El trasvase Tajo-Segura autoriza el envío de 180 hectómetros cúbicos de agua hasta mayo y desata otra guerra política

El trasvase vuelve a agitar el tablero político del agua. La Comisión de Explotación del acueducto Tajo-Segura aprobó este viernes el envío de 180 hectómetros cúbicos hacia la cuenca del Segura hasta el mes de mayo, a razón de 60 hectómetros cúbicos mensuales. Era una decisión esperada por la situación excepcional de los embalses de cabecera del Tajo, pero eso no ha evitado que se desate un nuevo episodio de tensión territorial que en pocos días se trasladará a los tribunales.

La decisión se adoptó de forma automática después de que los pantanos de Entrepeñas y Buendía superaran el nivel 1 de reservas, el máximo previsto en las actuales reglas de explotación. Las intensas lluvias y nevadas del invierno han elevado las existencias conjuntas por encima de los 1.600 hectómetros cúbicos, lo que permite autorizar trasvases de 60 hectómetros al mes.

Con este acuerdo se aprueba el envío correspondiente a los próximos tres meses, aunque parte de ese volumen ya estaba contemplado. De hecho, a la cifra aprobada habrá que sumar todavía más de 130 hectómetros cúbicos pendientes de trasvasar procedentes de autorizaciones anteriores.

Desde la Región de Murcia se ha recibido la noticia con una suerte de satisfacción moderada. El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, considera que el acuerdo confirma la buena situación hídrica, pero cree que el Gobierno central podría haber ido más lejos aprovechando el nivel de reservas.

Según explicó, en realidad la Comisión únicamente ha dado luz verde de forma efectiva a los envíos de abril y mayo. "Lo cierto es que el mes de marzo ya se aprobó en el trimestre anterior. ¿Qué ha cambiado? Pues que ellos tenían previsto que estuviéramos en marzo en nivel dos y con la lluvia hemos pasado a nivel uno, es decir, que realmente lo único que se ha aprobado ahora es la diferencia para marzo", señaló.

En su opinión, esta decisión refleja una cierta prudencia —o incluso cautela excesiva— por parte del Ejecutivo central. Jiménez sostiene que, con la situación actual de los embalses, se podría haber programado un calendario más amplio de envíos de 60 hectómetros cúbicos.

"En puridad solamente se han aprobado dos meses y lo relevante es la actitud de nuevo cicatera del Gobierno de la nación a la hora de enviar dos meses en vez de tres, que se podían haber aprobado", afirmó. El presidente del Scrats interpreta esta decisión como parte de una estrategia política y jurídica vinculada al recurso que el sindicato mantiene ante el Tribunal Supremo. A su juicio, el Gobierno estaría esperando a conocer la sentencia antes de tomar decisiones que puedan condicionar el futuro recorte de volúmenes previsto con el cambio de las reglas de explotación.

Castilla-La Mancha, en pide de guerra

Mientras en el Levante se valora el acuerdo con reservas, en Castilla-La Mancha la reacción ha sido mucho más crítica. El Ejecutivo autonómico considera que la autorización de nuevos envíos supone desaprovechar recursos hídricos acumulados en la cabecera del Tajo tras los episodios de lluvia del invierno.

La consejera castellanomanchega de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, aseguró que el trasvase aprobado "dilapida" parte del agua almacenada en Entrepeñas y Buendía. Según recordó, los 180 hectómetros cúbicos autorizados representan aproximadamente el 11% del agua actualmente embalsada en estos pantanos.

Además, la responsable regional cuestionó la viabilidad de transportar nuevos volúmenes cuando aún quedan más de 135 hectómetros pendientes de trasvasar. A su juicio, en estos momentos "no hay capacidad técnica ni sostenible" para derivar todos esos recursos hacia el Levante y Murcia, y defendió que esos territorios no necesitan ahora mismo esa agua ni disponen de suficiente capacidad de almacenamiento.

Gómez también advirtió de las consecuencias que podría tener esta situación para el desarrollo de su comunidad. Según explicó, una reducción futura de recursos podría comprometer proyectos urbanísticos o inversiones si los informes hídricos resultaran desfavorables.

El Gobierno castellano-manchego prepara por ello un recurso judicial contra el Ejecutivo central por el retraso en la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase, previstas en la planificación hidrológica aprobada en 2023. La Junta entiende que ese cambio debería haberse aplicado ya para adaptar el sistema a los nuevos caudales ecológicos del Tajo.

Frente a estas críticas, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, defendió la actuación del Ejecutivo central y aseguró que no se está causando "ningún perjuicio grave" a nadie y recordó que parte de la normativa ya se está cumpliendo, como la implantación de los caudales ecológicos desde el pasado mes de septiembre.

Sabrido apeló además a la prudencia en la aplicación de la normativa europea y defendió la necesidad de mantener la solidaridad hídrica entre territorios. A su juicio, garantizar la protección del Tajo no debe suponer "estrangular" el desarrollo económico de otras regiones como el Levante.