La regeneración de Portmán vuelve a escena: el Ministerio reactiva el proyecto y abre la puerta a un sellado parcial

La regeneración ambiental de la bahía de Portmán, uno de los conflictos socioambientales más prolongados del litoral español, vuelve a situarse en el centro del debate político e institucional. Tras meses de bloqueo y tensión con el territorio, el Ministerio para la Transición Ecológica ha levantado la suspensión del contrato para redactar el proyecto definitivo, un movimiento que reactiva el proceso y que, según su última comunicación oficial, deja entrever una posible vía intermedia entre las posiciones enfrentadas.

El anuncio llega después de un periodo de consultas, estudios técnicos y aportaciones de administraciones y colectivos sociales, y se produce en un contexto de profundo desencuentro entre el Gobierno central y el Ayuntamiento de La Unión, respaldado por vecinos, el Gobierno regional y organizaciones ecologistas.

El origen de la actual controversia se sitúa en el giro que dio el Ministerio en 2024, cuando abandonó el proyecto histórico de retirada masiva de estériles mineros para apostar por el sellado total de los residuos acumulados en la bahía —unos 34 millones de metros cúbicos— mediante arena limpia. Aquella decisión, defendida públicamente por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, fue presentada como la opción técnicamente más segura y ambientalmente menos arriesgada, al evitar la movilización de materiales contaminados y la dispersión de metales pesados en el medio marino.

Sin embargo, ese planteamiento chocó frontalmente con la alternativa defendida desde hace años por los vecinos de Portmán, el Ayuntamiento de La Unión y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: el retranqueo de la línea de costa en 250 metros, la retirada de estériles y su traslado a las cortas mineras, el dragado hasta el antiguo puerto y la construcción de los diques de abrigo del puerto y la playa. Las organizaciones vecinales y ecologistas advirtieron entonces de que el sellado total consolidaría de forma irreversible el desastre ambiental y renunciaría a una verdadera restitución de la bahía.

Estudios técnicos y una alternativa con respaldo social

El comunicado difundido ahora por el Miteco introduce matices relevantes. Durante la suspensión temporal del contrato, el Ministerio encargó al CEDEX estudios específicos sobre la estabilidad de la playa y el comportamiento de las distintas alternativas. En una primera fase, se analizó precisamente la opción que contaba con mayor aceptación social y el aval del Ayuntamiento y del Gobierno regional, aunque no fuera la mejor valorada en términos técnicos y ambientales.

Esa alternativa planteaba la movilización de entre 500.000 y un millón de metros cúbicos de material contaminado para adelantar la línea de costa unos 200 metros, mientras que el grueso de los estériles quedaría sellado. Los ensayos realizados detectaron problemas de estabilidad y riesgos de contaminación, lo que llevó a solicitar un segundo estudio centrado en la alternativa de sellado completo, que había obtenido la mayor puntuación técnica.

El CEDEX, según el Ministerio, ha evaluado las ventajas e inconvenientes de esta solución y ha formulado una serie de recomendaciones para garantizar una playa estable formada por material no contaminado. Esas conclusiones serán ahora incorporadas al trabajo del consultor encargado de redactar el proyecto constructivo y el estudio de impacto ambiental, que "no estará obligado a ceñirse estrictamente a ninguna de las alternativas iniciales", pero sí a asumir los criterios técnicos fijados.

Reacciones airadas desde La Unión

Lejos de rebajar la tensión, el anuncio ha sido recibido con desconfianza en el municipio. El alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, interpreta el movimiento del Ministerio como una maniobra dilatoria y acusa al Gobierno central de trasladar la responsabilidad política a la ingeniería. En su opinión, la decisión de sellar la bahía ya estaría tomada de antemano y se habría adoptado sin un verdadero trámite de audiencia en el seno de la Comisión de seguimiento.

Desde el Ayuntamiento insisten en que no se han contestado las alegaciones presentadas por las distintas partes y reiteran su rechazo frontal al sellado, una posición que aseguran compartir con los vecinos, la Comunidad Autónoma y colectivos ecologistas. El regidor va más allá y vincula la recuperación definitiva de la bahía a un cambio de Gobierno en España.

Pese al tono crítico del Ministerio en etapas anteriores, el comunicado actual deja abierta una rendija a una solución híbrida, al reconocer explícitamente la alternativa con mayor respaldo social y someter el proyecto definitivo a un nuevo proceso de información pública. El departamento que dirige Sara Aagesen subraya, además, que ha reforzado la transparencia y las garantías técnicas más allá de lo exigido por la normativa.

La incógnita ahora es si este nuevo impulso permitirá acercar posturas o si, por el contrario, prolongará un conflicto que suma ya décadas de promesas incumplidas. Portmán vuelve a estar sobre el papel, pero la batalla política y social por el futuro de su bahía sigue lejos de cerrarse.