PP y Vox impulsan el recorte de Sierra Espuña para rescatar el rally pese a las dudas legales

La polémica por el rally de La Santa avanzó este jueves un escalón decisivo en la Asamblea Regional y confirmó que el conflicto ya no es solo técnico o ambiental, sino abiertamente político. La mayoría de PP y Vox permitió que la reforma legal para ajustar los límites del parque regional de Sierra Espuña continúe su tramitación, reactivando una iniciativa que llega marcada por el respaldo local, las dudas jurídicas y el riesgo de un choque institucional.

El Pleno aprobó la toma en consideración de la proposición de ley conjunta de PP y Vox para modificar la delimitación del parque regional de Sierra Espuña, excluyendo del perímetro la zona recreativa y monumental de La Santa y el tramo de la carretera RM-502. El texto salió adelante con el rechazo de PSOE y Grupo Mixto y se tramita por la vía de urgencia y lectura única, lo que acelera su aprobación y reduce el margen de debate parlamentario.

El objetivo es que puedan seguir celebrándose la romería y el rally Subida a La Santa, suspendido desde 2022-2023 por los reparos ambientales tras más de tres décadas de ediciones. La iniciativa recoge un acuerdo del Ayuntamiento de Totana y plantea sacar del espacio protegido unas 58 hectáreas —alrededor del 0,3% de sus más de 17.800 hectáreas— para evitar nuevos informes desfavorables a la prueba en un territorio integrado en la Red Natura 2000.

La propuesta se ha tramitado por la vía de urgencia y lectura única

El movimiento se produce tras el dictamen crítico de los servicios jurídicos de la Cámara, conocido el día anterior, que advertía de que la propuesta no cumple los requisitos de la legislación básica estatal, que solo permite reducir los límites de un espacio protegido por causas derivadas de su evolución natural y con respaldo científico.

PP y Vox reivindican tradición, petición municipal y afección "mínima"

Desde el Partido Popular se defendió la reforma como una respuesta a una demanda local y como un ajuste limitado. La diputada Isabel María Sánchez Ruiz sostuvo que la modificación permitirá celebrar el rally "como en las últimas 37 ediciones" y recordó que la petición fue aprobada por el pleno municipal sin votos en contra.

La parlamentaria insistió en que la superficie excluida es residual y está formada en gran parte por asfalto y edificaciones, por donde circulan cientos de miles de vehículos cada año, de modo que —afirmó— "no se desprotege nada". También se adelantó a las críticas por el informe jurídico, subrayando que "la ilegalidad de una norma solo la puede declarar un tribunal de justicia, no un diputado".

Sánchez vinculó la iniciativa al peso simbólico del rally y de la romería, defendiendo que no apoyar la propuesta municipal sería "traicionar a los totaneros" y reivindicando que la legislación ambiental debe atender también a exigencias sociales, económicas y culturales.

"No apoyar la propuesta sería una traición a los totaneros", advierte el PP

El respaldo de Vox se articuló también en torno a la defensa de las tradiciones y la economía rural. El diputado Alberto Garre enmarcó la iniciativa en la compatibilidad entre conservación y actividad local, recordando que el Parlamento actúa —dijo— con el "mandato del pueblo". Garre apeló al preámbulo de la Constitución para reivindicar la protección de las culturas y tradiciones y criticó que se anticipe un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional. En su intervención, insistió en que en el debate confluyen religión, tradición popular y normativa ambiental, y defendió que la regulación no debe convertirse en un obstáculo para los municipios que mantienen vivo el territorio.

La oposición alerta de falsas expectativas y posible recurso

PSOE y Grupo Mixto centraron sus críticas en el encaje legal y en la forma de tramitación acelerada. El socialista Alfonso Martínez Baños sostuvo que el informe jurídico es "muy claro" y que su grupo no votará contra una ley de rango superior, recordando que los límites del parque coinciden con la Red Natura 2000 y que cualquier cambio exige el aval europeo.

Para el PSOE, la reforma genera "falsas expectativas" sobre la recuperación del rally y la vía adecuada sería modificar el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), no reducir el parque. La diputada María Marín, del Grupo Mixto, calificó el dictamen de "demoledor", acusó a PP y Vox de "engañar" a los vecinos y auguró que la norma "la va a parar el Constitucional", aunque expresó apoyo a cualquier fórmula legal que permita recuperar la prueba.

Otros representantes subrayaron que la legislación estatal deja poco margen para recortar espacios protegidos y reprocharon que la iniciativa se haya impulsado sin consenso y por una vía parlamentaria rápida que limita el debate.

El Gobierno intenta separar la reforma del marco ambiental

El Ejecutivo autonómico trató de marcar distancias entre la reforma parlamentaria y la gestión del parque. El portavoz regional, Marcos Ortuño, defendió que se trata de planos distintos: una cosa es el plan de uso y gestión y otra la norma que modifica la delimitación, que —recalcó— parte del Ayuntamiento de Totana.

Esa postura refuerza la contradicción señalada el miércoles: el Gobierno impulsa avances en la protección de los espacios de Sierra Espuña mediante el nuevo PRUG y los planes de gestión de la ZEC y la ZEPA, mientras los grupos que lo sostienen promueven una reducción de límites cuestionada por sus propios juristas.

El debate se ha convertido en un caso paradigmático de la tensión entre tradición y seguridad jurídica. Para PP y Vox, la reforma es un gesto de respaldo a la identidad local y al tejido económico; para la oposición, una decisión políticamente rentable pero jurídicamente frágil.

La tramitación urgente y en lectura única acelera el calendario y aumenta la dimensión política del movimiento, pero no despeja el interrogante central: si la ley resistirá el examen legal. El posible recurso ante el Tribunal Constitucional planea sobre el proceso y condiciona el resultado final de una batalla que ya combina símbolos locales, normativa europea y estrategia parlamentaria.