Planas mantiene el veto al Movento pese a la presión

La presión política y territorial no ha logrado mover la posición del Ministerio de Agricultura. Pese al creciente frente autonómico, a las iniciativas parlamentarias y a los daños que ya se cuentan por miles de hectáreas en el arco mediterráneo, el departamento que dirige Luis Planas mantiene el pulso y descarta autorizar de manera excepcional el uso del insecticida Movento, de la empresa Bayer.

La decisión, lejos de suavizarse, se reafirma en las respuestas oficiales remitidas a La Opinión de Murcia: el Ministerio no da su brazo a torcer y vincula cualquier posible cambio a un escenario técnico y regulatorio complejo, de difícil resolución a corto plazo.

En esencia, el argumento central del Ministerio pivota sobre la interpretación estricta del artículo 53 del Reglamento (CE) nº 1107/2009, que regula las autorizaciones excepcionales. Según fuentes del propio departamento, "hay otras soluciones que se ajustan mejor a los requisitos" de esta norma, en referencia al sulfoxaflor y al ciantraniliprol, dos materias activas que sí han recibido luz verde en situaciones puntuales. Con esta afirmación, el Ejecutivo rechaza implícitamente la tesis del sector agrícola, que sostiene que la gravedad de la plaga (más de 6.000 hectáreas afectadas en la Región) y la falta de eficacia real de las alternativas justificarían una medida de emergencia.

El rechazo a Movento se apoya, además, en un elemento clave: la situación legal de su principio activo. El Ministerio recuerda que el spirotetramat "es una sustancia activa prohibida en la Unión Europea", lo que, a su juicio, inclina la balanza hacia otras opciones consideradas más seguras. Aunque no se detallan informes concretos sobre impactos en salud humana o medio ambiente, esta referencia a su estatus comunitario actúa como argumento de fondo para descartar su uso, incluso en un contexto de crisis fitosanitaria.

En cuanto a las alternativas, el discurso oficial se mantiene invariable. El Ministerio insiste en que ya ha autorizado excepcionalmente otras soluciones y evita entrar en el debate técnico sobre su eficacia. De este modo, no responde de forma directa a las críticas del sector murciano, que alerta de resistencias y de una menor capacidad de penetración de los productos disponibles. La respuesta institucional se limita a reiterar que las opciones aprobadas son las adecuadas dentro del marco normativo vigente.

Tampoco hay margen, por ahora, para reconsiderar la decisión en clave comparativa europea. Frente a las quejas por el supuesto agravio competitivo —con varios países de la UE permitiendo el uso del spirotetramat—, el Ministerio subraya que estas autorizaciones son competencia nacional. "Son decisiones nacionales, según la normativa comunitaria", recalcan, cerrando la puerta a que el comportamiento de otros Estados miembros condicione la política española.

Donde sí se abre, aunque de forma muy condicionada, una posible vía futura es en el terreno regulatorio europeo. El Ministerio deja claro que cualquier reconsideración pasaría por que la empresa titular del producto inicie un procedimiento de autorización de la sustancia activa a nivel comunitario. Solo en ese caso, y siempre que se generen los datos necesarios para demostrar su seguridad y cumplimiento normativo, podría plantearse un cambio de escenario. "Sería una buena noticia", apuntan, en una frase peculiar que, sin embargo, traslada la responsabilidad fuera del ámbito inmediato de decisión política.

Este planteamiento refuerza la idea de fondo que subyace en toda la respuesta ministerial: la negativa no es coyuntural, sino estructural. Mientras las comunidades autónomas elevan la presión y el sector agrario advierte de pérdidas crecientes, el Gobierno central se aferra a una interpretación restrictiva de la normativa europea y a la disponibilidad de alternativas que, aunque cuestionadas sobre el terreno, cumplen —según su criterio— con los requisitos legales.

Así, el conflicto queda encallado en un punto muerto. Por un lado, las regiones afectadas reclaman medidas urgentes ante una plaga que avanza con rapidez; por otro, el Ministerio sitúa cualquier solución fuera del corto plazo, en un proceso de validación científica y regulatoria que puede prolongarse durante años. En ese equilibrio tenso, el campo sigue esperando respuestas mientras el margen de maniobra institucional se estrecha.

Declaraciones del Gobierno regional

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, señala que su petición es que el Movento se mantenga de manera excepcional durante un tiempo para "poder salvar los cultivos que se están viendo afectados".

Argumenta que esta 'prórroga' ya se ha visto en otros países comunitarios: "Es lo mismo que se ha solicitado en Portugal, ItaliaFranciaAlemaniaGrecia y Eslovenia". Desde su punto de vista, con la decisión de mantener el veto, el Gobierno de España está dando a entender que estos estados están poniendo en riesgo la salud de sus consumidores y del medioambiente.

Por otro lado, añade que se trata de un producto que ha estado presente durante muchos años y "no se ha producido ninguna crisis de salud pública o en el ecosistema; no tienen argumentos técnicos ni legales y están dando la espalda a nuestros agricultores". Explica que los agricultores les han dicho que han usado los productos autorizados, pero no han podido frenar la plaga.

Según afirman desde las organizaciones agrarias y asociaciones de productores, las pérdidas superan los 90 millones de euros tras haber tenido más de 6.000 hectáreas afectadas.