Acabar con las incompatibilidades en la dependencia tendrá un coste de 16 millones adicionales en la Región de Murcia

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia ha hecho cuentas sobre lo que puede costarle una de las medidas más esperadas de la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidadque ya se tramita en el Congreso de los Diputados: poner fin al régimen de incompatibilidades en las prestaciones que se introdujo en el año 2012 . «Si se pidiera la compatibilidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y centro de día, y la compatibilidad de centro de día y ayuda a domicilio, tendría un coste estimado de 16 millones de euros adicionales», señalan desde el Gobierno regional.

Todo dependerá, explican desde la Consejería, «de los servicios que se soliciten para ser compatibilizados».

La normativa impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, incorpora la accesibilidad universal como un derecho y una obligación de todos los poderes públicos y contiene medidas destinadas a agilizar y desburocratizar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad. Para avanzar en la autonomía de las personas con discapacidad y fomentar su inserción laboral, la medida también permite compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema. Además, el proyecto de ley va a ampliar el catálogo de servicios y prestaciones para las personas en situación de dependencia y las que tienen una discapacidad y va a eliminar el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

No se puede impulsar nada nuevo si el Gobierno de España no abona la deuda que tiene con los murcianos

Conchita Ruiz

— Consejera de Política Social

Desde la Consejería de Política Social subrayan que su postura es a favor de incluir nuevos servicios en la Ley de Dependencia y Discapacidad. Eso sí, siempre que estos vengan acompañados de la financiación necesaria por parte del Gobierno central. Por eso, creen que «debería quedar establecido por ley que el Gobierno central tiene que asumir el 50% de los gastos derivados de estos servicios». En la actualidad, su aportación, cuando debería ser del 50%, apenas supera el 26%, recalcan.

Y no solo eso, la Consejería de Conchita Ruiz ha hecho más cálculos y denuncia que esta infrafinanciación supone que, desde 2018, la deuda acumulada del Gobierno central con la Región de Murcia en materia de dependencia es de cerca de 550 millones de euros.

Hace una semanas, la consejera advertía de que «no se puede impulsar nada nuevo si el Gobierno de España no abona la deuda que tiene con los murcianos». En otras palabras, «no se puede abrir una nueva línea de servicios si no se garantiza el mantenimiento y la supervivencia de los que ya existen», insistió.

Compromiso de llegar al 50%

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 explican que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) es un sistema con solo 19 años de desarrollo y que «en la etapa de crecimiento y consolidación sufrió un recorte superior a los 5.400 millones de euros por parte del Gobierno del PP». Para contrarrestarlo, «el Ministerio de Derechos Sociales promovió un plan de choque entre 2021 y 2023 con el que se comprometía a incrementar en 3.600 millones de euros la financiación», añaden, y en el periodo 2021-2023 el incremento de financiación estatal fue, de hecho, de 3.793 millones de euros.

Después de este plan, la aportación anual del Gobierno se ha situado en los 3.758 millones de euros en el año 2025, «una cifra que más que triplica la cuantía de la financiación estatal que realizaba durante el Gobierno del PP en 2015 y que se limitaba a 1.193 millones», destacan.

El Ministerio destaca que en 2025 aportó la cifra récord de 93,7 millones, casi el doble que en 2015, con el PP

Sobre la Región de Murcia, el Ministerio informa que en 2025 aportó a esta comunidad la cantidad récord de 93,7 millones de euros, el 26,81% del gasto total en dependencia. «En 2015, con el Partido Popular, el Gobierno central apenas aportaba 50 millones de euros; es decir, 43 millones menos o casi la mitad». Pese a la mejora gradual, el Gobierno central es consciente de que cubre poco más de un cuarto de todo el gasto, pero se muestra firme en su «compromiso» de llegar al 50% para la Región de Murcia y el resto de las comunidades.

Esta inyección extraordinaria de fondos ha conllevado el aumento de personas con prestación efectiva, con 17.690 más a final de febrero de 2026 que a final de 2020 (+44%).

Apoyo a los PGE

Lo que «preocupa» al Ministerio de Pablo Bustinduy es el aumento del tiempo medio de gestión y de la lista de espera en la Región, «algo que otras comunidades han logrado reducir en los últimos tiempos, como Andalucía o Castilla y León».

Además, recuerdan que este gobierno ha realizado inversiones en este territorio que son «adicionales a los esfuerzos para revertir la infrafinanciación ocasionada por el Partido Popular». En primer lugar, se han transferido 9,9 millones para potenciar la teleasistencia y otros 45,6 millones de euros para la modernización de plazas residenciales. Igualmente, se ha mantenido el apoyo a 6.003 cuidadoras «cubriendo las cotizaciones que el PP dejó de pagar con Rajoy» y, el pasado otoño, se ha desarrollado el nuevo Grado III Plus de dependencia extrema. Este nivel de atención reforzado para afectados por ELA y situaciones asimilables, cuya aportación pública total es de hasta 9.860 euros mensuales al mes por paciente, parte desde su creación con el 50% garantizado de financiación del Ejecutivo central.

Asimismo, subrayan que, para que el SAAD siga creciendo y aumentando sus recursos, el «esfuerzo financiador se tiene que redoblar y se tiene que hacer en los Presupuestos Generales del Estado. «Es a través de los PGE donde se pueden movilizar los recursos necesarios para avanzar en el compromiso plasmado en el acuerdo del Gobierno de coalición de conseguir que el Estado Central financie el 50%», indican, instando así al resto de fuerzas políticas a apoyar la próxima propuesta presupuestaria, «que incluirá la aportación necesaria para equiparar la inversión central y autonómica», y la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que «erradicarán los últimos recortes que el PP».