era el único camino posible: "Solo nos quedaba una opción, que era recurrir a las autoridades europeas".

El movimiento de Podemos se produce además en un escenario judicial complejo. Tras varios años de investigación, un juzgado de Cartagena ha archivado recientemente la causa penal contra los actuales propietarios de los terrenos, al no apreciar indicios suficientes de delito ambiental. La resolución también deja sin efecto las medidas cautelares que obligaban al sellado inmediato de las balsas, una decisión que ha generado preocupación entre colectivos vecinales y ecologistas.

Pese a este revés en la vía judicial, Marín insiste en que la situación sigue siendo "una enorme vergüenza" y advierte de que el problema trasciende el ámbito local. "Aquí se está produciendo un gravísimo incumplimiento de la legislación ambiental europea", afirmó, reiterando que los residuos "contaminan suelos y aguas y suponen un enorme riesgo para la salud pública".

La dirigente de Podemos anunció además que acudirán a Bruselas junto a vecinos y plataformas ciudadanas para defender sus reclamaciones. "No nos vamos a quedar de brazos cruzados", aseguró, al tiempo que avanzó que"“iremos con los vecinos y vecinas y llegaremos hasta donde haga falta llegar para que se arregle esta situación".

La cita en el Parlamento Europeo marcará un nuevo capítulo en un conflicto que lleva más de una década sin resolverse y que ahora busca en Europa una respuesta que, hasta el momento, no ha llegado desde las administraciones competentes.