Paralizan el desahucio de una mujer de 63 años y su familia en Alcantarilla

El desahucio de Antonia, una mujer de 63 años en situación de baja por enfermedad, y de su familia ha sido paralizado temporalmente tras la presión vecinal y la movilización de colectivos sociales en Alcantarilla. La comisión judicial ha concedido un aplazamiento hasta el próximo 14 de abril, lo que otorga un mes de margen para intentar encontrar una solución que evite que la familia pierda su vivienda en la calle Martínez Campos.

Desde primera hora de la mañana, decenas de personas se concentraron ante el domicilio para impedir el lanzamiento. Entre los asistentes se encontraban vecinos del municipio, activistas de Yayoflautas, miembros de la Coordinadora de Barrios de Alcantarilla, el sacerdote Joaquín Sánchez, conocido como el "cura antidesahucios"; la concejala no adscrita Lara Hernández, militantes de Izquierda Unida-Verdes y representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Antonia vive en la vivienda junto a su hija, de 37 años y pensionista por incapacidad permanente, y su hijo de 18 años, que acaba de finalizar un ciclo formativo y se preparaba para iniciar sus prácticas. Tanto la madre como la hija cuentan con discapacidad reconocida.

Según explicó el abogado de la PAH, José Antonio Vives, la familia adquirió la vivienda hace más de dos décadas. Tras la crisis económica de 2008, al no poder afrontar la hipoteca, entregaron el inmueble mediante una dación en pago y accedieron posteriormente a un alquiler social. Con el tiempo, la vivienda fue vendida a un fondo, cuyo nuevo propietario se ha negado a renovar ese contrato.

Sin alternativas

Vives señaló que la familia carece actualmente de alternativa habitacional y alertó del aumento de procedimientos de desahucio en la Región de Murcia. Según indicó, la plataforma gestiona actualmente una docena de casos abiertos y tiene constancia de más de diez desalojos previstos antes de que finalice el mes.

Por su parte, el portavoz de la PAH, Paco Morote, atribuyó el incremento de estas situaciones a decisiones políticas que, a su juicio, han dejado sin protección a familias vulnerables tras el rechazo en el Congreso a la prórroga del denominado "escudo social", que impedía los desalojos en determinados casos de vulnerabilidad.

La tensión de la jornada también se reflejó en el testimonio de Cristian Mayor, nieto de Antonia, de 18 años. El joven explicó que estaba a punto de comenzar su periodo de prácticas tras terminar sus estudios y lamentó la incertidumbre que atraviesa su familia. "Imagínate empezar tu futuro con algo así", relató.

Tras conocerse el aplazamiento, Antonia expresó cierto alivio, aunque reconoció que la incertidumbre continúa. "Al menos esta noche podremos dormir en casa otra vez. Tenemos un mes para intentar encontrar una solución", afirmó.

Durante este plazo, la PAH ha anunciado que intensificará las gestiones para lograr la renovación del alquiler social o encontrar una alternativa que garantice la permanencia de la familia en la vivienda.

Desde Izquierda Unida-Verdes, su coordinadora regional, Penélope Luna, consideró que el caso refleja las dificultades que afrontan muchas familias ante el acceso a la vivienda y pidió a las administraciones públicas que actúen para garantizar soluciones habitacionales en situaciones de vulnerabilidad.

Mientras tanto, la familia de Antonia dispone ahora de un mes de margen para tratar de evitar el desalojo definitivo de su hogar.