La Asamblea apoya la extensión de la edad de servicio para soldados y marineros

La Ley de Tropa y Marinería obliga actualmente a miles de soldados y marineros a pasar a la reserva con una pensión de unos 700 euros si no han accedido a la condición de soldado permanente a los 45 años. Esta situación afectará a alrededor de 50.000 personas para el año 2036, denunció la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, durante la defensa de una moción en comisión sobre la modificación de la legislación para extender la edad de servicio para soldados y marineros.

Podemos-IU logra el apoyo de la Asamblea para modificar la ley que deja fuera del Ejército a miles de soldados a los 45 años

Denunció que "el 60% de los militares" a los que se envía forzosamente a casa "tiene que compatibilizar esa asignación con la prestación por desempleo" para poder sobrevivir. "Se trata de una discriminación injusta, que las personas afectadas viven como un terrible shock, y frente a la cual solo se han adoptado parches", lamentó la diputada morada. Desde hace casi dos décadas, asociaciones militares como ATME, AUME y UMT están demandando soluciones sin éxito.

La iniciativa aprobada insta al Ejecutivo, además, a avanzar en la homologación de las titulaciones militares con las del sistema educativo para garantizar el desarrollo profesional de los reservistas, y también exige a Defensa que vigile el cumplimiento de los convenios que establecen reservas de plazas en distintas convocatorias públicas de empleo. Todos los grupos menos Vox secundaron la moción.

La iniciativa insta a avanzar en la homologación de las titulaciones militares con las del sistema educativo

A esta iniciativa se sumó una enmienda del PP, que exige una "prórroga" para que el personal de tropa y marinería permanezca en el ejército más allá de los 45 años "en función de la aptitud física, la especialidad y las necesidades operativas".

Vox, por su parte, exige que el Estado garantice la "reubicación administrativa automática dentro de la Administración General para aquellos que por sus condiciones físicas no puedan seguir en unidades de primera línea". Para Rubén Martínez Alpañez, portavoz del grupo, la moción de Podemos creará "inseguridad a medio y largo plazo", por lo que pide "derogar la ley actual y sustituirla por una que reconozca que la profesión militar es una vocación de por vida".

El PP carga contra Marlaska

Sí consiguieron unanimidad de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos dos iniciativas del PP para exigir al Gobierno de España declarar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo y renovar la flota de vehículos de la Guardia Civil en la Región.

"La Policía Nacional y la Guardia Civil velan por nuestra seguridad con todo el honor, la valentía y la dignidad que les falta a Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska", señaló el diputado regional del PP Alfonso Fernando Cerón, quien apuntó que, "gracias a una sentencia del Tribunal Supremo, a Marlaska, pese a que se ha negado a hacerlo, no le ha quedado más remedio que reconocer como profesión de riesgo a una pequeña parte de agentes de Policía Nacional, aunque la gran mayoría quedarán excluidos".

En ese sentido, alertó de que el ministro del Interior "está preparando un decreto discriminatorio" que "incluye solamente a los policías que entraron en el cuerpo a partir de 2011, unos 25.000 que están adscritos al Régimen de la Seguridad Social, y deja fuera a la gran mayoría, más de 50.000 agentes que están adscritos al Régimen de Clases Pasivas, así como todos los de la Benemérita".

Respecto a la moción que reclama la renovación de la flota de vehículos de la Guardia Civil en la Región, Cerón denunció que "el parque móvil de la Guardia Civil en nuestro territorio cuenta con unos 600 vehículos, la mayoría de ellos con una media de 15 años y 500.000 kilómetros".

Por otra parte, la comisión aprobó la iniciativa de Vox sobre reconocimiento, refuerzo y consolidación laboral del Cuerpo de Bomberos Forestales de la Región de Murcia. La propuesta, defendida por Martínez Alpañez, reclama justicia laboral, estabilidad y más medios para un colectivo que "lleva años trabajando en condiciones precarias a pesar de ser un pilar fundamental en la protección de nuestro patrimonio natural y en la seguridad de los murcianos".

Martínez Alpañez denunció que los bomberos forestales continúan desempeñando su labor "con contratos temporales, con escasa conciliación familiar y con una inestabilidad laboral que no se corresponde con la responsabilidad que asumen ni con la profesionalidad que demuestran en cada intervención".

Contra la corrupción

Menos suerte corrieron las mociones del PSOE. El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Andrés Torres, denunció que el Gobierno de López Miras "bloquea y elimina los mecanismos de lucha contra el fraude y la corrupción en la Región de Murcia".

Acusó al Ejecutivo murciano de "desmantelar los organismos independientes de control", de hacer "desaparecer oficinas antifraude" y de "eliminar consejos de transparencia".

Torres defendido dos iniciativas para exigir al Gobierno regional la implantación en la administración autonómica de las medidas contempladas en la Ley Estatal de Lucha contra la Corrupción, tales como: la creación de una Agencia Pública para la Lucha contra el Fraude y la Corrupción, así como el establecimiento de una protección adecuada frente a las represalias que puedan sufrir las personas físicas que informen sobre algún tipo de infracción, fraude, en definitiva, algún tipo de corrupción. Las mociones no han salido adelante porque el PP votó en contra.