23 años sin elecciones agrarias en la Región de Murcia: ¿estabilidad o asignatura pendiente?

La irrupción de una nueva organización en el tablero agrario de la Región de Murcia ha reabierto un debate que llevaba más de dos décadas en silencio: el de la representatividad del campo y la posible convocatoria de elecciones agrarias. Desde el año 2002, cuando se celebraron los últimos comicios a la Cámara Agraria regional, el equilibrio entre las principales organizaciones se ha mantenido prácticamente inalterado. Pero la llegada de nuevos actores o la reciente celebración de comicios en Cataluña o Asturias han vuelto a poner la cuestión sobre la mesa.

El sistema actual descansa sobre un reconocimiento tácito entre Asaja Murcia, COAG y UPA, las tres organizaciones históricas con implantación en la Región. Una "unidad de acción" que, según coinciden sus representantes, ha permitido articular una interlocución eficaz con la Administración autonómica durante años.

Sin embargo, la reciente aparición de la Unión Agraria Región de Murcia, integrada en Unión de Uniones, ha introducido un elemento de tensión. Su exigencia de convocar elecciones para "ver quién es quién" ha obligado a posicionarse a las organizaciones tradicionales, que, aunque no rechazan de plano el debate, sí cuestionan su oportunidad.

Desde Asaja, su secretario general, Alfonso Gálvez, describe el escenario actual como un equilibrio consolidado. "Aquí hay un ‘status quo’, un reconocimiento mutuo y una colaboración con la Administración", explica, en referencia a un modelo que, a su juicio, ha funcionado. Gálvez considera que hablar de elecciones en este momento es "aventurado", dado el elevado número de asociaciones inscritas y la dificultad de medir su verdadera representatividad.

El dirigente agrario introduce además un elemento práctico: el coste y el impacto de un proceso electoral. "Entraríamos en una confrontación similar a una campaña política", advierte, algo que podría desviar recursos y atención de los problemas reales del campo. En su opinión, antes de abrir ese melón habría que clarificar el marco normativo, especialmente una ley estatal de representatividad aún sin desarrollar. Mientras tanto, apunta, "el mejor indicador sigue siendo la afiliación de los agricultores".

Una visión que, en parte, comparte José Miguel Marín, presidente regional de COAG. Aunque subraya que su organización "no tiene ningún miedo a unas elecciones", también cree que el debate "se está precipitando". Marín recuerda que el sector atraviesa un momento crítico, con retos como los costes de producción, el agua o la Política Agraria Común, que deberían centrar las prioridades.

En su análisis, la ausencia de elecciones durante más de 20 años no ha generado un vacío de representatividad. Al contrario, destaca la fortaleza de la unidad entre las tres organizaciones históricas, que han actuado de forma coordinada en movilizaciones y negociaciones. "Quizá no las hemos echado en falta porque hemos tenido una sintonía muy importante", señala.

Más crítico se muestra con la entrada de nuevas estructuras sin implantación consolidada, en referencia a Unión Agraria Región de Murcia. Sin mencionar nombres, advierte del riesgo de "remover el árbol" sin una base real en el territorio, lo que considera una irresponsabilidad en un momento delicado para el sector.

Desde UPA Murcia, su secretario general, Marcos Alarcón, introduce un matiz diferente. Coincide en que no existe una urgencia inmediata para convocar elecciones, pero sí defiende la necesidad de actualizar el sistema de medición de la representatividad. "En Murcia ahora mismo no tenemos ningún modelo", reconoce.

Marcos Alarcón propone avanzar hacia un mecanismo más amplio que tenga en cuenta no solo las afiliaciones, sino también la actividad real de las organizaciones: oficinas abiertas, formación, gestión de expedientes o presencia territorial. En ese esquema, las elecciones serían "un elemento más", pero no necesariamente el único ni el más prioritario.

"El vacío de representatividad no existe", coincide, subrayando que las tres organizaciones tradicionales siguen siendo el principal canal de interlocución con el Gobierno regional. No obstante, señala que la aparición de nuevos actores y sobre todo los cambios en las dos últimas décadas invitan a reflexionar sobre el sistema y adaptarlo a la realidad actual.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Agricultura recuerdan que la representatividad en la Región se rige aún por la disposición transitoria de la Ley 5/2008, que mantiene el equilibrio derivado de las elecciones de 2002. Sobre la posibilidad de convocar un nuevo proceso electoral, el Ejecutivo regional evita pronunciarse.

El trasfondo del debate es, en última instancia, una cuestión de modelo. Mientras algunos apuestan por validar la representatividad mediante elecciones periódicas, otros defienden sistemas mixtos o indicadores alternativos. Todo ello en un contexto en el que el sector agrario afronta desafíos estructurales y una progresiva reducción del número de profesionales.

La pregunta, por tanto, no es solo si deben convocarse elecciones, sino cuándo y con qué objetivo. Para unos, podrían reforzar la legitimidad del sistema; para otros, suponen una distracción innecesaria en un momento crítico. Entre tanto, el asociacionismo profesional del campo murciano sigue funcionando bajo un equilibrio que, aunque cuestionado por unos pocos, continúa operativo y perfectamente engrasado.