Las expulsiones continúan en el CIE, donde solo hay 16 internos

«No va a haber medida de gracia» en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera La Verde (Murcia), afirma el abogado Jawad Romaili, que lleva el caso de dos ciudadanos marroquíes a los que están a punto de expulsar de España. «Esta misma semana ha salido un vuelo y la próxima semana hay otro previsto», cuenta a La Opinión mientras prepara un recurso para intentar evitar la repatriación de un solicitante de asilo. La nueva reforma de la Ley de Extranjeríaque permitirá regular en los próximos meses a más de medio millón de españoles no tendrá consecuencias de renombre entre la población de estos centros.

Los ingresos en el CIE se producen por resolución judicial y, por tanto, los decide un juez. No es una decisión administrativa. La Delegación del Gobierno informó a esta redacción de que, a mediados de enero, tan solo había 16 personas ingresadas en el centro de Murcia en espera de los trámites para culminar su expulsión. Son muy pocos si se compara con los que había hace años. Sin embargo, el giro diplomático del Gobierno de España en 2022, en los que venía a reconocer al Sahara como territorio de Marruecos, provocó el enfado de Argelia, que decidió suspender el acuerdo de amistad, buena vecindad y cooperación, cerrando así la puerta del país a los argelinos detenidos en España. De esta forma, al no poder deportarles, los migrantes con este origen ya no entran en los CIE.

Instalaciones como la de Murcia, que abrió en 1985, están en la mirilla de muchas entidades del Tercer Sector, a pesar de que desde Delegación del Gobierno subrayan que funcionan «con normalidad» y están «permanentemente revisadas por organizaciones sociales (que disponen allí de dependencias) u organismos como el Defensor del Pueblo, Consejo de Europa y cualquier otra organización que solicite visitar las instalaciones».

"Cárcel racista"

Sin embargo, desde Convivir Sin Racismo denuncian que «el CIE de Murcia funciona como una cárcel racista y sin garantías jurídicas», en tanto en cuanto entran fundamentalmente personas marroquíes y de países de África subsahariana —Senegal, Malí, Costa de Marfil—. «Son los perfiles más visibles, los más fácilmente identificables en la calle y, por tanto, los más perseguidos por las políticas de deportación», señala el activista Juan Guirado.

Para empezar, aseguran que «no existe previsión de asistencia sanitaria permanente», lo que puede provocar problemas graves cuando se trata de enfermos crónicos y enfermos mentales. También denuncian que la alimentación de los internos en el CIE es insuficiente y poco variada, «con quejas continuas de la escasez y el largo tiempo que transcurre sin facilitar ningún alimento entre desayunos, comida y cena». Además, indican que la organización de los tiempos tanto para ducharse, comer o tiempos de ocio son muy cortos «y no les permiten estar tiempo suficiente en el comedor». Tampoco se facilitan los cambios de ropa necesarios para los días que pasan internados en el CIE y siguen sin disponer de un servicio de lavandería, lo que impide una correcta higiene corporal.

El centro no cuenta con un Servicio de Orientación Jurídica como pidió el Defensor del Pueblo

La oenegé pone especial hincapié en las «dificultades para poder garantizar una defensa jurídica adecuada y tener una información sobre su situación». De hecho, el CIE de Murcia no cuenta con un Servicio de Orientación Jurídica de Extranjería, tal y como pidió el año pasado el Defensor del Pueblo a la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias del Gobierno regional. En los presupuestos autonómicos aprobados el pasado verano en la Asamblea no se incluyó ninguna partida al respecto.

«El asunto es especialmente grave cuando una persona termina internada en una jurisdicción diferente del juzgado que decide su internamiento, carece de abogado en el CIE que le asista. Ese mismo juez que ha ordenado el internamiento está muchas veces muy lejos del centro de internamiento, y el letrado que le asistió en esa primera vista, cuando es de oficio, no está habilitado para actuar en la jurisdicción del CIE». Ante esta situación, «el control de ese internamiento se torna difuso, cuando no imposible», explican.

En Convivir Sin Racismo aseguran que no son pocos los internos que les manifiestan que «reciben un trato despectivo, insultos, empujones, registros y cacheos arbitrarios y maltrato de sus pertenencias por parte de algún agente de Policía encargado de la vigilancia».