El 70% del monte murciano es privado: los propietarios reclaman protagonismo en la prevención de incendios

El monte mediterráneo vuelve a situarse en el centro del debate rural. Frente a la imagen de espacios naturales ajenos a la actividad humana, propietarios y gestores forestales reivindican que la conservación pasa, precisamente, por intervenir y mantener vivos los territorios. En ese contexto, la voz de los titulares privados —mayoritarios en la superficie forestal— gana peso como pieza clave para prevenir incendios, combatir la despoblación y sostener la economía rural.

El presidente de la Asociación de Propietarios Forestales de la Región de Murcia (PROFOMUR), Francisco Carreño, defiende que la gestión forestal no es una novedad, sino la continuidad de prácticas que llevan siglos aplicándose en el territorio. A su juicio, el creciente interés social por la sostenibilidad no hace más que redescubrir un trabajo que el sector lleva "practicando centurias", basado en la responsabilidad intergeneracional y en decisiones cuyos resultados se ven décadas después.

Carreño subraya que el monte exige una mirada a largo plazo: "Hacemos cosas que no vamos a ver", explica, al recordar que el ciclo de crecimiento de especies como el pino puede alcanzar los 80 o 100 años. Esa lógica contrasta, señala, con una sociedad cada vez más alejada del territorio, donde prácticas tradicionales de manejo forestal parecen ahora innovaciones.

Se calcula que existen cerca de 30.000 propietarios privados forestales en la Región

Uno de los datos que el dirigente considera más desconocidos es el peso de la propiedad privada. En España, la superficie forestal supera ya la mitad del territorio —en torno al 56%— y sigue creciendo por el abandono agrario. En la Región de Murcia, el porcentaje se sitúa en torno al 45%, y de esa masa forestal aproximadamente el 70% pertenece a titulares privados. La magnitud es aún más evidente al observar el número de propietarios: frente al millón de agricultores, existen unos cinco millones de propietarios forestales en el país, en su mayoría con fincas pequeñas y fragmentadas.

Esa realidad desmonta, según Carreño, la idea de que el monte está dominado por grandes terratenientes. En la Región de Murcia, calcula, unas 200.000 hectáreas forestales son privadas y podrían implicar a cerca de 30.000 titulares. El reto, insiste, es pasar de ser propietarios pasivos a "selvicultores activos", es decir, contar con planificación técnica y certificación que permitan intervenir de forma ordenada durante periodos de hasta 25 años.

La gestión activa se vincula directamente con la prevención de incendios. Carreño recuerda que el fuego seguirá existiendo, en gran parte por causas humanas, pero sus efectos pueden minimizarse. "La silvicultura está diseñada para que, como mucho, arda una zona delimitada", explica. Actuaciones como la retirada de biomasa, la apertura de áreas cortafuegos o el mantenimiento del sotobosque reducen la carga de combustible y facilitan la intervención de los equipos de emergencia.

El reciente incendio en Cabo Tiñoso, en Cartagena, volvió a evidenciar esa relación entre presencia humana y capacidad de respuesta. Desde el sector insisten en que la actividad económica vinculada al monte —aprovechamientos, biomasa o planificación forestal— no solo conserva el paisaje, sino que mejora la seguridad del territorio.

La sequía prolongada añade presión. Los últimos años han provocado fenómenos de decaimiento en los pinares, especialmente en zonas con menor precipitación, favoreciendo la aparición de plagas como insectos perforadores. Ante esta situación, la asociación impulsa estudios para medir la afección real en fincas privadas y dimensionar el problema a escala de ecosistema. "El monte no entiende de titularidad", advierte Carreño, que defiende intervenciones coordinadas en áreas completas y no por parcelas aisladas.

Otro eje clave es la despoblación. El mapa forestal coincide, según el sector, con el de las zonas rurales frágiles del interior. Allí, las fincas suelen ser agroforestales y la pérdida de actividad ha reducido oficios tradicionales, industrias de primera transformación y presencia humana. Generar empleo ligado a la gestión forestal, la biomasa o el turismo rural se plantea como una vía para fijar población y recuperar estructura productiva.

Para Carreño, el indicador que marcará el avance es claro: el aumento de superficie gestionada con planificación técnica y certificación. Ese proceso, reconoce, es lento y costoso en un monte mediterráneo donde la silvicultura exige intervenciones selectivas y más complejas que en regiones con mayor valor maderero.

Más allá de la rentabilidad directa, el presidente de PROFOMUR insiste en el valor de los llamados servicios ecosistémicos —captura de CO₂, regulación hídrica, biodiversidad o paisaje—, que considera superiores al beneficio económico tradicional. A su juicio, cuando la sociedad incorpore plenamente ese enfoque, el monte mediterráneo adquirirá un reconocimiento y un valor que hoy no se reflejan en las políticas públicas.

"El problema ha sido creer que nuestro origen rural ya no hacía falta", reflexiona. Recuperar el territorio, concluye, exige reconocer que conservar no es no tocar, sino intervenir con conocimiento científico y continuidad. Una tarea en la que los propietarios privados, mayoritarios en la superficie forestal, se reivindican como actores imprescindibles.