El aumento de controles en las fronteras allana el camino de Mercosur en la Región

El Gobierno de la Región de Murcia fue muy claro: rechazará el tratado de libre comercio firmado ya entre la Unión Europea y Mercosur mientras no se incrementen los puntos de control fronterizos, se cree una oficina de control de importaciones y se establezcan cláusulas espejo y de salvaguarda. El próximo martes, estas condiciones serán debatidas en el Parlamento Europeo en un pleno en el que se votarán el propio reglamento de las salvaguardas y una declaración de la Comisión Europea. Con la aprobación de ambas, el Ejecutivo de López Miras verá el camino allanado para pasar a apoyar sin fisuras un acuerdo comercial que apoyan en Bruselas el Partido Popular Europeo (PPE) y el Estado español, pero que sigue sin convencer al sector primario murciano, que salió a protestar con sus tractores el pasado 29 de enero.

En la Declaración de la Comisión, el Ejecutivo comunitario recuerda que, respecto a los controles de las importaciones, ya se anunció el 9 de diciembre de 2025 sus planes para reforzar y mejorar las auditorías realizadas directamente sobre el terreno en todos los terceros países, también en relación con las importaciones de alimentos procedentes de los países del Mercosur. En los dos próximos años, la Comisión aumentará en un 50 % sus auditorías relacionadas con las exportaciones en países no pertenecientes a la UE. Además, reforzará el nivel de los controles dentro de la UE en los principales puntos de entrada. El Gobierno de la UE se compromete a crear un grupo de trabajo específico para mejorar la eficiencia de los controles de las importaciones que se centrará en los residuos de plaguicidas, la seguridad de los alimentos y los piensos y el bienestar animal.

Por otro lado, la Comisión anunció sus planes para intentar alcanzar una mayor armonización de las normas de producción aplicadas a los productos importados. Respecto a los plaguicidas, dicha visión incluye el principio de no permitir que los más peligrosos, prohibidos en la UE por razones sanitarias y medioambientales, vuelvan a introducirse en la UE a través de productos importados, con el fin de evitar una desventaja competitiva para los agricultores y el sector agroalimentario de la Unión Europea.

En este sentido, el 25 de noviembre de 2025 se puso en marcha en Bruselas un estudio en el marco de la preparación de una evaluación de impacto en la que se tendrán en cuenta las repercusiones de este enfoque. A la luz de los resultados, la Comisión Europea propondrá modificaciones, si procede, del marco jurídico aplicable. Se espera concluir el estudio en el verano de 2026.

Protección máxima de 4 años

Las cláusulas de salvaguardas, que permitirán la retirada temporal de preferencias arancelarias, componen el otro gran obstáculo. En el reglamento, impulsado por el Partido Popular Europeo, se especifica que solo pueden plantearse medidas de este tipo en caso de que las importaciones del producto en cuestión en la Unión aumenten de tal manera, en términos absolutos o relativos con respecto a la producción de la Unión, y en condiciones tales que causen o amenacen con causar un perjuicio grave a los productores de la Unión de productos similares o directamente competidores.

Las salvaguardias pueden aplicarse de dos formas: suspendiendo la reducción arancelaria prevista en el calendario del acuerdo o aumentando temporalmente los aranceles.

El texto del reglamento se enmendó para obligar a la Comisión a presentar con una frecuencia mínima de seis meses un informe de seguimiento que incluya la evaluación del impacto de las importaciones.

En el caso de los productos sensibles, la Comisión deberá actuar con prioridad, y el reglamento introduce incluso indicadores orientativos para detectar riesgo: un aumento de importaciones superior al 5% respecto a la media de tres años, combinado con precios de importación al menos un 5% inferiores a los nacionales.

La lista de productos agrícolas sensibles incluye algunos de los sectores históricamente más polémicos del acuerdo UE-Mercosur: carnes (vacuno, porcino, aves), lácteos, arroz, azúcar, maíz, miel, etanol, biodiésel, ajos y cítricos, entre otros.

Las medidas no podrán mantenerse indefinidamente. La duración inicial será de hasta dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos, y con un límite total de cuatro años incluyendo el período provisional. Además, el reglamento aclara que estas salvaguardas no podrán aplicarse una vez terminado el llamado «período transitorio» del acuerdo, que se fija en 12 años o 18 en productos con liberalización más lenta.

Si la Comisión detecta la elusión de medidas de salvaguardia mediante cambios en las rutas comerciales, deberá informar a las autoridades competentes de los Estados miembros a fin de reforzar la cooperación aduanera con los países del Mercosur.

Las formaciones políticas contrarias a este gran acuerdo comercial, como Patriots (grupo que integra a Vox), mantienen que las cláusulas de salvaguarda que ya ha firmado la UE con otros países como Marruecos no se cumplen, por lo que este reglamento no varía su posicionamiento en contra.