La caza murciana alza la voz y reivindica su función social

El debate sobre la caza ha vuelto al centro de la escena política y social en España, y en la Región de Murcia lo ha hecho con especial intensidad. La propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia de prohibir la participación y asistencia de menores a actividades como la caza o los espectáculos taurinos ha encendido todas las alarmas en un sector que se siente cuestionado, incomprendido y, una vez más, señalado. A esta iniciativa se suman las recientes manifestaciones celebradas en Murcia y Cartagena contra la caza con perros, que han reabierto una brecha entre el mundo urbano y el rural. Los cazadores murcianos alzan la voz para explicar su postura y defender una actividad que consideran cultural, ambiental y socialmente necesaria.

Para José Antonio Moreno, presidente de la Federación de Caza de la Región de Murcia, la propuesta del Ministerio supone «cruzar una línea muy peligrosa». A su juicio, impedir que los menores acompañen a sus padres en jornadas de caza no es solo una medida desproporcionada, sino una intromisión directa en la libertad educativa de las familias. «Se pretende decidir qué valores puede transmitir un padre a su hijo. Eso roza la inconstitucionalidad», sentencia.

Moreno considera que se está construyendo un relato que criminaliza tradiciones profundamente arraigadas en España. «Llevamos siglos cazando y celebrando la tauromaquia. Ahora parece que todo eso hay que corregirlo de golpe, como si fuera algo negativo por definición», señala, convencido de que existe una estrategia para deslegitimar progresivamente estas actividades.

Uno de los pilares de la iniciativa ministerial es la supuesta protección de los menores frente a riesgos físicos, psicológicos o emocionales. Un argumento que el presidente de la Federación Murciana rebate con contundencia. «Los accidentes de caza en los que se ven implicados menores son prácticamente inexistentes. Hay muchas más probabilidades de sufrir un accidente montando en bicicleta o practicando otros deportes», subraya.

Más allá de la seguridad, Moreno defiende que la caza es una escuela de valores. «No es solo disparar. Es aprender a respetar la naturaleza, a conocerla, a conservarla y a entender los equilibrios del medio ambiente». En su opinión, los jóvenes que se acercan a la actividad cinegética desarrollan responsabilidad, compañerismo, disciplina y una conciencia real del entorno natural.

También insiste en que no existe imposición alguna. «Nadie obliga a un chaval a cazar. Si prueba y no le gusta, se respeta. Eso también es educar en libertad». Desde su punto de vista, negar esa experiencia supone restar capacidad de decisión a los adolescentes que ya son capaces de formarse su propio criterio.

Moreno va más allá y cuestiona el modelo de infancia que se pretende proteger. «Vivimos en una burbuja de pantallas, alejados de la realidad. La vida implica muerte, supervivencia y depredación. Seguimos comiendo carne, pero queremos ocultar de dónde viene». Criado en el campo y en la huerta, recuerda escenas cotidianas de su infancia que hoy generarían polémica, pero que no le produjeron ningún trauma. «Lo traumático es negar la realidad», afirma.

La Real Federación Española de Caza ha anunciado que movilizará «todos sus recursos» para frenar la reforma legal, y la Federación Murciana se pone a su disposición. Moreno tiene claro que la batalla se librará en Madrid, pero no descarta nuevas movilizaciones si la situación lo requiere. «Ya salimos a la calle con los chalecos naranja y sabemos organizarnos», recuerda, en alusión a protestas anteriores del sector.

Dos visiones del territorio

El conflicto en torno a la caza no es nuevo, pero en las últimas semanas ha adquirido una dimensión especialmente simbólica en la Región de Murcia. Frente a la propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia y a las movilizaciones contra la caza con perros, los cazadores perciben un distanciamiento creciente entre quienes legislan desde entornos urbanos y una realidad rural que, aseguran, apenas se tiene en cuenta. «Da la sensación de que se toman decisiones desde un despacho, sin pisar el campo y sin hablar con la gente que vive de él o lo cuida», lamenta Moreno.

En este contexto, el presidente de la Federación murciana considera que la caza se ha convertido en un blanco fácil dentro del debate político. «Es una actividad minoritaria en términos demográficos, pero muy visible, y eso la hace vulnerable a discursos simplistas», explica. A su juicio, se están utilizando argumentos emocionales para justificar reformas legales que no se apoyan en datos objetivos ni en informes técnicos contrastados.

Moreno insiste en que el sector cinegético no se opone a la regulación ni a la mejora de las normativas de protección animal, pero reclama que estas se construyan desde el conocimiento y no desde la confrontación. «Somos los primeros interesados en que las cosas se hagan bien. La caza mal entendida no beneficia a nadie, y menos aún a los cazadores», afirma.

Uno de los temores más repetidos dentro del colectivo es que la prohibición de la presencia de menores en la caza acelere la desconexión entre las nuevas generaciones y el medio rural. En una comunidad como la murciana, donde amplias zonas del territorio dependen de un delicado equilibrio entre agricultura, conservación ambiental y gestión de fauna, los cazadores advierten de las consecuencias a medio plazo. «Si se rompe el vínculo con el campo, lo que queda es abandono, incendios y pérdida de biodiversidad», resume Moreno.

Desde la Federación subrayan que muchas sociedades de cazadores actúan como auténticos gestores del territorio, manteniendo caminos, bebederos, comederos y realizando actuaciones que, de otro modo, deberían asumir las administraciones públicas. «No somos un problema ambiental, somos una pieza más del engranaje», recalca.

Los perros de caza

Las protestas celebradas recientemente en Murcia y Cartagena contra la caza con perros han sido otro de los focos de tensión. Moreno acusa a los colectivos convocantes de difundir datos falsos sobre el abandono y sacrificio de perros de caza. «Los propios informes oficiales desmontan ese discurso. La mayoría de los perros están identificados y cuidados. Un perro de caza no es un objeto que se tira cuando acaba la temporada», sostiene Moreno.

El presidente federativo no descarta acciones legales contra quienes, a su juicio, «mienten a sabiendas» y condicionan a la opinión pública con informaciones falsas que dañan la imagen del sector cinegético.

Más allá del debate ideológico, Moreno reivindica el papel de la caza como herramienta de gestión del territorio. El control de especies como el jabalí, los daños a la agricultura o los accidentes de tráfico forman parte de una realidad que, asegura, no tiene alternativas viables fuera de la actividad cinegética. «Si no lo hacemos los cazadores, lo tendrá que pagar toda la ciudadanía», advierte.

La posibilidad de ampliar los periodos de control del jabalí, incluso durante todo el año en zonas concretas, es una de las medidas que ya se estudian para frenar una situación que preocupa cada vez más a ayuntamientos y vecinos.

El descenso de licencias preocupa: un 35% en 10 años

La caza sigue siendo una actividad relevante en la Región de Murcia, aunque atraviesa un momento de cambio marcado por el descenso del número de licencias y las dificultades para garantizar el relevo generacional. En la última década, el sector ha experimentado una reducción significativa de cazadores activos, una tendencia que preocupa tanto a las sociedades cinegéticas como a la Federación regional.

Actualmente, en la Región de Murcia se contabilizan en torno a 16.000 licencias de caza. Hace apenas diez años, la cifra era notablemente superior, situándose entre las 25.000 y 30.000, lo que supone una caída aproximada de entre el 30 y el 40 por ciento. Un descenso que se explica, en parte, por el envejecimiento de la población cazadora y por un contexto social cada vez más alejado del mundo rural.

A esta dificultad se suma la complejidad para contabilizar con exactitud las licencias interautonómicas, un permiso que permite cazar en varias comunidades autónomas y que no siempre se imputa de forma clara a una región concreta. Este factor hace que las cifras reales puedan ser algo superiores a las estadísticas oficiales.

Pese a esta evolución a la baja, la actividad cinegética mantiene un peso económico relevante en la comunidad autónoma, especialmente en zonas rurales, donde genera empleo indirecto y dinamiza sectores como la hostelería, la agricultura o los servicios vinculados al mantenimiento de cotos.

Desde el sector se subraya, además, que la caza en la Región de Murcia se sostiene fundamentalmente gracias a la inversión privada de las sociedades de cazadores y de los propietarios de los cotos. Las ayudas públicas directas son inexistentes, y las subvenciones que se conceden desde la Administración regional están destinadas casi exclusivamente a cursos de formación y capacitación, como gestión cinegética o guardería rural.

El futuro de la caza en la Región pasa, según la Federación, por facilitar el relevo generacional, mejorar la imagen social del sector y reforzar su papel como herramienta de gestión del medio natural. Un reto complejo en un contexto de creciente debate social y político sobre el papel de esta actividad en la sociedad actual.