Suspendido el desahucio de una familia con graves problemas de salud en Beniel

La intervención de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha permitido paralizar este jueves el desahucio de una familia residente en la calle Antonio Gómez Gómez de Beniel. La unidad familiar está formada por Pilar Marín, de 49 años; su marido, Miguel Jiménez, de 50, con una discapacidad del 65% tras la amputación de una pierna; y su hija, Ainhoa, de 20 años, diagnosticada de esclerosis tuberosa y con una discapacidad reconocida del 48%, que requiere seguimiento médico continuado.

La familia se encontraba en una situación límite tras acumular desde 2022 una deuda de alrededor de 7.000 euros en concepto de alquiler, derivada de unos ingresos mínimos que les impedían hacer frente a los pagos.

Según explicó José Antonio Vives, mediador de la PAH, la intervención realizada en las últimas horas ha permitido alcanzar un acuerdo que suspende temporalmente el lanzamiento. La familia se ha comprometido a aportar una parte de la deuda, mientras se estudia la posibilidad de formalizar un nuevo contrato de alquiler social. Paralelamente, se trabajará para mejorar los ingresos familiares mediante la incorporación al mercado laboral de la hija y de la madre, con el objetivo de garantizar el pago del alquiler y reducir la deuda acumulada.

"Esperamos empezar una nueva vida"

Para Miguel Jiménez, la paralización del desahucio supone "un respiro vital" tras años marcados por las dificultades. El afectado explicó que tanto él como su hija han atravesado graves problemas de salud y que el cuidado de su madre, incapacitada hasta mayo de 2025, ha supuesto una carga añadida que les impidió generar ingresos. "Ahora esperamos poder tirar hacia adelante y empezar una nueva vida, con esfuerzo y cuidando nuestra salud", afirmó.

IU-Verdes denuncia la falta de recursos municipales para atender este tipo de situaciones

Por su parte, el concejal no adscrito del Ayuntamiento de Beniel en representación de Izquierda Unida-Verdes, Francisco Orenes, defendió que la vivienda debe ser un derecho y no un negocio ni un lujo, y denunció la falta de recursos municipales para atender este tipo de situaciones. "Actualmente no existe ningún fondo de vivienda social, no se cumple la alternativa habitacional y los servicios sociales han sido muy deficientes. Esperamos que los poderes públicos se impliquen de verdad con las familias más vulnerables, como esta", señaló.

Sin embargo, fuentes municipales aseguran que "el área de Servicios Sociales lleva más de diez años ofreciendo diferentes alternativas de acompañamiento a esta familia, al igual que al resto de familias de la localidad en situación de vulnerabilidad". Estas mismas fuentes añaden que "siempre se ha trabajado con el objetivo de mejorar su situación y su calidad de vida, para lo que se ha puesto a su disposición todos los recursos con lo que se cuenta a nivel local".

El acuerdo alcanzado gracias a la mediación de la PAH permitirá que la familia permanezca en su vivienda mientras se negocian soluciones viables con los servicios sociales, el Ayuntamiento y otras instituciones. La actuación pone de relieve el papel del acompañamiento organizado y de la presión social como herramientas clave para proteger a personas en situación de extrema vulnerabilidad.