Un rally contra la ley: un informe jurídico deja en vía muerta la modificación de los límites de Sierra Espuña

La batalla política en torno al Rally de La Santa ha entrado en un terreno pantanoso. La proposición de ley registrada por los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox para modificar los límites del Parque Regional de Sierra Espuña nace, según el informe jurídico de la Asamblea Regional, con serias dudas de viabilidad legal. La prueba, sostienen fuentes consultadas, "se encuentra en un callejón sin salida".

El pasado 14 de febrero, los portavoces Joaquín Segado (PP) y José Ángel Antelo (Vox) presentaron en la Cámara una iniciativa para modificar la Ley 6/1995 y excluir del parque 58 hectáreas —cerca de un 0,3% de sus 17.800 hectáreas actuales— con el objetivo de dejar fuera la zona recreativa y monumental de La Santa y la carretera RM-502. El texto, admitido a trámite el 18 de febrero, pretende evitar que la Consejería de Medio Ambiente vuelva a emitir informes desfavorables al Rally de La Santa, que no se celebra desde 2022 por los reparos derivados de su paso por un espacio protegido de la Red Natura 2000.

Sin embargo, el informe emitido hace unos días por los Servicios Jurídicos de la Asamblea es contundente. Recuerda que la legislación básica estatal —en concreto, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad— solo permite alterar los límites de un espacio protegido cuando existan "cambios provocados por su evolución natural, científicamente demostrados". Y subraya que la iniciativa parlamentaria no aporta justificación ambiental alguna, sino que se basa exclusivamente en la necesidad de garantizar una actividad concreta: la romería de La Santa y, por extensión, el rally.

La propuesta vulnera el principio de no regresión ambiental, según los jurídicos

La letrada advierte de que excluir terrenos sin respaldo científico podría vulnerar el principio de no regresión ambiental, reconocido por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Además, aunque prosperara la reforma legal, los terrenos seguirían formando parte de la Zona de Especial Conservación (ZEC) y de la ZEPA de Sierra Espuña, por lo que cualquier actividad seguiría sujeta a evaluación ambiental.

El dictamen no deja lugar a ambigüedades: "La proposición de ley (…) no cumple con los requisitos exigidos por la legislación básica estatal para la modificación de los límites de un espacio natural protegido". Un pronunciamiento que, en la práctica, anticipa un choque competencial si la norma saliera adelante.

Lo llamativo, apuntan varias fuentes, es que el propio Gobierno regional —también del PP— habría trasladado a distintos interlocutores que la reducción de límites "no es legalmente posible". El diputado socialista Alfonso Martínez Baños sospecha que se trata de "una patada hacia delante para cumplir con ciertos compromisos". Según explicó, incluso miembros del Ejecutivo autonómico habrían reconocido que la iniciativa carece de recorrido jurídico y que, de aprobarse, sería recurrida automáticamente ante el Constitucional por vulnerar la normativa básica estatal.

"Yo no puedo entender que los grupos parlamentarios que estamos aquí para acatar la legislación podamos votar, estando advertidos, en contra de la legislación básica estatal. Me parece un auténtico disparate", afirmó Martínez Baños, quien recordó que el informe jurídico "claro y es demoledor".

"Todo esto me parece un auténtico disparate", advierte el diputado socialista, Alfonso Martínez Baños

La paradoja es evidente: mientras los grupos parlamentarios del PP y Vox impulsan una reforma legal de calado (apoyados por el Consistorio totanero), la Consejería de Medio Ambiente defiende públicamente la protección del parque y apela a soluciones técnicas y alternativas. De hecho, el Consejo de Gobierno aprobó la pasada semana el decreto que declara la ZEC de Sierra Espuña y aprueba los planes de gestión de los espacios protegidos de Sierra Espuña, Barrancos de Gebas y Llano de las Cabras, culminando así un avance en el desarrollo de la Red Natura 2000. El nuevo PRUG del parque, recientemente aprobado, actuará como plan de gestión tanto de la ZEC como de la ZEPA, y no incluye ninguna excepcionalidad para que pueda celebrarse la prueba dentro del espacio protegido.

Desde el Ejecutivo regional recuerdan que se podría permitir que el Santuario de La Santa siga siendo epicentro de pruebas deportivas —inicio y final—, siempre que el recorrido discurra por un trazado alternativo fuera del espacio protegido. También se garantiza la celebración de la romería, considerada uso preferente en la subzona de uso público intensivo.

No obstante, esa alternativa —que podría desplazar el trazado a otra vía como la C-7— no convence ni al Automóvil Club de Totana ni a la Federación, que la consideran inviable. De ahí que el conflicto siga abierto.

Podemos y ecologistas, contra la reducción del parque

Para el PSOE, a favor de que la prueba pueda realizarse por donde siempre lo ha hecho, pero no de contravenir la ley para conseguirlo, la salida no pasa por reducir el parque, sino por modificar el PRUG mediante una orden del consejero de Medio Ambiente. Además, Martínez Baños recuerdan que durante 36 años el rally se celebró sin incidentes y sin problemas.

Desde Podemos critican tanto la propuesta de reducir los límites del parque como la de cambiar el PRUG y desde Ecologistas en Acción insisten que lo deseable sería evitar ese impacto, no comparable a otros eventos como la romería, sobre todo cuando hay encima de la mesa opciones de recorrido alternativas fuera del espacio protegido.

En este escenario, la proposición de ley avanza hacia su toma en consideración envuelta en contradicciones: un Gobierno que defiende la protección ambiental, unos grupos que promueven una reforma cuestionada por sus propios servicios jurídicos y una tradición local —de profunda raíz histórica y devocional— convertida en eje de una disputa política y legal.