Los ayuntamientos de la Región exigen al Estado usar el superávit con libertad y "sin fecha de caducidad"

Sin «fecha de caducidad» y que cada uno pueda destinar el dinero a lo que realmente necesiten sus ciudadanos dependiendo de cada caso concreto. Los alcaldes murcianos exigen total libertad al Gobierno central para poder gastar el superávit que hayan conseguido sus ayuntamientos sin ataduras en cuanto a plazos o a qué inversiones concretas se tengan que realizar con esos fondos.

«Si hay ayuntamientos con un superávit importante, no puede ser que toda la acción económica tenga que trasladarse a 2027. Por eso, lo que estamos pidiendo es una ampliación sin fecha de caducidad. Por poner un ejemplo, si queremos llevar a cabo un proyecto de rehabilitación integral de un palacete o una urbanización para construir vivienda, es evidente que un ayuntamiento con un superávit de 8 o 9 millones de euros no puede realizar todo el proceso de licitación, ejecución y justificación del gasto en poco más de un año». Así lo defiende en declaraciones a La Opinión el presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia y alcalde de Ulea, Víctor Manuel López Abenza.

En estas últimas semanas, la situación ha girado de una prórroga ya conseguida a una presión tanto de la Federación a nivel nacional (FEMP) como política para ampliar mucho más la libertad de gasto local a través de las enmiendas presentadas al proyecto de ley.

El punto de partida es que el real decreto aprobado por el Gobierno y convalidado por el Congreso a finales del pasado año ya permitía a ayuntamientos usar el superávit de 2024 para las denominadas inversiones financieramente sostenibles (aquellas destinadas a rehabilitación de calles, mejora de alumbrado, eficiencia energética, accesibilidad, instalaciones deportivas, equipamientos públicos, redes de agua, movilidad urbana u otras actuaciones parecidas) hasta finales de 2027.

Con las enmiendas de la FEMP, a las que se sumaron Partido Popular, PSOE, Junts e Izquierda Sumar, figuran la prórroga indefinida del destino del superávit, la habilitación temprana para su aplicación si no hay Presupuestos Generales del Estado, la posibilidad de inversiones financieramente sostenibles con carácter plurianual y la actualización de las entregas a cuenta antes del 31 de marzo de 2026.

Con los últimos datos de las cuentas del superávit a cierre del ejercicio 2024, López Abenza calcula que los consistorios murcianos terminaron con unos remanentes positivos que rondarían los 130 millones de euros para poder gestionarlos y dedicarlos a distintas inversiones municipales.

Para el uleano, la unión tanto de los ayuntamientos como de los partidos políticos ha sido «muy clara». Hay proyectos, defiende el regidor, que son «tremendamente necesarios para la sociedad, como el de la vivienda, donde debería existir una prórroga indefinida del uso del superávit hasta completar el proyecto». No obstante, señala que incluso puede ocurrir que en los primeros años se siga una línea para un proyecto concreto y que, posteriormente, cambie «en función de las necesidades de los ciudadanos», por lo que exige al Estado que deje autonomía y libertad a los consistorios para que dejen estar «atados de pies y manos» y «encorsetados».

«No puede ser que, tratándose de recursos propios generados por los ayuntamientos, tengamos que estar condicionados por decisiones del Gobierno para determinar qué hacemos con ese dinero y en qué momento lo hacemos. Eso también lo refleja la enmienda», recuerda el edil.

Otro aspecto «muy importante» para López Abenza es que hay ayuntamientos que, por cualquier motivo, no han cumplido con la Ley de Sostenibilidad Financiera. Por ejemplo, aquellos que se retrasan en el pago a proveedores (si pasan, por ejemplo, de 30 a 41 días) quedan fuera de poder invertir su superávit.

«Lo que se pide es que se flexibilice esta situación, porque precisamente esos ayuntamientos podrían beneficiarse de utilizar su superávit para ejecutar inversiones y mejorar su situación económica general», sostiene.

Como primera línea de atención a vecinos y ciudadanos, «somos nosotros, la primera trinchera, quienes mejor conocemos sus necesidades y debemos tener autonomía para decidir dónde destinar los recursos sobrantes de cada ejercicio», reitera el presidente de la Federación de Municipios de la Región.

Esperando las entregas a cuenta

Para el representante de los alcaldes murcianos también traslada la urgencia de que el Gobierno actualice e informe a los ayuntamientos sobre las entregas a cuenta de 2026 antes de finales de marzo para que los equipos de Gobierno puedan ajustar los presupuestos ya aprobados o elaborar los pendientes con mayor precisión.

«No podemos depender de que se aprueben o no los Presupuestos Generales del Estado para conocer esas cantidades. Por eso, hemos solicitado que antes del 31 de marzo se comunique a todos los ayuntamientos cuál será la cantidad que recibirán durante el ejercicio 2026», señala.

López Abenza advierte que, como ocurre en Ulea, en muchos municipios pequeños esta participación supone entre el 25 y el 30% de sus ingresos. «El año pasado, por ejemplo, no se conoció esta cifra hasta junio o julio, lo que dificulta enormemente la planificación. Si se conoce con antelación, esos ingresos se pueden destinar a mejorar servicios como la limpieza, el mantenimiento de vías públicas o la gestión municipal en general. Por eso es vital disponer de esa información antes de que termine el primer trimestre», sostiene.