La ONG Murcia Acoge denuncia cobros de hasta 500 euros por empadronar a personas en pisos sobreocupados

La Coordinadora Estatal Padrón por Derecho ha presentado un informe en el que alerta de la creciente "mercantilización" del padrón municipal y de la consolidación de un "limbo administrativo" que deja a migrantes fuera del acceso efectivo a derechos básicos en España.

La Coordinadora está formada por Red Solidaria de Acogida, Coordinadora de Barrios, Sindicato de Manteros, Regularización Ya Valencia, Oxfam Intermón y Red Acoge, entre otras. El documento, titulado 'El derecho a tener derechos', sostiene que las "trabas" impuestas por algunos ayuntamientos están generando un mercado clandestino de empadronamientos y una exclusión que impacta en ámbitos como la sanidad, la educación, la vivienda, el empleo o la regularización administrativa.

El padrón, recuerda el informe, no acredita la situación legal en España, sino la residencia efectiva en un municipio. Por tanto, no puede condicionarse a la posesión de contrato de alquiler, escritura de propiedad o permiso de residencia en vigor.

Según la Coordinadora, cuando la administración dificulta el acceso al padrón, se genera una demanda que termina siendo cubierta por redes informales. En este sentido, subraya que en distintas ciudades se han detectado cobros de hasta 500 euros por empadronar a personas en pisos sobreocupados, en ocasiones con decenas de personas inscritas en una misma vivienda, según la ONG Murcia Acoge.

Las ONG advierten de que estas prácticas, además de ilegales, exponen a las personas migrantes a situaciones de "explotación y endeudamiento". "Combatir la mercantilización del padrón requiere voluntad política, coordinación interadministrativa y empatía social", apuntan en el informe.

El documento también recoge que, según datos de Médicos del Mundo, en los últimos tres años 28.700 personas encontraron obstáculos para acceder a atención sanitaria o tratamientos esenciales por problemas vinculados al empadronamiento. Entre ellas había 885 menores y 363 mujeres embarazadas que tuvieron dificultades para recibir asistencia.

Igualmente, afirma que el 61,4% de las denegaciones sanitarias registradas afectaron a mujeres, lo que evidencia un impacto de género. Embarazos sin seguimiento prenatal, menores sin calendario de vacunación completo y personas con enfermedades crónicas sin control médico forman parte del escenario descrito.

De la misma manera, en educación, alertan de que la falta de padrón puede retrasar la escolarización de menores durante meses. En el ámbito laboral, dificulta la regularización por arraigo y empuja a muchas personas a la economía sumergida. Sin certificado de empadronamiento también se bloquea el acceso a ayudas sociales, vivienda pública o incluso la apertura de cuentas bancarias.

El informe sostiene que la exclusión padronal no solo afecta a las personas directamente implicadas, sino también a la gestión institucional. "Si un municipio no empadrona a parte de sus vecinos, recibirá menos dinero del que realmente necesitaría", asegura.

El documento también analiza el uso del padrón como herramienta de control migratorio en determinados contextos políticos. Para las ONG, negar el padrón no reduce los flujos migratorios, sino que empuja a las personas a la clandestinidad, dificulta su regularización y alimenta economías informales.

Reclaman mecanismos ágiles

En este sentido, la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho propone medidas concretas para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa: la creación de unidades municipales especializadas y formadas en empadronamiento; la eliminación de requisitos no previstos en la ley; protocolos específicos para personas sin domicilio fijo o en asentamientos; la creación de un observatorio nacional que supervise prácticas municipales; y mecanismos "accesibles, ágiles y comprensibles".

"Mientras existan mujeres que crían, cuidan, trabajan y viven en nuestras ciudades sin constar en los registros, la democracia estará incompleta", concluyen.