Comisiones Obreras y UGT exigen la dimisión del secretario general de la Política Social por su "discurso xenófobo" en el CES

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en la Región de Murcia exigieron este jueves la "dimisión inmediata" del secretario general de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, Nicolás Gonzálvez, tras su intervención en la jornada de presentación del informe del Consejo Económico y Social de España La realidad migratoria en España. Prioridades para las políticas públicas en la sede del CES de la Región de Murcia.

Denuncian que el secretario general utilizó un acto institucional para "difundir un discurso alarmista que vinculaba inmigración con inseguridad, presión sobre los servicios públicos y supuestos efectos negativos de los procesos de regularización". La intervención provocó el abandono temporal de la sala por parte de diversos asistentes en señal de protesta.

"Quien tiene la responsabilidad de promover la inclusión y la convivencia no puede contribuir a deteriorarla", lamentan

Para CC OO y UGT resulta "especialmente grave" que estas afirmaciones procedan, precisamente, del máximo responsable administrativo de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, departamento que tiene entre sus competencias la atención a las personas migrantes, la promoción de la integración social y el impulso de políticas de convivencia. "Quien tiene la responsabilidad de promover la inclusión y la convivencia no puede contribuir a deteriorarla con discursos que alimentan el miedo y la estigmatización", resaltan en el comunicado lanzado.

"Defendió una inmigración legal y ordenada"

Por su parte, el Partido Popular de la Región de Murcia salió en defensa de Gonzálvez rechazando las acusaciones de los sindicatos: "No vinculó en ningún momento inmigración con inseguridad", aseguró el diputado autonómico Miguel Ángel Miralles. “Muy al contrario, defendió una inmigración legal, ordenada y basada en principios claros: la dignidad de la persona, la responsabilidad individual y el respeto a la ley”.

Asimismo, según los populares, el secretario general puso de manifiesto la falta de una política migratoria definida por parte del Gobierno de España, "cuya inacción está propiciando una situación de inmigración no regulada". Miralles lamentó que "algunos sindicatos opten por la descalificación y la petición de dimisiones en lugar de contribuir a un debate serio y responsable sobre una cuestión de Estado como es la política migratoria" y concluyó diciendo que "frente a la confrontación, el Partido Popular seguirá defendiendo una política basada en la legalidad, la responsabilidad y la garantía de los servicios públicos para todos".

"Sostienen sectores fundamentales de nuestra economía"

Las organizaciones sindicales recuerdan que miles de trabajadores de origen migrante "sostienen hoy sectores fundamentales de la economía regional" como la agricultura, la hostelería, la construcción o los cuidados, y que "su aportación es imprescindible para el desarrollo económico y social" de la Región de Murcia.

El contraste entre la intervención del secretario general y el contenido del informe presentado "fue evidente", defienden UGT y CC OO. Tal y como recordó el presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas, "la inmigración, bien gestionada, es una bendición del cielo para nuestra economía y nuestra demografía", subrayando que España afronta un fenómeno estructural que debe abordarse con datos, planificación y políticas públicas rigurosas.

Defienden que no existe evidencia de que las regularizaciones hayan provocado por sí mismas un efecto llamada

El propio informe del CES recuerda que España ha llevado a cabo al menos seis procesos de regularización extraordinaria bajo gobiernos de distinto signo político, incluidos gobiernos del Partido Popular. Estas medidas "han contribuido históricamente a aumentar la afiliación a la Seguridad Social, reducir la economía sumergida, mejorar la recaudación fiscal y reforzar la estabilidad laboral de miles de trabajadores".

"No existe evidencia de que las regularizaciones hayan provocado por sí mismas un efecto llamada. Lo que sí han demostrado es que regularizar situaciones de irregularidad administrativa permite combatir la explotación laboral y fortalecer el mercado de trabajo", exponen.

Por todo ello, ambas organizaciones consideran que la intervención del secretario general fue "impropia de un acto institucional e incompatible con las responsabilidades del cargo que ocupa".