Un renovado frente agrario del Levante ante la tormenta comercial europea

Los acuerdos comerciales impulsados desde Bruselas, el avance del pacto con Mercosur y la incertidumbre sobre la futura Política Agraria Común han vuelto a encender todas las alarmas en el campo del sureste español. En un contexto marcado por la competencia exterior, la presión normativa y la escasez hídrica, las comunidades del arco mediterráneo han decidido, una vez más, cerrar filas. Murcia, la Comunitat Valenciana y Andalucía reforzaron este jueves un frente común en defensa de una agricultura eficiente, tecnificada y sostenible, aprovechando la feria internacional Fruit Logistica 2026, en Berlín.

No es la primera vez que estas regiones caminan juntas. Ya lo hicieron hace justo un año, en una reunión similar, cuando sumaron también a Extremadura, para reivindicar medidas frente a las plagas, cláusulas espejo, autorizaciones excepcionales de productos fitosanitarios y una defensa más firme frente a la competencia desleal. Antes, habían compartido posición contra el cambio en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que amenaza con importantes recortes hídricos (cerca de 100 hm3 al año) para el regadío del Levante.

En esta ocasión, el foco estuvo puesto en los acuerdos comerciales internacionales y en la necesidad de garantizar que los agricultores europeos compitan en igualdad de condiciones.

"El objetivo es defender la producción agrícola en Europa", señala Pérez Llorca.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, agradeció la presencia de los representantes de Murcia y Andalucía y explicó que el encuentro había servido para consensuar una posición común con las organizaciones agrarias de las tres comunidades. El objetivo, señaló, es "defender la producción agrícola en Europa" y proteger un modelo que sostiene miles de empleos en el sur del continente.

Pérez Llorca admitió que los acuerdos comerciales "son necesarios", pero advirtió de que deben ir acompañados de garantías reales. "Queremos controles en origen y que nuestros productos compitan en igualdad de condiciones", reclamó, antes de lamentar la falta de firmeza del Gobierno de España en la defensa del sector agroalimentario. A su juicio, las comunidades autónomas sí están haciendo ese trabajo, pero "falta el compromiso claro del Ejecutivo central".

Desde la Región de Murcia, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, subrayó que Fruit Logistica vuelve a ser el escenario en el que el sector y las administraciones del Levante se unen ante "retos y amenazas comunes". Rubira defendió el esfuerzo realizado por el campo murciano para modernizarse en un contexto de extrema escasez de recursos hídricos y recordó que el 87% del regadío regional ya está tecnificado.

La consejera puso en valor el modelo murciano de depuración y reutilización, que permite aprovechar el 98% del agua depurada y poner a disposición de los regantes unos 120 hectómetros cúbicos anuales. Sin embargo, advirtió de que ese esfuerzo no puede recaer solo en las comunidades autónomas. "El Gobierno de España también tiene que trabajar", insistió, reclamando de nuevo un Plan Hidrológico Nacional que permita llevar el agua "de donde sobra a donde falta".

Rubira presume del 87% del regadío modernizado y del 98% del agua reutilizada en Murcia

Rubira comparó la situación de las cuencas españolas, con una media cercana al 70% de reservas, con la del Segura, que apenas supera el 20%, y criticó que el Ejecutivo central priorice otras actuaciones en lugar de ejecutar las infraestructuras necesarias.

En el ámbito europeo, la consejera alertó de la incertidumbre que rodea a la futura PAC y defendió una política "fuerte, bien dotada presupuestariamente y centrada en agricultores y ganaderos", que apueste por el relevo generacional y no penalice a sectores clave como las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. También mostró su preocupación por Mercosur y reclamó cláusulas de salvaguarda automáticas, controles fronterizos ágiles y un refuerzo de las inspecciones en origen y destino para evitar que el acuerdo se convierta en "moneda de cambio" para el campo europeo.

Por parte de la Junta de Andalucía, el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez, destacó que las tres comunidades comparten problemas estructurales y una misma visión sobre la futura PAC. Gómez advirtió de que el marco financiero plurianual plantea un recorte del 23% y defendió mantener la estructura de dos pilares para garantizar la soberanía alimentaria europea.

El responsable andaluz alertó además de que el nuevo diseño de la PAC debilita el papel de las regiones, al concentrar las decisiones en los Estados miembros, lo que puede afectar a ayudas clave como las destinadas a las organizaciones de productores. En cuanto a Mercosur, reiteró el "rechazo absoluto" de Andalucía mientras no se garanticen salvaguardas eficaces que permitan competir en igualdad y proteger un modelo productivo basado en la calidad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria.

Carmen Crespo: salvaguardas "históricas" en el Parlamento Europeo

La eurodiputada del Partido Popular Carmen Crespo centró su intervención en el trabajo que se está desarrollando en Bruselas para reforzar la protección del sector agrario europeo frente a los acuerdos comerciales. Crespo explicó que el Grupo Popular Europeo ha impulsado unas cláusulas de salvaguarda "como no se habían visto nunca" en la Unión Europea, aprobadas ya en comisión y que se votarán el próximo martes en el Pleno del Parlamento Europeo.

Según detalló, estas medidas buscan establecer una red real de protección para agricultores y ganaderos, con controles efectivos sobre las importaciones y mecanismos automáticos de actuación. La eurodiputada criticó la "desinformación" generada en torno a Mercosur y defendió que solo con reglamentos y trabajo diario, y no con discursos populistas, se puede proteger al campo europeo.

Crespo avanzó además la propuesta de crear una oficina europea de control de importaciones, que permita supervisar de forma homogénea los productos procedentes de terceros países en todos los puertos de la UE, tanto en frontera como en origen, para evitar prácticas de competencia desleal.

La eurodiputada apeló finalmente a la necesidad de más recursos para la PAC y de una moratoria en la aplicación de determinadas directivas hídricas que, sin infraestructuras alternativas, podrían suponer un nuevo golpe para la agricultura del sur de Europa. "Estamos con los agricultores", aseguró, "y cada voto en el Parlamento Europeo tendrá que explicar si protege o no esa red de seguridad".