Francisco Cabezas alerta del momento "más peligroso" del trasvase Tajo-Segura en los últimos 50 años

Francisco Cabezas es una de las figuras más respetadas y con mayor conocimiento en materia de gestión hídrica en España. Su comparecencia este lunes en la Comisión Especial de Estudio sobre el Trasvase Tajo-Segura no fue una intervención más: sirvió para ordenar el debate, aclarar conceptos técnicos clave y señalar con precisión hacia dónde deberían dirigirse los esfuerzos políticos si se quiere frenar o, al menos, afrontar con realismo los inminentes recortes al acueducto.

El director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua dibujó un escenario preocupante. A su juicio, el trasvase atraviesa "quizás la situación más peligrosa o más crítica de los últimos 50 años". Los efectos prácticos de la normativa vigente, explicó, supondrán "una reducción sustancial del volumen de agua que se puede trasvasar al Segura", y subrayó una idea que considera esencial: esa reducción es independiente de las futuras reglas de explotación.

"El volumen total trasvasable ya está determinado", insistió. No dependerá de si el nivel dos sube o baja ni de cómo se module el ritmo de envíos mensuales. "La regla solo puede decidir si se mandan 10 hectómetros al mes o 50 en un momento puntual; no puede alterar la cantidad media total". Esa cantidad, remarcó, quedó fijada en enero de 2023 con el Plan Hidrológico del Tajo, al establecer los caudales mínimos en la cabecera.

La determinación de los caudales ecológicos son horquillas demasiado amplias que permiten decisiones poco homogéneas

Cabezas centró buena parte de su intervención en los caudales ecológicos. En este sentido, explicó que su determinación no responde a una fórmula cerrada, sino a metodologías abiertas que ofrecen intervalos amplios y, por tanto, margen de interpretación. "No es una suma y resta que arroja un número exacto; los resultados son horquillas", señaló. El problema es que esas horquillas pueden ser tan amplias que permiten decisiones poco homogéneas. "Cada uno las está interpretando a su manera".

En su opinión, el Ministerio es consciente de la necesidad de armonizar criterios en toda España, pero la revisión de la instrucción de planificación —prevista para unificar metodologías— no se ha cumplido en plazo. El resultado es, según describió, una "incompatibilidad" entre el Plan del Tajo y el del Segura. "O se cumple uno o se cumple el otro, porque las previsiones de desembalse no son compatibles", afirmó, denunciando además la ausencia de un proceso real de concertación con los usuarios del trasvase.

El horizonte, apuntó, está en 2027, cuando se aprobarán los nuevos planes de cuenca dentro del cuarto ciclo de planificación. "Esa es la oportunidad para revisar lo que deba revisarse y dejar todo bien armado", propuso. Y lanzó una advertencia: las medidas alternativas anunciadas —más desalación y modernización de regadíos en la cabecera— no estarán listas para entonces. "La nueva desalación no estará disponible en 2027 y la modernización tampoco. Nos encontraremos con los nuevos caudales en vigor y sin las compensaciones previstas", alertó. El reto, resumió, es "desatascar" una planificación que considera inconsistente y ofrecer soluciones reales, no solo sobre el papel.

"No podemos perder ni un metro cúbico", advierten los regantes de Librilla

Desde el ámbito agrícola, Francisco Provencio, trasladó la inquietud de los regantes. Tras agradecer la invitación parlamentaria y en una intervención mucho más emotiva, dejó claro el motivo de su presencia: "Hemos venido a defender el Trasvase Tajo-Segura, algo que es nuestro y que necesitamos". El presidente de los regantes de Librilla recordó que el agua es imprescindible para producir alimentos "con la máxima calidad y garantía" y lanzó un aviso: "No podemos perder ni un metro cúbico; vamos a luchar contra ese recorte de 100 hectómetros cúbicos que se nos avecina". Provencio reclamó una política hidráulica nacional "con luces largas" y rechazó que la desalación sustituya al trasvase. "La queremos, pero para complementar la infradotación, no para sustituirla". Según explicó, si las explotaciones necesitan 5.000 metros cúbicos por hectárea y año, apenas reciben 2.900. Con un nuevo recorte, advirtió, podrían quedarse "en la mitad”.

El PP acusa al Gobierno de fijar caudales ecológicos para perjudicar al Levante

La Comisión sobre el Trasvase Tajo-Segura no solo dejó el análisis técnico de los comparecientes, sino también un cruce político de alto voltaje. El diputado del PP, Jesús Cano, sostuvo que las comparecencias confirmaron que "la política hídrica del Gobierno de Sánchez es un auténtico desastre". A su juicio, los datos aportados por Cabezas son "demoledores", especialmente la fijación de caudales ecológicos en 15,66 metros cúbicos por segundo en Aranjuez. Cano insinuó que la situación en la cabecera del Tajo responde a una "intencionalidad para perjudicar al Levante" y acusó al Ejecutivo central de buscar "acabar de facto" con el trasvase mediante un recorte de unos 100 hectómetros cúbicos. Denunció además "arbitrariedad total" en las decisiones de nivel tres y alertó del "estrangulamiento" de una infraestructura que, recordó, aporta cerca de 4.000 millones de euros anuales al PIB nacional.

Desde el PSOE, Fernando Moreno reivindicó una "hoja de ruta clara" para "garantizar agua para siempre en la Región de Murcia". Según Moreno, con gobiernos socialistas "nunca ha faltado una gota" y defendió el llamado 'mix hidrológico': trasvase, desalación, reutilización y modernización de regadíos. Además, recordó que en 2017, con casi once meses de trasvase cero, la desalación permitió sostener el sistema gracias al Plan Agua impulsado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Moreno subrayó también la vigencia del Pacto Regional del Agua, que —lamentó— no ha vuelto a convocarse.

En Vox, Antonio Martínez Nieto habló de un trasvase "muy próximo al cierre" si en 2027 se consolidan los nuevos caudales ecológicos. El diputado alertó de que la demanda ambiental, junto a otros usos, podría absorber las aportaciones medias anuales de la cabecera y conducir a la "clausura definitiva" del acueducto. También criticó la estrategia europea centrada en desalación y reutilización y acusó al Gobierno de priorizar inversiones hidráulicas en Marruecos frente a España.

Por su parte, José Luis Álvarez-Castellanos, del Grupo Mixto (IU-Verdes), acusó al PP de utilizar el debate con fines electorales y recordó que fue ese partido quien elevó históricamente los niveles mínimos de reserva en la cabecera. Para el diputado de izquierdas el trasvase es esencial para el consumo humano —entre el 35% y el 40% del agua potable regional procede de él—, pero reclamó abordar también la planificación de la demanda y los límites ambientales.