Reclamación
El Gobierno regional exige la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Costas
El consejero Jorge García Montoro pide "dialogo" a las comunidades autónomas para actualizar la normativa estatal y frenar los deslindes a viviendas ubicadas en zonas del litoral

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, con los consejeros del Litoral en Valencia. / CARM
La Opinión
El Gobierno regional, a través del consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, solicitó la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Costas con el objetivo de abordar, junto a las comunidades autónomas, la elaboración de un nuevo marco normativo estatal para la gestión del litoral, la cual no se actualiza desde 1988.
Montoro explicó que la finalidad de esta iniciativa es "abrir un espacio de cooperación institucional que permita llevar a cabo de forma conjunta la revisión del modelo actual y avanzar hacia una normativa más equilibrada y adaptada a la diversidad del litoral español". Añadió que "las decisiones sobre la gestión del litoral no se pueden tomar a 500 kilómetros del mar, sino escuchando a los territorios que conviven cada día con esa realidad".
Precisamente, según informó el senador popular por la Región de Murcia Francisco Bernabé, ya son al menos 563 las viviendas afectadas por los nuevos deslindes del dominio público marítimo terrestre en la Región.
Por ello, la petición parte del acuerdo alcanzado por varias comunidades autónomas con litoral durante la II Cumbre Nacional del Litoral celebrada recientemente en Valencia. En este encuentro los gobiernos de Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares y la Región de Murcia reclamaron la apertura de un proceso de diálogo institucional para revisar la normativa vigente.
Las autonomías firmantes, que representan aproximadamente el 80 por ciento del litoral español, consideran necesario actualizar la Ley de Costas de 1988 para adaptarla a la realidad.
El consejero trasladó también la necesidad de suspender el actual trámite de audiencia del anteproyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Costas, al haberse publicado sin un documento imprescindible para poder evaluar correctamente el alcance de la propuesta.
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