El Tribunal Constitucional mantiene suspendida la reforma que elimina las ayudas directas a sindicatos y patronal en la Región de Murcia

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado mantener la suspensión de la Ley 2/2025 de la Región de Murcia, la reforma impulsada para eliminar la financiación nominativa y directa a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas por su labor de participación institucional. El auto, fechado el 11 de marzo de 2026, concluye que levantar ahora esa suspensión causaría perjuicios graves tanto al interés general como a los intereses de terceros.

La norma recurrida suprimía la obligación del Gobierno autonómico de incluir en los presupuestos una partida nominativa destinada a compensar los gastos derivados de esa participación institucional. En su lugar, dejaba en manos del Consejo de Gobierno la posibilidad de establecer ayudas y, en su caso, concederlas en régimen de concurrencia competitiva. Además, eliminaba el artículo relativo al sistema de justificación y control de esas compensaciones.

El recurso fue presentado por el Gobierno central al entender que la ley murciana invade competencias exclusivas del Estado en materia de libertad sindical y legislación laboral. Según sostiene la Abogacía del Estado, la reforma autonómica rompe el criterio de "mayor representatividad" que rige la participación institucional de sindicatos y patronal y desactiva el mecanismo estable de financiación que permitía sufragar esa función.

El auto se limita a retrasar su entrada en vigor mientras se resuelve el recurso de inconstitucionalidad

Además, el auto considera acreditado que, si la ley entrara en vigor, la Comunidad Autónoma podría no reservar ninguna partida presupuestaria para financiar esa participación institucional. Incluso aunque lo hiciera, las organizaciones afectadas perderían la certeza sobre la cuantía, el momento del cobro y la estabilidad de esos recursos, al quedar sujetos a convocatorias competitivas y a la discrecionalidad del Ejecutivo regional.

El tribunal entiende que ese cambio no tiene un impacto meramente económico. A su juicio, afecta directamente a la función constitucional que desempeñan las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, reconocida en el artículo 7 de la Constitución. El auto recuerda que esa mayor representatividad les otorga una "singular posición jurídica" en materia de representación colectiva e institucional, lo que justifica un trato diferenciado.

Otro de los motivos que pesan en la decisión es que el nuevo modelo podría abrir la puerta a repartir ayudas entre organizaciones que no ostenten la condición de más representativas, rompiendo así el criterio constitucional y legal que, según la doctrina vigente, debe regir la participación institucional. El auto recoge además el argumento de que ello podría favorecer una atomización de la representación sindical y empresarial y alterar el principio de paridad entre ambas partes.

Esta modificación legislativa fue el primer requisito de Vox para aprobar los Presupuestos de 2025

Frente a ello, el TC considera que el perjuicio que sufre la Comunidad Autónoma por mantener suspendida la ley es menor, ya que se limita a retrasar su entrada en vigor mientras se resuelve el recurso de inconstitucionalidad. Por eso concluye que la opción "menos lesiva" es mantener la suspensión de la norma murciana hasta que haya sentencia definitiva.

En consecuencia, la ley seguirá paralizada y continuará aplicándose el sistema anterior, basado en ayudas nominativas consignadas en los presupuestos regionales para compensar la participación institucional de sindicatos y patronal más representativos.

Cabe recordar que este fue uno de los primeros compromisos con Vox asumidos por el PP en 2023, cuando alcanzaron un pacto de gobierno, y ejecutado en 2025 para pactar los Presupuestos de la Comunidad prorrogados este año.

Alpañez defendió que la reforma afectaba a competencias autonómicas

Tras llevar el caso al TC, la Asamblea Regional de Murcia aprobó que la Cámara se personara y presentara alegaciones ante el Constitucional en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos. La ponencia, defendida por el portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, aseguraba que la personación de la Cámara al entender que el asunto afecta a competencias autonómicas.

Entre las observaciones de fondo incluidas en el informe, Martínez citó, en primer lugar, "la libertad de configuración normativa del legislador autonómico en materia de subvenciones y participación institucional en virtud de la Constitución Española".

En segundo lugar, defendió que "la Constitución Española no reconoce como derecho fundamental de la libertad sindical el obtener financiación pública".

Asimismo, apuntó que hace uso del ejercicio legítimo de competencias autonómicas porque "no se trata de una competencia exclusiva del Estado en materia legislación laboral, sino de diálogo institucional a nivel autonómico".