El PP insiste en que la regularización de migrantes causará "efecto llamada" y pide más policías en la Región "para garantizar la seguridad"

El Partido Popular de la Región de Murcia volvía a insistir este sábado en que la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno central, y que permitirá a miles de extranjeros ya residentes en el país normalizar su situación administrativa y su vida, causará "efecto llamada" y exigía "un aumento inmediato de las plantillas de la Policía Nacional en la Región de Murcia para garantizar la seguridad" ante esta situación que, según el partido, provocará la medida del Ejecutivo.

Cabe recordar que la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez lo que permitirá es que las personas migrantes que ya residen en España (aunque de manera irregular) puedan acceder a permisos de residencia y trabajo, lo cual implica que, en realidad, la medida solo afecta a las personas que ya viven y trabajan en la Región (y en el resto de España) y no a las que puedan llegar en el futuro.

No obstante, la diputada nacional del PP Isabel Borrego considera, según se lee en un comunicado del partido hecho público este sábado, que "la medida pone en riesgo la seguridad, al plantear una regularización indiscriminada que rebaja los controles sobre la identidad real de los beneficiarios y la comprobación de antecedentes penales, introduciendo riesgos innecesarios para la seguridad ciudadana". Además, calificó a España de "coladero de la ilegalidad del espacio Schengen”.

La parlamentaria apunta que sindicatos policiales llevan tiempo pidiendo más medios, humanos y materiales, lo cual es cierto: colectivos como Jupol y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región alertan, desde hace años, de que necesitan más medios para, por ejemplo, controlar los incidentes que acontecen de forma constante en zonas como el polígono Industrial de San Ginés o prestar un servicio efectivo en fechas claves como las pasadas fiestas de Navidad. Ambas organizaciones policiales expresaron recientemente su preocupación por qué han de hacer en el marco de la anunciada regularización.

A juicio de Borrego, no se puede "regularizar sin reforzar de manera efectiva el control de fronteras ni los medios administrativos y judiciales necesarios para garantizar la tramitación de los expedientes de residencia o retorno, la verificación de antecedentes penales y la aplicación homogénea de la legalidad vigente".

"Cortina de humo"

El PP sostiene que lo anunciado por Sánchez, una medida que beneficiará a más de 500.000 personas, miles de ellas en la Región, es "una cortina de humo para desviar la atención" de las tragedias ferroviarias de Adamuz y Gelida, por las que "nadie en el Gobierno está dispuesto a asumir responsabilidades políticas”.

"Ante ello, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional de Murcia ha presentado una moción para mostrar su más rotundo rechazo a esta legalización masiva, dado que "una vez más, Pedro Sánchez y su Gobierno socialista demuestra que las leyes y el Estado de Derecho le importan poco a la hora de hacer lo que sea con tal conservar su sillón en la Moncloa", según los populares.

El PP vaticina que regularizar a las personas que ya viven aquí causará una "alarmante presión sobre los servicios públicos, esos que este Gobierno ha descuidado y maltratado, sobre todo en la sanidad y la educación, que correrán el riesgo de colapsar, sobre todo en comunidades autónomas con recursos ajustados por la infrafinanciación del Gobierno de España, como es la Región de Murcia".

Además, detalla que Pedro Sánchez da un "premio" a quienes "se saltaron las leyes migratorias frente a aquellos que siguieron los cauces legales para conseguir la residencia, provocando un agravio comparativo entre ellos".

Para el PP, "España no puede continuar así. Necesitamos una política de Estado que ponga fin a la inmigración irregular y combine humanidad y justicia. En octubre de 2025 presentamos un plan de inmigración basado en reglas claras.

Cabe también recordar que la anunciada por el actual Ejecutivo es la séptima regularización que se produce en el país, ya que este tipo de procesos se han llevado a cabo tanto bajo gobiernos del PSOE como del PP para dar solución a la situación irregular que afectaba a estas personas extranjeras, que podrán salir del limbo legal y, como explicaron a este diario varias de ellas, "tener un trabajo y un futuro".

Al respecto se pronunciaba recientemente el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, al decir que "como cristianos", la premisa es "abrir los brazos a todos aquellos que quieren buscar una vida honesta, honrada, trabajar para hacer mejor este mundo que nos ha tocado".