El PP apoya en el Congreso la prohibición del burka y el niqab que rechazó en la Región de Murcia

El Partido Popular votó ayer a favor de una proposición de ley de Vox para prohibir el uso del niqab y el burka en el espacio público, tal y como había anunciado. Ni siquiera Junts, a favor de la medida, apoyó la iniciativa, aunque adelantó que presentará su propia propuesta.

Una moción muy parecida ya fue tumbada en la Asamblea Regional de Murcia gracias al voto en contra del PP. Si la diputada de Vox en el Congreso Blanca Armario definió el burka como una "mazmorra textil" y el uso del velo como una "práctica incompatible con los valores fundamentales de Europa", en la Región, la diputada de Vox Virginia Martínez mostraba su lado más ostentoso el pasado 10 de diciembre, cuando apareció en el salón de plenos de la Asamblea Regional con un niqab, prenda que le cubría todo el rostro excepto los ojos. Esto obligó a la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, a ordenarle que se lo quitara bajo amenaza de expulsarla del edificio si no lo hacía. "Debajo de ese burka hay una niña que llora de dolor cada vez que va al baño porque su madre la llevó a casa de una señora en donde la sujetaron de pies y manos y le cortaron ahí abajo", afirmó Martínez una vez se hubo despojado del atuendo.

Este martes, la portavoz 'popular' en el Congreso, Ester Muñoz, pidió tramitar la propuesta "en defensa de la libertad, la dignidad y la igualdad de todas las mujeres" que están en España. "El velo integral es la institucionalización de la invisibilidad femenina", afirmó.

Virginia Martínez fue reprendida en el Hemiciclo murciano por aparecer vestida con un niqab

Muñoz se refirió al burka como "instrumento de control" en mujeres y pidió a quien le incomode que las mujeres sean "libres e iguales" en España "que no venga". No obstante, reconoció que "claramente" el texto es "imperfecto" y añadió que "han impedido" que el PP pueda "mejorarlo". "Votamos a favor de una España donde ninguna mujer sea borrada. Las mujeres no estamos sometidas ni silenciadas en España", añadió la portavoz, que definió la postura de la izquierda como "indefendible", si bien el texto no fue admitido a trámite al no contar con los apoyos necesarios.

La postura del portavoz del PP en la Cámara autonómica, Joaquín Segado, no tuvo nada que ver con la de su homóloga en las Cortes Generales. Acusó a Martínez de "convertir a cualquier mujer que lleva un velo en un problema de orden público", queriendo, además, que "el poder político decida cómo debe vestir una mujer". Por otra parte, le informó de que el uso del burka en la Región de Murcia es "inexistente" y el del niqab, "un fenómeno muy minoritario".

Además, le reprochó a Vox que establezca "un vínculo casi automático entre inmigración, Islam y delincuencia", cuando "la inmensa mayoría de los inmigrantes que viven en la Región trabajan, pagan impuestos, llevan a sus hijos al colegio y respetan nuestras leyes".

Molina retira la moción

Este debate sobre la prohibición del burka llegó este martes a la Cámara baja después de que el Parlamento balear aprobara a principios de febrero, con el apoyo de Vox, una proposición no de ley (PNL) esta vez del PP para instar al Gobierno a prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos en España.

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se desmarcó en septiembre de 2025 de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Vox para prohibir el velo islámico en todos los espacios públicos y colegios de la Comunidad de Madrid, aunque en esta ocasión no se refería al velo integral sino al pañuelo islámico.

Mientras, en Asturias, el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón no logró sacar adelante la semana pasada, en el Pleno Municipal, una iniciativa encaminada a regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro, con prendas como niqab, burka o equivalentes.

Ayer mismo, el Grupo Socialista en Molina de Segura se apuntaba el tanto de haber logrado que el Gobierno municipal retirara una moción en el mismo sentido. Su portavoz, Isabel Gadea, denunció previamente que era una "chapuza jurídica" que vulneraba frontalmente la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. "Mientras el municipio se asoma a una deuda de 40 millones de euros y los barrios sufren un abandono histórico, el Gobierno se dedica a inventar problemas de convivencia para ocultar que son incapaces de gestionar los servicios mínimos de la ciudad", denunció.