Puertas al campo para proteger al águila real y a los murciélagos

A veces, proteger la naturaleza no consiste en hacer más, sino en saber cuándo detenerse. En los barrancos escarpados, los cortados rocosos y las sierras más abruptas de la Región de Murcia, el simple ruido de un motor o el paso reiterado de personas puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso reproductor de una especie amenazada. Cerrar un sendero, limitar el paso de vehículos o regular el acceso a una cueva no son decisiones populares, pero en muchos casos resultan imprescindibles. En la Región de Murcia, la conservación de especies especialmente vulnerables —desde el águila real hasta los murciélagos cavernícolas— ha llevado a la Consejería de Medio Ambiente a desplegar una red de restricciones temporales y permanentes que buscan reducir la presión humana en los momentos y lugares más sensibles.

La Comunidad Autónoma mantiene actualmente en vigor —o ha aplicado de forma reciente— un conjunto de medidas de regulación del uso público en distintos espacios protegidos, sustentadas en resoluciones administrativas específicas y, en muchos casos, con vigencia indefinida mientras persistan las condiciones que las motivaron. El denominador común es la protección de la biodiversidad durante periodos críticos como la reproducción o la cría.

Uno de los ejemplos más recientes se localiza en el Barranco de Hondares, en Moratalla, integrado en la Zona Especial de Conservación Sierra de la Muela y la ZEPA Sierra de Moratalla. Allí se ha establecido una Zona de Reserva con prohibición expresa del paso de vehículos a motor entre el 1 de diciembre y el 15 de julio. La medida busca proteger a las especies rupícolas que habitan el barranco, especialmente al águila real, cuya pareja reproductora ha sufrido reiterados fracasos en los últimos años.

La actividades recreativas y el tráfico rodado, causas de los problemas reproductivos

Según los informes técnicos, el incremento del tránsito rodado y de actividades recreativas en las inmediaciones de las plataformas de nidificación figura entre las causas más probables de estos problemas reproductivos. La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, ha defendido que este tipo de restricciones "están demostrando su efectividad en otros espacios naturales, al aumentar la población reproductiva de las especies protegidas", y ha apelado a la "colaboración ciudadana" para que estas medidas alcancen su objetivo.

La protección del águila real se extiende también al Parque Regional de Sierra Espuña, donde la Consejería ha aprobado una resolución específica, fechada el 23 de enero de 2026, para el control de accesos y la evaluación de molestias en los parajes de Cuevas Luengas y Pedro López. Las restricciones, vigentes hasta el 30 de junio, incluyen el cierre temporal de varios kilómetros de senderos próximos a los nidos y un refuerzo del seguimiento por parte de los Agentes Medioambientales.

Sierra Espuña, recuerda Ferreira, es "un espacio natural muy querido y muy visitado", lo que hace imprescindible "evitar molestias en zonas especialmente sensibles durante los meses clave para la reproducción" y compatibilizar el disfrute con la conservación.

Pero la regulación del uso público no se limita a la montaña interior. En el litoral, el Espacio Natural Protegido de Calblanque cuenta con una orden anual de regulación de accesos que se renueva de forma periódica para controlar la presión humana y vehicular en un enclave de alto valor ecológico. Esta medida preventiva se suma a las restricciones aplicadas en la ZEPA y LIC La Muela y Cabo Tiñoso, donde se regula el tránsito por el sendero GR-92.

En este espacio Red Natura 2000, el trazado del GR-92 está sujeto a cierres diferenciados según la época del año: una regulación nocturna entre el 1 de noviembre y el 15 de mayo, y una regulación diurna del 16 de diciembre al 30 de junio. Se trata de una medida con vigencia indefinida, orientada a minimizar molestias sobre la fauna, especialmente en periodos sensibles.

El control de accesos alcanza también a enclaves fluviales y de ribera. En los espacios protegidos de las Sierras y Vega Alta del Segura y los ríos Alhárabe y Moratalla, así como en la ZEPA Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán, se regula el acceso a la zona de la Presa de la Mulata o de Almadenes, en Calasparra. Las restricciones, en vigor entre el 1 de diciembre y el 15 de julio, se apoyan en una orden de 2020 modificada en 2021 y mantienen carácter indefinido.

A esta red de limitaciones se suman las restricciones permanentes existentes en el Parque Regional de El Valle, donde desde 2012 se mantienen cierres en enclaves como Las Columnas, El Sordo o la Rambla del Valle, con el objetivo de proteger de forma continuada los valores naturales del espacio.

La estrategia de conservación se extiende incluso al medio subterráneo. En Lorca, dentro de la Zona Especial de Conservación Sierra de Enmedio, la Consejería ha actuado recientemente en la Sima de Peñas Blancas, también conocida como Sima de Almendricos, mediante la instalación de un cerramiento perimetral que regula el acceso a esta cavidad de alto valor ecológico. El aumento del uso público no controlado había comenzado a generar riesgos para las poblaciones de murciélagos, uno de los grupos faunísticos más amenazados de Europa.

“El objetivo es garantizar la protección de este espacio natural sin interferir en la actividad de la fauna”, explicó el consejero Juan María Vázquez, en una actuación que se completa con un estudio científico para definir futuras medidas de gestión, como cierres temporales o regulación de aforos.

Desde Ecologistas en Acción, su portavoz en la Región de Murcia, Rubén Vives, considera que estas restricciones "son una herramienta básica de conservación" y recuerda que "no son una novedad, sino que están recogidas en los planes de gestión y en los planes rectores de uso y gestión que llevamos años reclamando".

Vives subraya que las limitaciones afectan fundamentalmente al uso público. "No se trata de impedir el acceso a propietarios o actividades tradicionales, sino de regular el uso turístico y recreativo en zonas donde hay especies muy sensibles", explica. En el caso de las rapaces, señala como principales focos de impacto la escalada y la circulación de vehículos a motor, especialmente cuando se combinan con una alta afluencia de visitantes.

La Consejería insiste en que la regulación debe ir acompañada de información y pedagogía. Señalización clara, rutas alternativas y comunicación con ayuntamientos y colectivos buscan reforzar la corresponsabilidad ciudadana. "No se trata solo de restringir, sino de explicar por qué se hace y durante cuánto tiempo", resume Ferreira.

Un enfoque que, aplicado de forma coordinada en sierras, barrancos, litoral o riberas, persigue un mismo fin: que la protección de la biodiversidad tenga prioridad allí donde el equilibrio es más frágil.