Rebelión de las autonomías contra el ministro Planas por la imparable plaga del pulgón

La presión política y territorial sobre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación va en aumento. A la iniciativa parlamentaria registrada la pasada semana por los diputados nacionales de Vox por Murcia, Lourdes Méndez y Joaquín Robles, que solicitaron la comparecencia del ministro Luis Planas en el Congreso para explicar la negativa al uso excepcional del insecticida Movento, se suma ahora un frente autonómico cada vez más amplio. El trasfondo técnico del conflicto reside en la negativa del Ministerio a autorizar el uso excepcional del spirotetramat —principio activo del Movento— al considerar que no se cumplen los requisitos de la normativa europea para activar mecanismos de emergencia. Sin embargo, las comunidades afectadas y las organizaciones agrarias sostienen que la gravedad de la plaga, favorecida por condiciones climáticas inusuales (temperaturas suaves y humedad), justifica medidas extraordinarias.

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, ha elevado el tono y el alcance de la reivindicación al anunciar que ya son once comunidades autónomas las que han movido ficha para que este asunto llegue a la Conferencia Sectorial. En una entrevista en el informativo matinal de La7, Rubira reclamó al Gobierno central que "rectifique y autorice" este producto fitosanitario, considerado clave para frenar la expansión del pulgón que está golpeando con fuerza al campo del Levante.

La consejera advirtió de las consecuencias económicas y competitivas de la decisión ministerial. Según explicó, la negativa "pone en desventaja a nuestros productores y exportadores" frente a otros países europeos donde sí está permitido el uso de esta materia activa. En concreto, recordó que hasta seis Estados de la Unión Europea (Francia, Italia, Alemania, Portugal, Grecia y Eslovenia) han autorizado su aplicación, lo que, a su juicio, genera un escenario de competencia desigual.

Seis países de la Unión Europea han autorizado la aplicación del insecticida

Rubira también puso el acento en la dimensión política del conflicto. Confirmó que once comunidades —entre ellas Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón o Castilla y León— han solicitado formalmente que el debate se aborde en la próxima Conferencia Sectorial de Política Agrícola, pero de momento solo se ha logrado que se trate en el Consejo Consultivo de la semana que viene, un órgano de menos peso e influencia institucional. "Nos hubiera gustado que fuera un punto de la Conferencia Sectorial para que el debate constara en acta", subrayó Rubira.

El movimiento coordinado de estas autonomías refuerza la presión institucional sobre el Ministerio en un momento especialmente delicado para el sector. "Este no es un problema solo de la Región de Murcia", insistió Rubira, destacando la dimensión nacional de una crisis fitosanitaria que afecta a miles de hectáreas y a cultivos estratégicos.

En Almería ya se han destruido más de 2.000 hectáreas, con un ritmo de avance estimado en 250 hectáreas semanales que deben ser arrancadas para intentar frenar la propagación del insecto. En la Región de Murcia, los daños superan las 6.000 hectáreas y afectan especialmente a cultivos estratégicos como la lechuga, el brócoli y la alcachofa, y la preocupación se extiende también a la Comunidad Valenciana, donde el pulgón no solo debilita las plantaciones, sino que actúa como vector de virus como la Clorosis Nervial Amarilla (CYVCV) en cítricos, una amenaza que podría dejar fuera de los mercados de exportación una parte significativa de la cosecha.

Cerca de 10.000 hectáreas afectadas entre Almería, Murcia y Comunidad Valenciana

La consejera también aportó datos que evidencian, a su juicio, una falta de respuesta adecuada por parte del Gobierno. Desde comienzos de 2026, las comunidades han solicitado la autorización excepcional de 18 productos fitosanitarios, de los cuales solo tres han sido aprobados, ocho rechazados y siete siguen pendientes de resolución. Un balance que, en palabras de Rubira, refleja una insuficiencia de herramientas para hacer frente a la plaga.

En paralelo, la responsable autonómica dirigió un mensaje directo al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, al que instó a cumplir sus compromisos con el sector agrario. Rubira le reclamó que traslade al Ministerio la urgencia de autorizar de forma excepcional este producto "necesario para que nuestro sector no siga perdiendo miles de hectáreas en producción".

Alternativas que no convencen

Ante la negativa a autorizar el spirotetramat, el Ministerio ha optado por habilitar otras materias activas bajo condiciones muy restrictivas. La principal alternativa es el sulfoxaflor, autorizado de forma excepcional y temporal en determinados cultivos como apio, cítricos o frutales de hueso. Sin embargo, el sector agrario considera que estas soluciones no están a la altura de la magnitud del problema. Técnicos especializados advierten de que este compuesto presenta una menor capacidad de penetración en la planta, al carecer de la doble movilidad —ascendente y descendente— que sí ofrece el producto solicitado, lo que dificulta alcanzar a los pulgones que se alojan en zonas internas de cultivos como lechugas o cogollos.

A ello se suma su impacto sobre los polinizadores, que obliga a aplicar los tratamientos en horario nocturno y a comunicar las intervenciones con al menos 48 horas de antelación a los apicultores, complicando la logística diaria de las explotaciones.

Junto a estas medidas, el Ministerio insiste en reforzar la gestión integrada de plagas y el control biológico mediante la suelta de insectos auxiliares. No obstante, fuentes técnicas coinciden en que, ante una proliferación del pulgón tan acelerada como la actual, estas estrategias resultan insuficientes por sí solas para proteger las cosechas de primavera, lo que sitúa al arco mediterráneo en una posición de especial vulnerabilidad económica.