Un Mercosur para cada grupo parlamentario de la Asamblea Regional

Un día después de que el Parlamento Europeo aprobara el reglamento de salvaguardas del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur con los votos a favor del Partido Popular Europeo y del Grupo de Socialistas y Demócratas, la Asamblea Regional no fue capaz de aprobar ninguna de las iniciativas sobre el acuerdo transatlántico defendidas por los grupos parlamentarios, ni siquiera aquellas del PP y del PSOE, que sí se pusieron de acuerdo en Bruselas.

Fue Vox, formación que más se ha posicionado en contra de Mercosur, quien llevó una iniciativa para que la Asamblea rechazara el acuerdo y apoyara su suspensión cautelar mientras el Tribunal de Justicia de la Unión no declare legal su aplicación. Incluso, piden al Gobierno de España que celebre un referéndum para que los españoles decidan si quieren o no el libre comercio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Para el diputado de Vox Antonio Martínez Nieto, se trata de un "atropello de socialistas y populares que han puesto la Unión Europea al servicio de ciertas oligarquías industriales". Denunció la competencia desleal que va a provocar el acuerdo y cargó contra las salvaguardas aprobadas, cláusulas por las que se suspenden los beneficios arancelarios del acuerdo en caso de que las importaciones agrícolas procedentes de Mercosur causen o amenacen con causar un perjuicio grave a los productores europeos.

El dispositivo de control de las salvaguardas de Mercosur nace gravemente averiado

Antonio Martínez Nieto

— Diputado Vox

"Lo que no sabemos es cuántas explotaciones agrícolas y ganaderas tendrán que cerrar en España y en Europa antes de que los políticos se den cuenta de que tienen que activar las cláusulas de salvaguarda", señaló el diputado. Para él, "el dispositivo de control nace gravemente averiado" porque "no es como esos sistemas que detectan al conductor borracho que se sube al coche y activan el candado digital para que el coche no se ponga en marcha", sino que "se espera a que el conductor se choque de frente o se caiga por un barranco para, después, echar el freno del mecanismo".

Hubiera cabido esperar que Podemos-IU, grupo de la Asamblea representado en el Parlamento Europeo a través de The Left, hubiera apoyado la moción, ya que fue esta facción de la izquierda europea la que lideró el rechazo al tratado con América Latina. Sin embargo, su portavoz en la Cámara murciana, María Marín, dedicó buena parte de su intervención a atribuirse la lucha contra el acuerdo al tiempo que defendía su enmienda a la totalidad. En su iniciativa, piden la reprobación de los eurodiputados de la Región de Murcia que apoyaron la entrada en vigor de este "acuerdo criminal para nuestro campo". Se refirió a Nicolás Pascual de la Parte y Maravillas Abadía, del Partido Popular, y a Marcos Ross Sempere, del Partido Socialista.

Asimismo, Podemos-IU exige al Gobierno de España que rechace en el Consejo de Europa la aplicación provisional. Si no lo pidió Vox en su moción es, según Marín, a que "es puro postureo".

Tampoco salió la enmienda a la totalidad del Partido Popular, puesto que su grupo fue el único que la apoyó. Defendía el "absoluto rechazo a cualquier acuerdo comercial con Mercosur o con quien sea si este perjudica los intereses de cualquiera de nuestros sectores productivos". En este sentido, y en línea con el Gobierno regional, exige incrementar los puntos de control fronterizos, establecer una oficina de control de importaciones, cláusulas espejo y cláusulas de salvaguarda. De hecho, el diputado Jesús Cano fue especialmente crítico con Vox por votar en contra del reglamento de salvaguardas.

"Vox ha demostrado una actitud falsaria", declaró el parlamentario, acusando a los eurodiputados de Patriots (grupo europeo que integra a los de Abascal) de "traicionar a los agricultores y ganaderos" al rechazar cláusulas de protección de sus productos. "Lo que el campo necesita no son discursos populistas, necesita hechos y soluciones. Todo lo demás es una estafa", les afeó.

El PSRM criticó la "capacidad camaleónica" del PP para posicionarse a favor y en contra del tratado

Defendiendo lo mismo sobre el papel, el Grupo Socialista rechazó la iniciativa del PP y presentó la suya propia, en la que también habla de "garantizar la reciprocidad de normas", establecer "controles reforzados de frontera" y asegurar cláusulas de salvaguarda. El diputado Fernando Moreno criticó la "capacidad camaleónica" del PP con este asunto, en función de si lo apoyaba o no Vox o de si había o no protesta del sector primario. "Su lucha con Vox es su única prioridad", les recriminó Moreno, que les pidió que dejen de "jugar a la ambigüedad".

Desde el PSRM aseguran que "el verdadero problema" para el campo no es Mercosur, sino los recortes de la PAC "que el Partido Popular ha propuesto en Bruselas", que "sí afectan a la renta agraria y a la estabilidad de agricultores y ganaderos".

Apoyo unánime a los trabajadores de Sabic

Al inicio de la sesión plenaria, la Asamblea Regional de Murcia aprobó una declaración institucional de apoyo a los trabajadores de Sabic, cuyos puestos de trabajo están en peligro por el posible cierre de la planta en La Aljorra. A través del texto, la Cámara pide "garantías de mantenimiento de todos los puestos de trabajo, la actividad y evitar despidos", además de "un plan que asegure la continuidad productiva en La Aljorra, con mantenimiento de capacidades, inversiones y seguridad industrial, mediante la realización de las inversiones necesarias de modernización y actualización de las instalaciones de Cartagena" y "un plan social que garantice la salida digna de cualquier empleado".

No fue el único punto en el que todos se pusieron de acuerdo. El pleno aprobó sin un voto en contra una moción del Grupo Socialista en la que exige al Gobierno autonómico la apertura inmediata del Centro Integral de Alta Resolución (CIAR) de Águilas, con todos los servicios proyectados.

Su viceportavoz, Juan Andrés Torres, recordó que, en 2007, el Ejecutivo regional prometió un hospital en Águilas y un tercer centro de salud y, en 2009, prometió que la primera piedra la iba a poner en 2010. "Pues ni en 2007 ni en 2009, ni hospital ni tercer centro de salud, ni nada de nada", sentenció. Además, destacó también que, en 2017, desde San Esteban se prometió comenzar las obras del CIAR en 2018 y ponerlo en funcionamiento en 2020, algo que nunca ocurrió.

El Gobierno regional tiene un año de plazo para la aprobación definitiva de los planes de accesibilidad universal

También coincidieron todos los grupos del Hemiciclo a la hora de sacar adelante una iniciativa de Podemos-IU para acortar drásticamente los plazos de aprobación del Plan Regional de Accesibilidad Universal y de los planes municipales. Para ello, el diputado José Luis Álvarez-Castellanos permitió la transacción de enmiendas parciales del PSOE y de Vox.

El parlamentario de IU denunció que el Gobierno regional incumplió el mandato de desarrollar el reglamento en un plazo de seis meses y lo retrasó siete años, hasta octubre de 2024. La moción aprobada obliga ahora al Gobierno regional a reducir a un año el plazo para la aprobación definitiva de los planes. A juicio de Álvarez Castellanos, estos instrumentos son "una herramienta fundamental" para impulsar medidas estructurales y dejar atrás actuaciones parciales y limitadas que no resuelven el problema de fondo.

Por último, la sesión plenaria aprobó de forma unánime prorrogar el plazo de finalización de los trabajos de la Comisión Especial de Estudio de la Infancia y la Adolescencia hasta el próximo 25 de septiembre de 2026.

Enfado del Grupo Socialista

La presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, informó al inicio del Pleno de la suspensión de la tramitación de la primera moción del orden del día para que los menores de 36 años paguen menos en la declaración de la renta en el próximo ejercicio por haber sido objeto de una solicitud de reconsideración por parte de Vox, al no haber sido admitida a trámite una enmienda.

Esto provocó el enfado del diputado del PSRM Miguel Ortega, que iba a defender la moción. Pese a que la decisión se tomó por la necesidad de dar tiempo para que los servicios jurídicos decidan sobre la reconsideración solicitada por Vox, el socialista dijo que la razón es que "el Partido Popular y Vox no quieren que se hable de vivienda" en la Cámara. "Ya sabemos que lo han hecho porque solo están a favor de bajarle impuestos a las multinacionales y a los ricos", insistió.