Migrantes sin papeles en la Región: "La regularización me va a dar la vida: podré tener un trabajo y un futuro"

Las organizaciones del Tercer Sector de la Región de Murcia estiman que entre 20.000 y 35.000 personas podrán regularizar su situación en esta comunidadgracias al nuevo decreto por el que se reforma la Ley de Extranjería aprobado por el Gobierno de España esta semana y que beneficiará, en principio, a más de medio millón de habitantes en todo el Estado.

Adriana Trafonsky, presidenta de la Asociación de Ayuda para las Personas Refugiadas y Migrantes en Murcia (Parem), trabaja a contrarreloj para ayudar a las cerca de ochenta personas sin papeles con las que trata a conseguir quedarse en un país como España, en donde cada vez más gente parece ser reacia a la inmigración a pesar de que cuenta con cientos de miles de vacantes en el mercado laboral, sobre todo en hostelería y en el campo, puestos que rechazan ocupar los ciudadanos nacionales.

Los cuidados, la limpieza o el campo son sectores en los que suelen acabar echando muchas horas en negro

Una de ellas es Sanko (33 años) espera ser uno de los afortunados de la regularización. Se ganaba la vida como pescador en Gambia, un pequeño país de África Occidental, rodeado por Senegal, económicamente muy vulnerable y con serias dificultades para crear empleo. En 2022, se subió a una patera y puso rumbo a las islas Canarias y, tras pasar cuatro meses en Tenerife, fue trasladado a la Península Ibérica, en concreto, a la Región de Murcia.

En el tiempo que lleva en España, su situación ha pasado por varias fases: pidió asilo, pero le fue denegado; más tarde, consiguió la residencia a través de arraigo de formación, una vía de regularización administrativa para personas extranjeras que se comprometen a realizar una formación orientada al empleo. De hecho, acabó dos cursos de marinero y pescador gracias a la Fundación RAIS (Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral) en Cartagena.

Consigo empleo en el campo, pero solo para unos días, luego me quedo otra vez sin nada

Sanko

El problema llegó cuando terminó los estudios: nadie le dio trabajo y, por tanto, volvió a perder el derecho de residencia. De nuevo, ante el peligro de ser expulsado.

Sin asilo y sin empleo le fue imposible pagar una estancia en ningún lado. «Acabé durmiendo debajo de un puente en el Malecón», cuenta. El verano pasado, él y otros veinte migrantes fueron desalojados de aquel campamento improvisado bajo la A-30, donde llevaban tres meses viviendo, con conocimiento del Ayuntamiento. Sin alternativa habitacional, el campamento volvió a crearse y otra vez, hace unos días, fue desmantelado. Por si no fuera suficientemente duro vivir en la calle, a Sanko le robaron hace una semana todas las pertenencias que tenía, como muestra en una denuncia que puso ante la Policía Nacional —cualquier persona, con independencia de su situación administrativa, tiene derecho a denunciar un delito—. Se quedó con lo puesto y eso es lo que le queda.

Mientras tanto, y sin posibilidad de acceder al mercado laboral, Sanko se gana la vida como puede. «En el campo, sobre todo, pero tan solo consigues trabajo para uno o dos días, luego te quedas otra vez sin nada», explica. Como gorrilla también se saca unas monedas que son insuficientes para vivir dignamente. Para él, regularizar su situación es la respuesta a todos sus problemas: «Así podré trabajar y me cambiará la vida».

Trafonsky, de Parem, asegura que en la Cofradía de Pescadores de Torrevieja ya tienen un trabajo para Sanko: «Están a la espera de que tenga sus papeles para poder subirlo a un barco».

Me he enfrentado a muchos problemas al estar obligada a convivir con mucha gente

Ikram Abid

Ikram Abid (48 años) prefiere no mostrar su cara ante la cámara. Hasta que no esté segura de tener derecho a vivir en España, no quiere poner en peligro su bienestar y el de su hija de 15 años, con la que comparte una habitación en Murcia.

«La situación es muy difícil. No tengo derecho a trabajar ni a alquilar una casa, pero gracias a la nueva ley, la situación será más favorable», confía esta madre marroquí, que trabajó diez años en su país como ingeniera en el sector de la construcción.

Viajó a España con un visado de turista hace dos años y medio y su intención es no volver a la tierra en la que nació. Los únicos trabajos a los que ha accedido, en negro, son cuidando a personas mayores y limpiando casas. Lo que sea para hacer frente a los 300 euros que paga por una habitación. «Más el agua, la luz, el butano e internet», añade. Al menos, dice que la dueña de la casa es «muy buena». No siempre fue así. «Mi hija y yo hemos estado en apartamentos con mucha gente y, a veces, nos hemos tenido que enfrentar a muchos problemas», recuerda.

Conoció a la presidenta de Parem aprendiendo español nada más llegar y ahora confía plenamente en esta pequeña asociación para que le ayuden a conseguir la documentación necesaria para quedarse donde quiere vivir, en la Región de Murcia. «La regularización de los inmigrantes me va a dar la vida: voy a legalizar mi situación y la de mi hija, me permitirá tener trabajo, un futuro y, así, vivir tranquila», declara Ikram Abid.

Daniela Rodríguez (35 años) es la que ha tenido que recorrer más kilómetros para llegar a este rincón del Levante español, en donde ya lleva seis años. Esta colombiana, una de las caras visibles de la Asociación de Colombianos Residentes en la Región de Murcia (Ascorm), abandonó su país hace once años y migró a Bolivia. Sin embargo, cuando «se complicaron las cosas con Evo Morales», decidió cruzar el charco, aconsejada por un familiar. «Aquí me tratan de forma excelente y doy gracias a Dios porque emigrar no es fácil, aunque creo que las cosas surgen cuando uno les mete positivismo, alegría y empeño».

Emigrar no es fácil, pero creo que las cosas surgen cuando uno les mete alegría y empeño

Daniela Rodríguez

Daniela, como muchas otras mujeres latinoamericanas, ha conseguido empleo como ama de casa y cuidando a personas mayores. «Gracias a Dios, las familias con las que he trabajado son excelentes», remarca. Aterrizó en España con permiso de trabajo y, mientras pudo disfrutar de él, formó parte de la plantilla de una empresa de limpieza. No duró mucho. En la actualidad, se encuentra como ‘interna’ en una casa ubicada en pleno centro de Murcia y, a la vez, dedica buena parte de su tiempo a la labor social con el colectivo de personas en situación irregular, como ella. Esa solidaridad con los demás la llevó a Ascorm.

Para ella, el principal beneficio de la regularización aprobada por el Gobierno de España tiene que ver con la cotización. Además, destaca que de esta medida se van a beneficiar muchos jóvenes y estudiantes, cuyas becas se frenan si no se tiene la documentación necesaria. «Esta reforma es muy importante tanto para el desarrollo personal como profesional, y estoy segura de que también se beneficiará la sociedad en general», opina.

Una de las cosas que más preocupan ahora a Daniela es el colapso que pueden sufrir las oficinas de Extranjería. «Tengo amigos abogados que ya se están sintiendo hostigados con las llamadas de clientes en situación irregular. Hay mucha información y nervios», señala.

Ante el señalamiento que sufre la comunidad migrante, especialmente por grupos de extrema derecha, esta colombiana considera que sí que hay «personas que no vienen a trabajar, sino a delinquir». Sin embargo, subraya que la mayoría llegan con «buena intención» y espera que los murcianos se posicionen «del lado de los derechos humanos» y les ayuden «a salir adelante y a alcanzar una mejor calidad de vida».