PP y Vox acercan posiciones para sacar adelante la Ley de Vivienda Asequible en la Región

La Ley de Vivienda Asequible en la que trabaja desde hace meses la Consejería de Fomento e Infraestructuras se ha amoldado a las exigencias del Grupo Parlamentario Vox para que no se repita la misma historia que con el decreto hace casi cuatro meses, cuando toda la oposición votó en contra de la toma en consideración. El Gobierno regional ha optado por aceptar varias de las condiciones de Abascal para acercar posturas, como la eliminación del 'coliving' y 'cohousing' del anteproyecto de ley, según ha podido confirmar esta Redacción de fuentes cercanas a la negociación.

Vox siempre ha dejado claro que rechaza de plano estos modelos que permiten compartir espacios, servicios y recursos, y que resultan especialmente atractivos para quienes buscan su primera vivienda o para las personas de edad o con discapacidad que necesitan un entorno más comunitario y colaborativo. El presidente provincial de esta formación, José Ángel Antelo, vincula el 'coliving' y 'cohousing' a la Agenda 2030: "No creemos que en una vivienda haya que compartir cocina o salón", ha explicado en más de una ocasión.

Los de Abascal se arrogan las medidas contra la ocupación ilegal y más primas de edificabilidad

Fue significativo la primera reunión de la ronda de contactos de la Consejería de Fomento con los grupos parlamentarios para darles a conocer la iniciativa del Gobierno regional y recibir aportaciones fuera con Vox, tercer grupo por tamaño. En ella, Antelo ya advirtió de su grupo exige que todos los impuestos autonómicos para adquirir un inmueble se bajen al máximo que permita la ley. Fuentes de esta formación aseguran que desde el Palacio de San Esteban se ha aceptado una medida que permitirá a los compradores fraccionar el pago de estos tributos añadidos a la vivienda.

Otra de las medidas asumidas por la Consejería que dirige Jorge García Montoro es aumentar aún más las primas de edificabilidad. Cabe recordar que el decreto rechazado el año pasado establecía que esa edificabilidad podrá incrementarse hasta un 40% siempre que el inmueble resultante sea destinado a vivienda protegida en su totalidad. Además, la Comunidad se disponía a establecer primas de edificabilidad hasta el 50% en aquellos solares afectados por restos arqueológicos o elementos protegidos.

La exigencia de Vox de reforzar la lucha contra la ocupación ilegal de la propiedad privada ya fue añadida en el anteproyecto. El mismo día de la reunión con Vox, el pasado 27 de enero, la Consejería de Fomento e Infraestructuras incluyó una medida que no existía en el decreto: la persona adquiriente o arrendataria de una vivienda asequible no podrá haber sido condenada mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda o sancionada mediante resolución administrativa firme en los últimos diez años. De esta manera, se veta a los okupas de acceder a las futuras viviendas asequibles que se construyan en la Región de Murcia.

El Gobierno regional y el Grupo Popular necesitan del apoyo de uno de los tres grupos parlamentarios de la oposición para ver aprobada esta ley, una de las medidas estrella de Ejecutivo de Fernando López Miras de la presente legislatura para hacer frente al principal problema de los españoles y murcianos. Descartando el Grupo Mixto, formado por Podemos e Izquierda Unida-Verdes, queda claro que el PP, como ya hizo con los Presupuestos de la Comunidad en años anteriores, vuelve a optar por Vox antes que por el Partido Socialista.

El decálogo del PSRM se queda en papel mojado

El PSOE regional ya se había mostrado en contra de facilitar la aprobación de la ley si la vivienda asequible de 90 metros no baja de los 170.000 euros, un precio que su portavoz, Carmina Fernández, no considera asequible —María Marín, de Podemos, exige que estén por debajo de los 120.000—. Además, el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, hizo llegar al presidente de la Comunidad un decálogo con las medidas que consideran necesarias para encarar el problema del acceso a la vivienda, y que, por tanto, deben incluirse en la futura ley regional.

Entre las enfocadas a facilitar la compra, destacan dar una ayuda directa de hasta 36.000 euros a jóvenes y familias para la entrada de su primera vivienda, prohibir la venta del suelo público, el reconocimiento de la vivienda colaborativa y el incremento de recursos humano para agilizar los procesos urbanísticos. Entre las medidas para facilitar el alquiler, el PSRM propone aumentar las deducciones fiscales autonómicas para menores de 36 años que vivan de alquiler y crear un aval público para jóvenes que cubra el precio de la fianza.

El decálogo fue criticado tanto por el PP como por el Gobierno murciano por "carecer de base presupuestaria y credibilidad alguna", además de ser el resultado de políticas "intervencionistas" que, "lejos de solucionar el problema, han contraído la oferta, disparado los precios y protegido a los okupas".